La Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en una empresa vinculada a uno de los sospechosos dentro del caso Apagón.
La Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en una empresa vinculada a uno de los sospechosos dentro del caso Apagón.Cortesía

Caso Apagón: Fiscalía allana en Guayaquil empresa vinculada a uno de los sospechosos

La investigación indaga un presunto peculado relacionado con la contratación de proyectos de generación eléctrica

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una empresa ubicada en el norte de Guayaquil, vinculada a uno de los sospechosos dentro del caso Apagón, una investigación que indaga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación de proyectos de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024. El operativo se llevó a cabo este 14 de enero de 2026, como parte de diligencias urgentes para recopilar nuevos indicios.

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Durante la intervención, los agentes incautaron documentos, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y archivos contables, material que ahora forma parte de la cadena de custodia y será sometido a análisis pericial para determinar si existe relación con posibles irregularidades en los contratos de generación energética. 

El procedimiento forma parte de una serie de allanamientos realizados previamente en inmuebles ubicados en Guayas y Pichincha, en los que se investigan presuntas irregularidades en convenios firmados con empresas proveedoras de energía.

El caso Apagón se centra en contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen en 2024 en los apagones prolongados.
El caso Apagón se centra en contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen en 2024 en los apagones prolongados.Cortesía

¿Qué es el caso Apagón?

El caso Apagón se centra en contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen en 2024, periodo marcado por apagones prolongados y una emergencia eléctrica nacional. 

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Las autoridades investigan si estos convenios, firmados bajo decretos de emergencia, generaron perjuicios económicos al Estado debido a sobreprecios, incumplimientos técnicos y retrasos en la puesta en marcha de plantas termoeléctricas en provincias como Los Ríos y Guayas.

Según la Contraloría General del Estado, las irregularidades detectadas podrían haber ocasionado daños significativos a los fondos públicos, hecho que motivó la apertura de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en 2025, documento que derivó en el inicio formal de la investigación. La Fiscalía ha señalado que el objetivo de estas diligencias es esclarecer si existió una estructura de corrupción que operó aprovechando la emergencia energética.

Este operativo en Guayaquil forma parte de más de una treintena de acciones ejecutadas en los últimos meses en distintas provincias. Las autoridades aseguran que las investigaciones continuarán hasta determinar si existieron responsabilidades penales en la adjudicación y ejecución de los contratos cuestionados durante la crisis.

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