Por qué juristas reconocidos no quieren postular a Fiscalía General

Las fragilidades del concurso desmarcan a los juristas. Mientras el país enfrenta uno de los concursos más observados para designar al nuevo fiscal general del Estado, una constante llama la atención: juristas de alto perfil han optado por mantenerse al margen del proceso. 

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Aunque ningún abogado reconocido ha declarado públicamente “no quiero postularme”, los argumentos expresados en distintos espacios sobre la fragilidad del concurso, sus restricciones, vacíos y riesgos permiten comprender por qué muchos preferirían no competir por el cargo.

Un concurso cuestionado desde su arranque

Desde enero de 2026, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) activó el concurso para reemplazar a Diana Salazar (quien renunció en abril de 2025) diversos actores del sistema de justicia han advertido que el proceso no ofrece garantías plenas para atraer a candidatos altamente calificados.

El abogado penalista Paúl Córdova ha cuestionado que el reglamento no cuente con filtros sólidos para impedir la participación de actores políticos, lo que podría comprometer la autonomía del futuro fiscal general

Por otro lado, El abogado quiteño Pablo Encalada anunció el 25 de febrero de 2026 que no participará en el proceso para elegir al próximo fiscal general del Estado. Señaló que su decisión responde a las observaciones y críticas dirigidas al concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

¿Qué ocurre?

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no es un tema nuevo y resalta que empezó desde "la Constitución de 2008 y la metida de mano a la justicia de 2011". Alarcón sostiene que los penalistas no se postulan porque, desde el inicio del concurso, se tiene el nombre del fiscal. 

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"No hay credibilidad ni confianza en la institución a cargo del proceso. En los últimos concursos y procesos de designación de autoridades ha quedado en evidencia que mandan las decisiones políticas por sobre incluso los resultados formales. Si quién organiza todo ya tiene decidido quién va a ganar o ya le han ordenado a quien se debe elegir, para que prestarme a avalar el proceso? Eso es lo que muchos penalistas piensan."

Por su parte, César García, Director del Colegio de Abogados del Guayas y docente universitario, sostiene que los mejores nombres en materia penal son personas que han dedicado su vida al estudio y al ejercicio de su profesión. 

"Normalmente, alcanzar un alto cargo representa el resultado de todo ese esfuerzo. Si los juristas reconocidos no quieren participar es porque consideran que no se valorarán adecuadamente sus méritos y sus conocimientos, por causa de una profunda desconfianza en nuestro sistema de justicia", aseveró. 

El nivel académico, un factor clave para postulaciones

A él se suma, Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, quien públicamente ha dado a conocer que no participaría para Fiscal del Estado. "En pocas palabras, el proceso no brinda la seguridad que todos los participantes aspiran. 

Yánez va más allá y menciona el nivel académico de los encargados de elegir: "Por ejemplo, la comisión de selección tiene un nivel académico profesional más bajo que el que la persona que ellas tienen que seleccionar, así también, el consejo de participación ciudadana y control social en varios procesos se ha equivocado por lo menos desde el punto de vista ciudadano y eso ha causado y causa que la ciudadanía entre ellos los abogados no crean en esta institución". 

Frente a estos vacíos, abogados y juristas, quienes respetan su profesión e independencia, han decidido dar un paso al costado y no participar en el concurso para Fiscal del Estado hasta que, según los profesionales, se garantice transparencia. 

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