Concurso para fiscal avanza entre cuestionamientos y Asamblea mira desde lejos
Dos frentes sobre el CPCCS se abrieron. ADN bloqueó juicio político y no hay fiscalización sin la voluntad del oficialismo
El concurso para designar al nuevo fiscal general avanza en medio de cuestionamientos. En la Asamblea Nacional se abrieron dos frentes por ese proceso, pero uno ya fue descartado por el oficialismo y el otro no tiene avance significativo.
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La designación del nuevo fiscal está en manos del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Actualmente se encuentra en la etapa de postulación. Desde el 18 de febrero, los interesados pueden presentar sus candidaturas y el plazo concluirá el 3 de marzo de 2026.
El 13 de febrero pasado, en un comunicado, el CPCCS señaló: “el proceso será conducido por una comisión ciudadana de selección integrada por 10 miembros”. El problema es que esa misma comisión es el blanco de los cuestionamientos.
Los cuestionamientos al concurso
La Comisión Cívica de Seguimiento concluyó que seis de los diez comisionados principales seleccionados no debieron ser admitidos. En su momento también advirtió que, de los 30 postulantes ciudadanos sometidos a sorteo, 14 no tuvieron que ser admitidos “por incumplimiento de requisitos o estar inmersos en prohibiciones”.
Además, Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana auspiciada por el propio CPCCS, cuestionó la conformación de la comisión en la Asamblea. El 27 de enero pasado afirmó que el trabajo de los veedores ha sido limitado.
También señaló una aplicación tardía y omisiones en la normativa, así como la recepción extemporánea de documentos, alteraciones de resultados entre sesiones y errores en la transcripción de calificaciones de méritos.
A esto se suma que la comisión ciudadana de selección está presidida por una comisionada que obtuvo una de las calificaciones más bajas entre los postulantes. Cynthia Jacho, representante de las organizaciones sociales, fue elegida presidenta. De acuerdo con las notas aprobadas por el Pleno del CPCCS alcanzó 17,5 puntos de los 50 posibles.
La Asamblea fiscaliza pero a paso lento
La Asamblea Nacional conoce estos cuestionamientos. Dos comisiones, una controlada por ADN y otra por el correísmo, intentaron asumir la fiscalización del concurso. Finalmente, como ocurrió en casos como Progen, el oficialismo impulsó que el tema quedara en manos de la Comisión de Transparencia, presidida por la legisladora oficialista Diana Jácome.
En esa instancia, el asunto se ha tratado una sola vez. El 27 de enero, la mayoría integrada por ADN aprobó el inicio de la investigación con el objetivo de “garantizar la transparencia y control democrático en un proceso clave para el sistema de justicia”. Desde entonces no se registran avances relevantes.
El otro frente apuntaba directamente a cinco de los siete vocales del CPCCS. El asambleísta del correísmo Luis Fernando Molina presentó una solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán, David Rosero y Johanna Verdezoto.
Las motivaciones se originaron en el rol de esos vocales en la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero el CAL no dio paso al pedido.
Alfredo Serrano
Así, el proceso y sus cuestionamientos parecen no ser una preocupación en la Asamblea. El legislador del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, sostuvo: “El Gobierno no permite que haya fiscalización, no solamente al Ejecutivo sino también a los órganos que controla”.
A su criterio, lo que está en juego es la intención de nombrar a un fiscal afín. “En la Comisión de Transparencia, al igual que en el caso Progen, no pasará absolutamente nada”.
Por su parte, Molina afirmó que un primer paso para demostrar interés en el proceso sería dar trámite a la solicitud de juicio político. También mencionó que la Asamblea puede impulsar una investigación. Pero, “la señora Jácome solamente ha convocado a una sesión. Lo que debería hacer es solicitar la comparecencia de todos los vocales del CPCCS, los veedores del concurso y a los externos”.
ADN mantiene la mayoría legislativa, tanto en el Pleno como en las comisiones clave. EXPRESO consultó a Valentina Centeno, coordinadora de esa bancada, sobre las acciones que podría adoptar el Parlamento frente a las alertas sobre el concurso. Respondió: “Nosotros no tenemos competencia. Lo que podríamos hacer es seguir levantando las alertas cuando veamos corrupción”.
Luego se refirió a jueces que, según dijo, no actúan en coherencia con el trabajo de la Policía en casos sobre el crimen organizado. No se pronunció sobre las irregularidades en el proceso para designar Fiscal y sin ADN, ninguna fiscalización avanza en la Asamblea.
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