La Corte Constitucional revisará el criterio que permitió el encargo en la Fiscalía
La CC admitió a trámite una demanda contra el criterio de la Procuraduría que abrió paso a la designación de Carlos Alarcón
La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la causa 4-25-IA, interpuesta contra el criterio de la Procuraduría General del Estado que allanó el camino para que Carlos Alarcón, fuera designado como fiscal general encargado ante la ausencia del entonces subrogante, Wilson Toainga.
En octubre pasado, mediante el oficio 13372, la Procuraduría General respondió a una consulta formulada por Toainga sobre si correspondía aplicar la subrogación prevista en el artículo 94 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en caso de que él mismo se ausentara temporalmente del cargo mientras ejercía funciones prorrogadas, debido a la falta de designación de una autoridad titular por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En su pronunciamiento, la Procuraduría precisó que la subrogación del subrogante no está prevista de forma automática en el COFJ cuando quien debe ausentarse es el fiscal subrogante que cumple funciones del titular. Esto abrió el debate sobre el mecanismo aplicable para garantizar la continuidad institucional de la Fiscalía.
En la práctica, este criterio fue determinante para que el Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, designara el 3 de octubre de 2025 a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general encargado en caso de ausencia temporal o definitiva de Toainga, con el objetivo, según se indicó, de evitar un vacío de poder en la institución mientras se concluye el concurso público para elegir al fiscal titular.
La acción presentada ante la Corte Constitucional, ahora en etapa de trámite, cuestiona la constitucionalidad y legalidad de ese criterio de la Procuraduría y de los actos administrativos derivados, bajo el argumento de que podrían vulnerarse principios como la separación de funciones, la seguridad jurídica y el debido proceso en la designación de autoridades clave del sistema de justicia.
La figura de Carlos Alarcón vinculada a los casos que interesa al gobierno
Este caso pone de relieve, además, el debate sobre los mecanismos de transición y continuidad en la Fiscalía General del Estado, una institución clave para la persecución penal y la defensa del interés público, en un contexto marcado por críticas a Carlos Alarcón. El funcionario, además de tener el grado más bajo dentro de la escala de la carrera fiscal, se dio a conocer por los procesos que impulsó contra opositores del gobierno de Daniel Noboa.
Entre ellos constan el denominado caso Nene, en el que se investigó a la entonces vicepresidenta Verónica Abad; el proceso contra Federico Goldbaum, excuñado del presidente; y el caso Triple A, relacionado con Aquiles Álvarez, a quien pidió prisión preventiva más de una vez.
Asimismo, la primera decisión adoptada por Alarcón tras posesionarse como fiscal general subrogante fue solicitar el archivo de una investigación que involucraba al presidente Daniel Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi y a ejecutivos de la minera Dundee Precious Metals Ecuador. Según se conoció, la empresa habría realizado una donación a proyectos sociales impulsados por la primera dama mientras tramitaba la recuperación de una mina en Quimsacocha. Alarcón pidió el archivo de esa causa apenas 43 días después de abrirse la investigación previa.
Otras causas que la Corte Constitucional admitió a trámite:
- 118-25-IN y acumulados, que cuestionan varias disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia Social.
- 160-25-IN y acumulados, relacionadas con disposiciones de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.
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