UAFE y Fiscalía, en el baile de los intereses políticos: ¿Qué implica?

El reciente escándalo por la fallida y millonaria venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, a una joven sin mayores registros financieros, evidencia una verdad que se viene consolidando en Ecuador: las entidades de control actúan según el caso.

Pese a que el periodismo y el concejal del cantón peninsular Bruno Dedé denunciaron públicamente que la compradora, Jenny Ramírez, no registraba los sustentos necesarios para una adquisición millonaria, el caso llegó a la Fiscalía solo después de que un grupo de juristas y asambleístas presentó una denuncia formal.

De igual forma, aunque la sociedad civil y voces políticas han cuestionado el origen de los fondos del asambleísta alterno Luis Alvarado Campi (ADN) para la millonaria compra de de un portal y una radio a través de la empresa Galamedios, el tema ha sido esquivado por las entidades de control. En ambos caso, ni la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), presidida por José Julio Neira; ni la Fiscalía, encabezada por Carlos Alarcón, han actuado de oficio.

No obstante, estas instituciones sí han mostrado diligencia en otros casos, como el de Granasa. Los señalamientos contra la casa editorial de los diarios EXPRESO y EXTRA no solo provinieron del Servicio de Rentas Internas (SRI), por una supuesta defraudación tributaria, sino también de la Superintendencia de Compañías, que intenta asumir el control del 40 % de las acciones de la empresa.

Los intereses políticos detrás de los organismos de control

Este doble rasero de las entidades de control para determinar qué temas son prioritarios y cuáles pueden esperar, a criterio del político y exasambleísta César Montúfar, es un problema arrastrado por la institucionalidad ecuatoriana y tiene como principal causa los intereses de los sectores políticos, en especial del poder de turno. “Esta situación siempre ha estado presente: intereses políticos que inciden en las decisiones, en los tiempos y en qué se investiga, qué no se investiga, qué se controla y qué no se controla”, comenta.

Que este accionar sea una constante resulta aún más grave, acota Roberto Gómez Mera, ex fiscal general y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien advierte que ello no solo consolida injusticias, sino que también pone en duda la legitimidad de las entidades de control.

“Esto contribuye a incrementar la desconfianza, la falta de credibilidad e incluso (la falta de) respetabilidad de la Función Judicial”. Y añade que esta situación ya debió escalar a una emergencia institucional que permita impulsar las reformas necesarias para garantizar la independencia.

¿Es posible un cambio? Aunque coincide en que el problema debería abordarse con mayor institucionalidad, Marcelo Merlo, excontralor y expresidente del Consejo de la Judicatura transitorio, sostiene que en muchos casos son los propios políticos que dirigen las instituciones quienes mantienen el sistema fallido.

“Falta voluntad política. No hay que olvidar que detrás de esto hay corrupción, de ambos lados. Hay lo que yo llamo chantajes cruzados: si tú me dices esto, yo te digo otra cosa”, lamenta el exfuncionario, quien, pese a sus reparos, ratifica que la misma institucionalidad debe ser la encargada de corregir los errores del sistema.

La ciudadanía y la prensa, claves para develar las injusticias

Ante la falta de garantías por parte de la clase política para impulsar un cambio real, Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que es la sociedad civil organizada la llamada a seguir enfrentando estos casos.

“La responsabilidad recae en la sociedad civil. La sociedad civil son los medios de comunicación, la opinión de los ciudadanos y organismos como esta Comisión. La sociedad civil es el contrapeso fundamental al poder, pero debe articularse y actuar con oportunidad”, subraya.

Caso contrario, advierte, los ecuatorianos asisten a una institucionalidad vacía. “Los organismos de control han llegado a regirse por parámetros políticos antes que institucionales. Cuando priman los parámetros políticos, se actúa en función de los intereses del poder. Y si esos intereses son autoritarios, buscan silenciar la opinión crítica, amedrentar a los medios de comunicación y cerrar la voz de la prensa”.

En ello coincide Montúfar, quien señala que la voz de la sociedad civil es una de las pocas esperanzas que le quedan al país. “Es lo único que podría no corregir totalmente esta situación, pero sí develarla y generar presión sobre quienes toman las decisiones. En ese sentido, la ciudadanía y los medios de comunicación ya han hecho un seguimiento importante en muchos procesos judiciales”, concluye el político y exasambleísta.

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