El triste papel del fiscal Carlos Alarcón cuyo trabajo no se nota

El fiscal Carlos Alarcón tiene varias cosas en común con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y foco del más reciente escándalo político y judicial. Entre esas coincidencias hay dos que saltan a la vista. Una es la legitimidad de su nombramiento: así como Godoy fue elegido como producto de un empecinamiento -cada vez más sospechoso- del presidente Daniel Noboa, que se tradujo en violaciones legales, Alarcón también fue una apuesta empecinada del presidente que se tradujo en violaciones legales. El órgano que lo nombró no era el legalmente facultado para hacerlo: el Consejo de la Judicatura, un organismo cooptado por el gobierno y presidido por Mario Godoy.

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En realidad, el órgano que debía elegirlo era el Consejo de Participación y Control Social (Cpccs), que para comienzos de octubre de 2025 aún no estaba a merced del Ejecutivo. Este detalle es el que valió una demanda de inconstitucionalidad del nombramiento, que la Corte Constitucional aún no resuelve. 

La ilegalidad del nombramiento se sustenta en otro detalle: el Código Orgánico de la Función Judicial dispone que el fiscal subrogante -que era el caso de Alarcón- debía estar entre los mejor puntuados de la categoría 3, mientras que Alarcón pertenecía a la categoría 1, lo que lo dejaría fuera de los requisitos para ejercer esa función. En otras palabras, hubo una voluntad poderosísima a la que nadie ni nada pudo oponerse para nombrar a Alarcón, cosa que ocurrió igualmente con Godoy.

El otro parecido entre Godoy y Alarcón es que ambos fueron nombrados a pesar de que ninguno tenía sobre sus espaldas lo que se llama probidad notoria. Este concepto se refiere a una conducta pública y privada de honestidad, rectitud e integridad intachable, claramente evidente y reconocida por todos, más allá de la simple ausencia de antecedentes, y exige una trayectoria ética y transparente, especialmente para cargos públicos. 

Tanto Godoy como Alarcón llegaron con antecedentes que comprometían su probidad notoria. Godoy había sido abogado de narcotraficantes y Alarcón había tenido una carrera en la Fiscalía en la que abundaban casos en los que habría obrado abierta y sospechosamente en favor de los intereses del presidente Noboa y su familia.

Los casos en manos de Alarcón y de interés de Daniel Noboa 

Por ejemplo, en el llamado caso Nene, relacionado con presunto tráfico de influencias de la exvicepresidenta Verónica Abad, a quien Noboa le había declarado la guerra: ahí, Alarcón fue el aliado perfecto del presidente. Pero, sobre todo, fue Alarcón quien le dio gusto en todo al presidente en el tema de los seguros de Petroecuador que la empresa de la familia de su primera esposa, Gabriela Goldbaum, había firmado durante el gobierno de Guillermo Lasso. 

Noboa ha declarado la guerra a esa familia y lo primero que hizo al llegar al poder fue romper el contrato con Seguros Unión, de propiedad de los Goldbaum. Y cuando Alarcón ejerció como fiscal general interinamente, por un breve período de cinco días, solicitó el archivo de una investigación contra el presidente Daniel Noboa y su esposa, denunciados por un presunto tráfico de influencias relacionado con la licencia ambiental del proyecto Loma Larga. Esto a pesar de que el pedido de investigación hecha por Yaku Pérez era razonable y merecía, al menos, ser investigada.

Uno de los casos en los que llama la atención el poco interés del fiscal Alarcón es el relacionado con el escándalo de la compra fraudulenta de 93 hectáreas al Municipio de La Libertad, usando, aparentemente, como testaferra a una empleada de una cafetería de esa ciudad, hija de una empleada doméstica de Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública. 

De lo que se sabe, es muy poco o nada lo que ha hecho la Fiscalía en este caso, en el que está involucrado Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad, amigo del presidente Daniel Noboa y primo del asambleísta oficialista Andrés Gushmer. A diferencia de otros casos, aquí no se han visto allanamientos mediáticos.

Hasta ahora no se conoce de un allanamiento a la casa o a la oficina de Tamariz, ni de que se lo haya llamado a declarar, a pesar de que fue el principal interesado en concretar la venta. Y si no ha habido allanamientos a Tamariz, tampoco los ha habido a Cynthia Gellibert, quien no solo es secretaria de la Administración, sino una de las personas más cercanas profesionalmente al presidente Noboa y directora del movimiento ADN.

Otro caso en el que Alarcón parece estar jugando a favor del gobierno es el de Progen. Aunque ya existe una investigación previa, hasta la fecha no se ha conocido de un impulso fiscal para identificar a los responsables de una de las estafas más emblemáticas al Estado ecuatoriano: casi 140 millones de dólares entregados como anticipo en un contrato de generación eléctrica con una empresa que trajo al país equipos inservibles.

¿Ha habido allanamientos a ministros que estuvieron relacionados con la contratación de Progen, como Inés Manzano o Roberto Luque? No que se sepa. ¿Fiscalía ha solicitado el acta de la sesión de Celec en la que se autorizó ese anticipo y los nombres de quienes asistieron a la misma? Tampoco, hasta donde se conoce.

Quizá una de las actuaciones de Alarcón que más polémica genera es la relacionada con el escándalo del Consejo de la Judicatura, donde existen evidencias de que desde ese organismo se habría intentado conseguir un fallo a favor de un narcotraficante serbio. Si bien ya hay una investigación previa, el avance ha sido terriblemente lento y con una evidente intención de no comprometer a su símil, Mario Godoy.

Con fiscales como Alarcón, la sociedad queda indefensa ante los abusos y corruptelas del Estado.

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