Superintendencia de Compañías y propiedad privada: caso GRANASA alerta a empresarios

Con el oficio SCVS-INC-DNASD-2025-00223595-O, del 29 de diciembre del 2025, la Superintendencia de Compañías dice que no encontró la “trazabilidad” del traspaso de acciones de la empresa Veranera, en proceso de liquidación, a Ingrid Martínez Leisker; y le dispuso a Gráficos Nacionales S.A., GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, que regrese esas acciones y lo registre en su libro de acciones y accionistas.  

Esto, puede crear un precedente que afecte al derecho a la propiedad privada, otorgando a la Superintendencia atribuciones que legalmente no tiene, como la de cambiar sus registros -que son estadísticos- y disponer la modificación del libro de acciones y accionistas de cualquier empresa.

La transferencia de acciones se hizo hace casi seis años, de forma legal. A tres meses de otra maniobra ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), de pronto, la Superintendencia busca, según la posición de GRANASA, manejar el 40% de las acciones de una empresa. Lo primero fue nombrar a un nuevo liquidador (antes la liquidadora era Ingrid Martínez Leisker).

EXPRESO consultó a las presidentas de la Cámara de Comercio de Quito, así como a la titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, para conocer su opinión sobre este precedente que intenta consumarse y que puede afectar al sector privado. Hasta el cierre de este edición, ninguna respondió.  

A la politóloga Sofía Cordero se le consultó si, en el futuro, la Superintendencia de Compañías podría hacer lo mismo con otras empresas privadas. “Es un mensaje preocupante de ejemplaridad pública, de pedagogía política; muestra cómo se comporta el Estado. Es claramente poner la voluntad por sobre lo adecuado, lo legal”.

Para la analista, “claramente hay un interés porque GRANASA o EXPRESO ya ha sido atacado antes; es obvio, es natural pensar que tiene que ver con un esquema de amedrentamiento, de acoso o de persecución”.

Lo que opina el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil:

Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, respondió que por el momento, no cuentan con los detalles que les permiten presentar una posición en este caso particular. 

“Desde los gremios que representamos promovemos la seguridad jurídica como principio que rige el estado de derecho y la aplicación de las leyes vigentes, así como también que se garantiza el debido proceso ante cualquier conflicto o discrepancia legal”.

La visión de un exdirigente

Xavier Durán, expresidente de esta misma Cámara, señaló que el tema es muy delicado. Dice que “siempre he estado en contra de aumentos de capital con el fin de dejar a accionistas mayoritarios con menor participación o de cualquier leguleyada con ese propósito” y que a su manera de ver “el caso de GRANASA tiene que ver con la tendencia que ha mantenido el diario hacia con el presidente Noboa".

No se puede usar a las instituciones del Estado como garrote: Marcia Yazbek

Por su parte, Marcia Yazbek, exvicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, considera que lo que hacen desde esta Superintendencia es “tremendamente alarmante” y le parece “probable” que se repita.  

Le duele, afirma Yazbek -quien es fundadora de Mujeres por Ecuador- ver cómo el sector productivo está atrapado en una doble pinza: por un lado una situación de delincuencia organizada y “ahora hay que sumar otro frente, este hostigamiento administrativo a través de instituciones”.

En ese sentido, Yazbek identifica una “especie de desquite político; no se puede usar a las instituciones del Estado como garrote. Eso es nefasto para la imagen del Ecuador y la tan necesitada y alardeada inversión extranjera. Ni siquiera los inversores o emprendedores nacionales están seguros. Sin seguridad jurídica y paz difícilmente avanzaremos”.

La Cámara de Comercio de Guayaquil se pronuncia:

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, opinó: "Esperamos y confiamos que cualquier proceso que realice la Superintendencia de Compañías se desarrolle con estricto apego al marco legal vigente, respetando tanto la propiedad privada como el derecho a la libre empresa, principios básicos si aspiramos que Ecuador sea un país donde valga la pena invertir y emprender".

Además, indicó: "Ecuador requiere certeza jurídica para todos los actores económicos, sin distinción, tanto grandes y pequeños, como nacionales e internacionales".

El temor de los empresarios

La politóloga Sofía Cordero apunta que desde hace algún tiempo, los gremios han abandonado el compromiso político-ciudadano y se han acomodado al poder de turno. “Han sido funcionales y es delicado juzgarlos porque para algunos es sobrevivencia económica. Quizás ha llegado el momento de hablar sobre cuáles son los límites democráticos”.

Contexto

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de este intento del Estado de adueñarse del 40 % las acciones de GRANASA.

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