En la Asamblea ya se escuchan voces sobre el caso GRANASA: ¿Qué dicen?

La Superintendencia de Compañías busca que el 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) sea administrada por un liquidador designado por esa entidad. Para la empresa editora de los diarios de circulación nacional EXPRESO y EXTRA, el objetivo de esta medida es doblegar su línea editorial. Y, en ese escenario, en la Asamblea Nacional comienzan a surgir reacciones.

Con fecha 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Compañías emitió un oficio en el que señaló que no encontró la trazabilidad del traspaso de acciones de la empresa Veranera, actualmente en proceso de liquidación, a Ingrid Martínez Leisker. Por ello, dispuso a GRANASA que revierta esas acciones y registre la operación en su libro de acciones y accionistas.

Sobre este requerimiento, la empresa respondió el pasado 5 de enero mediante un oficio remitido a la Superintendencia, firmado por el procurador judicial de GRANASA, Eduardo Carmigniani. En el documento se concluye que el oficio de la entidad de control “pretende que el representante legal de Granasa no solo viole la ley sino que delinca”.

El jurista explicó que el libro de acciones y accionistas de una empresa es el “único instrumento que acredita la propiedad de las acciones de una compañía anónima”, tal como lo establece el artículo 187 de la Ley de Compañías.

Asimismo, señaló que en el Registro de Sociedades de la Superintendencia -que tiene fines meramente informativos o estadísticos- debe constar la información previamente asentada en el libro de acciones y accionistas, y no al revés, como habría ocurrido en este caso, según se desprende de la respuesta enviada por la empresa.

Las reacciones de la Asamblea Nacional al caso GRANASA

El tema, sin embargo, va más allá de la transferencia de acciones. Para el asambleísta del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, “hay una clara persecución del Gobierno contra los diario EXPRESO y EXTRA”.

A criterio del legislador, se repite un episodio similar al ocurrido durante el correísmo contra Diario HOY y la revista Vanguardia. “Como estamos viviendo en la época del Rafael Correa 2.0, ahora repiten los mismos eventos”, afirmó.

Desde el correísmo también hubo reacciones. La legisladora Viviana Veloz expresó su desacuerdo con la intención de la Superintendencia de Compañías de administrar, a través de un liquidador, el 40 % de las acciones de GRANASA.

“Esta decisión genera una seria preocupación porque puede convertirse en un mecanismo para coartar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, pilares fundamentales de la democracia”, señaló la asambleísta.

El legislador independiente Cristian Benavides también se pronunció sobre el caso. A su criterio, la intención de la Superintendencia de Compañías no apunta al manejo de la línea editorial, sino a un aspecto económico. “Si se tratase de lo otro -el control de la línea editorial- existen varios mecanismos de defensa. Vivimos en un país libre y es importante que el periodismo se ejerza primero desde la ética y la transparencia”, dijo.

Serrano señaló que el precedente no tiene solo que ver con la libertad de expresión. También recordó las facultades de la ‘Super’ de Compañías y el mal precedente que esto causaría.

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