Dos construcciones sin permisos en El Chaquiñán movilizan a los vecinos
El propietario ya fue multado e incluso se le aplicaron sanciones adicionales
La construcción en zonas de riesgo o de protección ambiental se mantiene como una constante en Quito. Desde noviembre de 2025, los moradores de El Chaquiñán (valle de Tumbaco) observaron movimientos inusuales en la angosta ribera oriental del río Chiche, a la altura del antiguo puente del ferrocarril, en la parte más baja de la cuenca.
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En el sitio, un tramo estrecho y frágil, comenzó a acumularse material pétreo y adoquines, mientras varios árboles nativos eran talados. Hasta allí llegaban cuadrillas con carretillas, palas, picos y motosierras. Según relataron los propios trabajadores a los vecinos, el objetivo era levantar un complejo turístico en esa franja junto al río.
La maquinaria pesada y la remoción del terreno contrastan con la condición de área protegida del lugar, donde la normativa restringe este tipo de obras.
La comunidad sostiene que una obra de este tipo no podría contar con aval legal, ya que se trata de una zona de protección. Temen que el proyecto deteriore el el área y vuelva carrozable un tramo considerado vulnerable, con el consiguiente riesgo para quienes transitan por el sendero.
El conflicto no se limita a la ribera. En la ladera oriental del río, la comunidad ancestral Chiche Anejo también denunció la construcción de cabañas sin permisos. Según los comuneros, estas edificaciones provocaron la eliminación de antiguos caminos que utilizaban para movilizarse hacia Tumbaco o Quito, además de conexiones irregulares que habrían descargado aguas servidas al río.
Sanciones que el propietario no cumplió
Desde la Agencia Metropolitana de Control (AMC), su director, Gustavo Chiriboga, señaló que las primeras acciones de control se iniciaron en 2021, aunque el proceso no tuvo continuidad. Fue en 2023, con la actual administración, cuando se retomó el seguimiento para exigir el cumplimiento de la sanción impuesta al propietario.
Según explicó, ya existe una multa contra el dueño de los glampings construidos en el sector. Sin embargo, ante el incumplimiento de la resolución administrativa, se aplicaron sanciones adicionales que en conjunto suman $ 16.000, valores que se añaden a la multa original y buscan obligar al infractor a regularizar la situación.
Si no lo hace, se activa un proceso de ejecución forzosa que puede escalar a la vía judicial. De hecho, ya se solicitó iniciar acciones judiciales para proceder con el derrocamiento.
Nueva construcción y denuncia en la Fiscalía
Pese a ese proceso, hace dos meses se detectó una nueva estructura en otro predio del mismo propietario: una edificación circular junto al río, donde presuntamente se construyen piscinas, también sin permisos y dentro de zona protegida. Este es el caso que alertó la comunidad.
La AMC realizó inspecciones, pero no se permitió el ingreso de los funcionarios, lo que obligaría a gestionar una orden de allanamiento, agregó Chiriboga. Con apoyo de drones se verificó la existencia de la estructura. Se colocaron sellos de suspensión de obra, aunque vecinos aseguran que el material continúa bajando por la ladera para evitar romper los sellos.
En este segundo caso, la multa podría llegar a los $ 23.000. Al tratarse de dos predios distintos, los procesos son independientes, aunque corresponden al mismo dueño.
Ante el reiterado incumplimiento, la AMC presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía ya realizó el primer llamado a rendir versión a los denunciados.
Construcciones en aumento
Las cifras muestran un problema en aumento. En 2024 se ejecutaron 359 suspensiones de obra en el Distrito Metropolitano; en 2025 la cifra subió a 664, de las cuales 124 corresponden a Tumbaco.
Mientras avanzan los procesos administrativos y judiciales, los moradores de El Chaquiñán insisten en que la prioridad es proteger la ribera del río Chiche y frenar intervenciones que, advierten, podrían causar daños ambientales irreversibles en una de las zonas naturales más sensibles de Tumbaco.
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