Mariana Yépez, exfiscal general: "Godoy afectaba a la justicia; debió salir antes"

La censura y destitución de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura es un episodio más de la prolongada crisis que atraviesa la justicia ecuatoriana. Desde su despacho, ubicado en Quito, la exfiscal general y académica Mariana Yépez conversa con Diario EXPRESO sobre la situación del sistema de justicia ecuatoriano, los riesgos de una ciudadanía pasiva, las posibles salidas a la crisis y los recaudos que deben adoptarse en otros frentes, en especial de cara al proceso de selección y designación de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público.

Mario Godoy y su huella negativa en el sistema de justicia de Ecuador

- Mario Godoy es el segundo presidente del Consejo de la Judicatura que sale del cargo en menos de cuatro años (el anterior fue Wilman Terán). ¿Cuál es su diagnóstico?

La censura y destitución de Godoy es lamentable porque, en efecto, es el segundo presidente cuestionado en tan poco tiempo. Claro que Godoy mantuvo vinculaciones profesionales con grupos relacionados con el narcotráfico. En el caso de Terán es diferente, porque él sí cometió un delito: formó parte de la organización criminal revelada en el caso Metástasis. No quiero decir que lo de Godoy sea menos grave, porque en la Función Judicial no puede haber personas comprometidas con este tipo de hechos gravísimos. La presencia de Godoy afectaba al Consejo de la Judicatura y a la Función Judicial. Debió tener la sensibilidad necesaria para renunciar a tiempo.

- ¿El paso de Godoy por la Judicatura debilitó más el sistema de justicia ecuatoriano?

El sistema de justicia está debilitado y carece de credibilidad por parte de la ciudadanía, lo cual es gravísimo, porque un pueblo que no cree en la justicia no cree en la columna vertebral de la democracia y del Estado de derecho. La justicia se está desacreditando tanto que muchas personas podrían preferir tomarse la justicia por sus propias manos. Eso sería lo más grave, aunque también podrían optar por vías conciliatorias. A mí, personalmente, me afecta mucho, porque me formé en la Función Judicial: ingresé cuando era estudiante y he pasado por todas las áreas. Me da pena que la administración de justicia haya cambiado tanto. No voy a decir que todos los jueces estén involucrados en actos de corrupción; sería una injusticia.

- Las expectativas ahora están sobre el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la designación de un nuevo presidente de la Judicatura y su suplente. ¿Se puede confiar, cuando hay suspicacia sobre la injerencia del Gobierno de Daniel Noboa?

La terna para presidente del Consejo de la Judicatura proviene de la Función Judicial. No creo que la Corte Nacional de Justicia se deje influenciar. Estoy segura de que, mientras la presidencia de la Corte Nacional esté en manos de un juez de carrera, como Marco Rodríguez, se actuará con responsabilidad. El primer puesto de la terna para reemplazar a Alexandra Villacís lo ocupa Mercedes Caicedo, jueza de la propia Corte Nacional. Sin embargo, no se puede saber quién será designado: podría ser ella o la última persona de la terna. La atención debe centrarse en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); toda la responsabilidad recae en ese organismo.

Un buen fiscal general dependerá de una ciudadanía activa

- Además de renovar la cabeza de la Judicatura, el CPCCS también tiene en sus manos el concurso para fiscal general del Estado. ¿La presentación de buenas postulaciones podría subsanar los cuestionamientos hechos contra este proceso?

Se presentarán todos los abogados que consideren que cumplen los requisitos. En el reglamento anterior se había establecido una prohibición adecuada, que luego fue cuestionada por los gremios: impedir que alguien involucrado en la defensa de un caso de narcotráfico pudiera aspirar a ser fiscal general. Esa restricción fue eliminada tras los reclamos de los gremios de abogados. ¿Cómo lograr que se presenten candidatos aceptables para la Función Judicial? Eso les corresponde a los gremios de abogados y a las universidades, que deben proponer ternas de candidatos.

- En ediciones anteriores, EXPRESO publicó que varios gremios de abogados y facultades de Derecho no presentarían candidatos por desconfiar del concurso. ¿Cómo elegir un buen fiscal general si sectores como estos se niegan a participar?

Las reglas ya están dadas y debemos sujetarnos a ellas. Si algunas facultades han dicho que no participarán, quizá no sean todas; si algunos colegios de abogados se niegan, tal vez no sean todos. Además, la sociedad civil puede presentar candidatos. Existen numerosas organizaciones de abogados que podrían postular a profesionales de sus filas. Ese fue mi caso: cuando estaba en la Sala Penal de la Corte Nacional, una organización de mujeres presentó mi candidatura. Sin embargo, no se trata solo del concurso, sino también de factores económicos. Un abogado en libre ejercicio, en el ámbito penal, puede percibir ingresos que no se comparan con la remuneración de un fiscal general del Estado.

- ¿La exposición política y el riesgo frente al crimen organizado pueden ser otro motivo de la falta de postulaciones de abogados reconocidos?

Todo político -y no solo quien ejerce actividad partidista, sino quien ocupa un cargo de naturaleza política- se encuentra en una posición susceptible de crítica ciudadana. Y el fiscal general también lo está. Siempre será el representante de una institución polémica, porque su función es perseguir el delito. Además de la intromisión política, existe el riesgo del crimen organizado.

CPCCS y la puerta abierta para tener un fiscal vinculado al crimen

- ¿La eliminación de la restricción para abogados que han defendido casos de delitos graves, como el narcotráfico, abre la posibilidad de que el fiscal general responda a intereses del crimen organizado?

Podría ocurrir, y sería gravísimo. Tengo la esperanza de que la sociedad civil actúe e intervenga desde las postulaciones; que pensemos en el país, en la justicia y en la justicia penal. Debe existir la vocación de contribuir a que la primera autoridad de la Fiscalía cumpla todos los requisitos y no esté inmersa en los temas que hemos mencionado. No se puede prestar la Fiscalía General del Estado para ayudar al delincuente y tampoco para ayudar a los políticos para que persigan a sus enemigos o apoyen a los amigos.

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