El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos

La cosa ya es de frente. En la primera jornada de sustanciación del juicio político a Mario Godoy, el pasado martes, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, ya se ocupó de trazar la cancha e inclinarla a favor del acusado. Ahora, una vez transcurridos tres días del proceso, queda claro que los asambleístas de gobierno han asumido personalmente la defensa del cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura como si de uno de los suyos se tratara.

Comparecen ante la Comisión los testigos de cargo (es decir, aquellos que ha llamado la parte acusadora) y los oficialistas los tratan como si fueran ellos, y no Godoy, los que debieran rendir cuentas. 

Se comportan como si se tratara del juicio político a un ministro de Estado (en el cual sería explicable y hasta inevitable que el bloque de gobierno actuara a la defensiva) y no el de una autoridad del Poder Judicial de la que se suponen independientes pero a quien claramente apoyan.

Ayer, los testigos Ramiro García (expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, abogado del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez en el caso Triple A) y Jorge Peñafiel (exasambleísta por Construye), ambos con indiscutibles credenciales anticorreístas pero convocados por los interpelantes del correísmo para rendir su testimonio, fueron sometidos, por parte de ADN, a un interrogatorio que tenía la clara intención de desacreditarlos. 

En este propósito destacaron (con tontera y todo, como decían los abuelos) los asambleístas Luigi García y Ana Belén Tapia, nada menos que vicepresidenta de la Comisión.

Los asambleístas oficialistas contra los testigos

Con tontera y todo: Luigi García pretendió comprometer el testimonio de Ramiro García acusándolo de tener conflicto interés. “No soy juzgador, soy testigo -respondió el aludido-, no puedo tener conflicto de interés”. 

Ana Belén Tapia, en cambio, se la pasó tomando la lección a cada uno de los testigos sobre su grado de conocimiento del expediente acusatorio, como si estuvieran obligados a sabérselo de memoria. Ella se enfrascó en discusiones con los comparecientes y no pudo disimular (su mismo lenguaje corporal la delataba) la aversión que le producían.

“Se siente como si los cuestionados fueran los testigos”, hizo notar la correísta Janeth Bustos. Y tenía razón.

El rol de Stalin Raza

Por lo demás, el “defensor técnico” de Mario Godoy, el abogado Stalin Raza, siguió actuando a su nombre como si de un juicio ordinario se tratara, en abierta violación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece claramente que, en un juicio político, “el funcionario cuestionado (él, no otra persona) presentará sus pruebas de descargo”. 

La misma ley otorga expresamente a los mandatarios (presidente y vicepresidente de la República) la prerrogativa de servirse de un abogado en caso de ser llevados a juicio político, de lo cual se desprende que ningún otro funcionario puede hacerlo: de lo contrario, la ley lo diría. Porque en derecho público se hace lo que está escrito, cosa que Stalin Raza, el presidente de la Comisión Ferdinan Álvarez y la bancada oficialista en su conjunto han decidido que pueden desconocer porque están en mayoría.

¿Qué hace ahí Stalin Raza? Confundir los papeles: manejar el juicio político como si se tratara de un juicio penal. Hablar de contrainterrogatorios. Exigir pruebas documentales incontrovertibles para determinar responsabilidades políticas. Desestimar testimonios bajo los estándares de la justicia ordinaria… Y aprovechar que está en la Asamblea para echar broncas que jamás se permitiría ante un juez ordinario: “¡Payaso, no me hagas gestos!”, le gritó a algún asambleísta en media sesión. Porque para Stalin Raza la única diferencia entre un juicio penal y un juicio político es que en este último puede armar berrinche.

Álvarez  y la postergación del juicio

Ferdinan Álvarez, que ilegalmente autorizó su actuación, le deja hacer, claro, es parte del plan. Y juega la carta de la postergación indefinida del juicio en caso de que alguien quisiera cuestionar su decisión (que, por lo demás, ha sido cuestionada por todos). Dice: “Si ustedes creen que cometí un error (al permitir la actuación de Raza), por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a todos los santos, presenten una acción (de protección ante la Corte Constitucional). Si ustedes no la presentan, voy a ser yo el que vaya a la Corte Constitucional a decir: señores, por amor a Dios, ilumínennos y dígannos si esto fue legal o no”.

Una acción de protección ante la Corte Constitucional sería ideal: daría a Godoy el tiempo suficiente al frente del Consejo de la Judicatura (ya que no ha tenido el decoro elemental de dar un paso al costado mientras se ventila su caso) para destituir a todos los jueces que le resultan incómodos y nombrar a todos los jueces temporales que a bien tenga. 

El plan oculto del Gobierno

Y ese parece ser, exactamente, el plan del gobierno. De ahí la parsimonia de Ferdinan Álvarez, que este jueves volvió a decir aquello de que “lo que sobra es tiempo” y se mostró dispuesto a suspender la sesión cuantas veces sea necesario. ¿50 veces? Pues sí, 50 veces la suspendería si los presentes dieran motivo sembrando el caos y malportándose. 

Por ejemplo, si Mario Godoy grita y aúlla que no se metan con su mujer (la defensora de narcotraficantes Dolores Vintimilla, origen de los conflictos de interés que son la base de este caso), Ferdinan Álvarez puede suspender la sesión indefinidamente. Eso, exactamente, es lo que ocurrió este jueves 5 de febrero de 2026. Godoy fingió perder los papeles, gritó se victimizó, y Álvarez amenazó con suspender la sesión… ¡en beneficio de Godoy!

Así avanzan las cosas en este remedo de juicio político.

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