Terreno de La Libertad: la reversión de la venta no cierra la polémica

Lo que parecía el cierre de un escándalo político terminó abriendo más interrogantes. La tarde del martes, en una sesión extraordinaria marcada por gritos, empujones y tensión, el Concejo Cantonal de La Libertad por unanimidad resolvió revertir a la ciudad las 93 hectáreas de terreno que, semanas atrás, se pretendían vender a la ciudadana Jenny Ramírez. La decisión fue respaldada por los siete concejales y el alcalde Francisco Tamariz, quienes dispusieron además que el macrolote ya no sea vendido a ningún particular.

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La resolución fue celebrada por un grupo de ciudadanos que acudió al Cabildo y aplaudió el desenlace del polémico tema. Sin embargo, para otros sectores de la ciudadanía y del ámbito jurídico, la reversión del terreno no significa el fin del problema, sino apenas el inicio de un proceso que aún debe ser esclarecido a fondo.

El abogado Joselito Argüello, uno de los abogados que presentaron una notitia criminis ante la Fiscalía de La Libertad, fue enfático al señalar que dejar sin efecto la venta no exime de responsabilidades a quienes aprobaron inicialmente la transacción. “Los delitos ya se habrían cometido. El hecho de revertir el lote no significa que aquí no pasó nada. Las investigaciones deben continuar y la acción penal sigue en firme”, advirtió.

Para el jurista, existen demasiadas dudas que hasta ahora no han sido aclaradas. “Hay que determinar de dónde iba a salir el dinero para pagar la compra, quién o qué empresa iba a financiar a la compradora y quién era el verdadero beneficiario de esta operación. Son muchas cosas que no cuadran”, manifestó Argüello.

Un criterio similar expuso el abogado peninsular, Carlos Alcívar, quien explicó que, si bien el acto administrativo de la venta fue dejado sin efecto, previamente el Concejo aprobó un avalúo del terreno a un precio que no correspondería al valor real del sector. “Ahí podría configurarse un acto doloso, al intentar beneficiar a un tercero con un valor inferior al comercial”, sostuvo.

Alcívar insistió en que las denuncias presentadas deben impulsarse hasta las últimas consecuencias. “Esto todavía está lejos de terminar. Durante el proceso, los involucrados tendrán que presentar sus descargos, pero la investigación debe seguir su curso con total transparencia”, puntualizó.

El concejal Bruno Dedé, quien en diciembre pasado denunció públicamente la extraña venta del macrolote, celebró la reversión del terreno, pero dejó claro que el tema no puede cerrarse así. “La Libertad venció, ganó la ciudad”, expresó, aunque advirtió que se debe mantener la vigilancia para evitar que hechos similares se repitan y que los bienes municipales no se vendan “a precio de gallina enferma”. “Tiene que haber responsables. No es posible que ahora se laven la cara y aquí no pasó nada. La ciudad exige respuestas claras y transparentes”, afirmó Dedé, quien aseguró que dará seguimiento a la denuncia presentada ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Durante la misma sesión, el concejal Marino Carriel, otro de los ediles que se opuso a la venta, solicitó que el área revertida sea declarada zona protegida, al tratarse de un espacio donde aún existe flora y fauna natural, lo que reforzaría su conservación y evitaría futuros intentos de enajenación.

Silencio del alcalde tras la sesión 

Hasta el momento el alcalde no ha dado declaraciones del caso y en el área de Comunicación del ente se indicó que la autoridad en los próximos días convocará a una rueda de prensa en donde entregará detalles de lo sucedido.

El avalúo municipal de las 93 hectáreas que pretendía adquirir Jenny Ramírez, quien según se conoció laboraba atendiendo una cafetería, ascendía a 2,7 millones de dólares, una cifra que despertó serias dudas sobre quién realmente financiaría la compra. A esto se sumó el precio del metro cuadrado, fijado por el cabildo en 2,94 dólares, cuando en sectores cercanos el valor comercial bordea los 9 dólares, alimentando aún más las sospechas sobre una posible subvaloración del terreno.

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