Juristas analizan si habría nulidad en casos tramitados por el fiscal Carlos Alarcón
La comunidad jurídica debate sobre lo que pasaría si se dejara sin efecto el nombramiento del fiscal
El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, ya cumplió cuatro meses en el cargo. Sectores que no son cercanos entre sí han coincidido en reclamar la inconstitucionalidad de su designación, hecha por el Consejo de la Judicatura. Desde el 3 de octubre del 2025, por la resolución N.º 072-2025, ha estado al frente de casos como Ligados, o del archivo de la denuncia por tráfico de influencias en contra del presidente Daniel Noboa, su esposa y directivos de la minera Dundee Precious Metals, de Canadá, entre otros.
¿Podría generarse una suerte de nulidad de los casos en los que ha accionado, si la Corte Constitucional acogiera el pedido del correísmo y de la Unión Nacional de Educadores (UNE)? EXPRESO consultó a los abogados Julio César Cueva, Fabián Yánez y Solanda Goyes, está última también exvocal del Consejo de la Judicatura.
Pese a que los denunciantes le toman el tiempo a la Corte y reclaman porque el juez constitucional José Luis Terán no ha movido su pedido, Julio César Cueva tiene otra lectura. Él responde que sí “podría generarse una nulidad si se señalara que el funcionario (Carlos Alarcón) actuó sin competencia al llevar casos de fuero de Corte Nacional”.
Sin embargo, Cueva considera que la Corte podría estar “evitando crear un caos jurídico” como consecuencia de una sentencia. Y pone sobre la mesa de discusión lo que resolvió sobre Álvaro Román, quien planteó una acción extraordinaria de protección, pues cuando María del Carmen Maldonado renunció a su cargo de presidenta de la Judicatura, no se le permitió acceder a ese puesto, como suplente. Por el contrario, se nombró a Fausto Murillo.
El ejemplo de lo que pasó con Álvaro Román
A Álvaro Román no se lo restituyó en el cargo, recuerda. Se le pidió disculpas y se solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que comenzara la selección del delegado de la Corte Nacional.
En ese mismo sentido, Julio César Cueva opina que la Corte debe esperar que el CPCCS avance rápidamente en el concurso para ubicar al reemplazo de Diana Salazar, proceso que debería haber estado listo para abril del 2025, cuando se cumplió su período. “En la Corte deben imaginar que alguien podría exigir nulidades y no se resolverá el problema si no hay quien lo sustituya”.
La Corte podría estar cuidando la estabilidad del país al no pronunciarse sobre el fiscal Carlos Alarcón
La abogada Solanda Goyes coincide con esa tesis y reitera que la Corte es “muy cautelosa, es la institución que trata de generar más estabilidad en el país”. Por eso, la exvocal de la Judicatura presume que en su sentencia no declarará nulidades en torno a sentencias anteriores, “más bien convalidará lo hecho por el fiscal Alarcón”.
Pero anota que si existiera algún hecho concreto en el que se señalara alguna irregularidad fuerte cometida por el fiscal Carlos Alarcón, probablemente la Corte hará que se sigan los procesos para nulitar ese caso en particular, no de forma general sobre todo lo accionado.
La opinión de Yaku Pérez sobre la acción de Carlos Alarcón
Al respecto, Yaku Pérez, excandidato presidencial y abogado en la causa contra el presidente Noboa y la minera canadiense Dundee Precious Metals, ha cuestionado el archivo del caso por presunto tráfico de influencias. No ha descartado acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos inclusive. Al ser consultado, respondió que “por supuesto” analiza pedir la nulidad del caso.
Ecuador se quedó sin fiscal general titular y subrogante y el CPCCS debería ser destituido
Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados de Guayas, apunta que, sin lugar a dudas, toda la comunidad jurídica ha opinado sobre esta designación. “Unos están a favor y otros se oponen”, pero dice también que hay que tomar en cuenta que ese puesto no podía quedarse vacante. No había fiscal titular ni fiscal subrogante.
Asimismo, para Yánez hay otro punto que se debería analizar y empujar: la no selección del fiscal general del Estado es elemento suficiente para que el Legislativo inicie un proceso de destitución de los vocales del Consejo de Participación.
No corrigen "errores" del concurso de Fiscal General
“Ellos son los responsables de ese concurso”, añade y subraya que “este proceso inclusive tiene cuestionamientos que preocupan a nuestra comunidad, porque no es posible que quienes vayan a designar a la autoridad de la Fiscalía General tengan niveles tan bajos en cuanto a conocimiento y probidad”.
El presidente del Colegio de Abogados del Guayas considera “muy grave” que los consejeros se manejen de esa forma y que “pese a denuncias públicas, a las alertas que se dan por el trabajo periodístico, poco o nada haga el CPCCS para enmendar tales errores que ponen en peligro la institucionalidad del país”.
Al igual que los otros consultados, Yánez indica que “más allá de que nos guste o no la designación, la Corte Constitucional responderá con coherencia”. No cree que “deje en el limbo jurídico las actuaciones del fiscal Alarcón”.
Incumplimiento de funciones del CPCCS
La fiscal Diana Salazar cumplió su período de seis años en abril de 2025. La reemplazó el subrogante, Wilson Toainga. Y a él, Carlos Alarcón. Eso porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) incumplió los plazos para terminar el concurso.
