Mario Godoy y Carlos Alarcón le salen muy caro al presidente

El problema con el allanamiento realizado a los domicilios de los dirigentes correístas Luisa González, Patricio Chávez y Suad Manssur en el caso Caja Chica es que, con una Fiscalía y un Consejo de la Judicatura completamente obedientes al Ejecutivo, todo lo que ocurra en ese tema (relacionado con el posible financiamiento de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro a las campañas electorales del correísmo) carecerá de la credibilidad necesaria para gozar de, al menos, un mínimo de legitimidad.

Si el fiscal Carlos Alarcón no fuera un bienmandado del Ejecutivo y si Mario Godoy no tuviera a la Judicatura al servicio del Gobierno, el operativo de la madrugada del miércoles 28 de enero habría sido un episodio libre de toda sospecha de supuesta justicia selectiva. A esto hay que añadir que tanto Alarcón y Godoy fueron nombrados contra viento y marea, torciendo la ley y violando la ética pública.

El correísmo que defiende una dictadura, ¿por qué?

Ahora bien, también es cierto que sobran motivos para pensar que el aparato correísta y sus millonarias campañas han sido financiados ilegalmente por la sanguinaria y corrupta dictadura de Nicolás Maduro. La dirigencia del correísmo, incluido el propio Rafael Correa, ha mantenido una incondicionalidad absoluta con el régimen chavista que resulta imposible entender si no fuera porque recibe dinero de Venezuela. Apoyar a Maduro y justificar todos sus crímenes no es políticamente rentable en ningún lugar del mundo, y muchos de sus aliados históricos han optado por marcar distancia con ese Gobierno, salvo el correísmo. ¿Existe otro motivo, que no sea el dinero, para explicar esa conducta de madurismo rabioso?

Incluso Rafael Correa admitió que realiza asesorías en temas económicos y que en ellas trabaja con sus exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera. ¿Gratis? Evidentemente no. Hubo versiones (no corroboradas) de que esa asesoría le reportaba a Correa y sus socios más de 200.000 dólares mensuales, dinero que probablemente no se queda entre los tres personajes de marras, sino que posiblemente sirve para sostener el costosísimo funcionamiento de la Revolución Ciudadana.

También sobran motivos para poner la lupa sobre el gasto electoral del correísmo, a partir de las millonarias campañas presidenciales de Andrés Arauz, primero, y las dos de Luisa González, después. ¿De dónde salía ese dinero? Y si eso no fuera suficiente para alimentar la sospecha, ahí está también la dudosa conducta de Luisa González, Andrés Arauz y los responsables del manejo de los fondos de campaña, quienes han evadido insistentemente explicar los vacíos de su información ante el Tribunal Contencioso Electoral: ni siquiera se dejaron citar.

La doble vara de medir de Carlos Alarcón

Pero el Gobierno de Noboa ‘da papaya’: la mañana del miércoles 28 de enero, cuando Luisa González ofreció una rueda de prensa rodeada por los asambleístas del correísmo y otros afiliados (aunque fue llamativa la ausencia de figuras como el alcalde Pabel Muñoz y la prefecta Paola Pabón), ella se dio el gusto de decir, a sus anchas, algo tan evidente como incontrovertible: que el fiscal Carlos Alarcón ordenó los allanamientos por ser un empleadillo de Noboa. Solo con esa afirmación, que se sustenta en la carrera profesional de Alarcón, González puso en tela de duda la legitimidad del operativo.

Además, hizo un recuento devastador para el Gobierno, porque lo que dijo es cierto: ¿Por qué la Fiscalía no allanó al director jurídico de la Judicatura, Henry Gaibor, quien presionó al juez Carlos Serrano para que falle a favor de un peligroso narcotraficante serbio? ¿Por qué no se ha allanado el puerto de Posorja, de propiedad de Isabel Noboa, tía del presidente, cuando de ahí sale droga hacia Europa? ¿Por qué no se ha allanado al esposo de Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea, Álvaro Guivernau, quien gerencia Noboa Trading, ni a su padre, que administra Galamedios, la oscura empresa que compró por 2,6 millones de dólares a La Posta y a Radio Centro Digital? ¿Ha habido algún allanamiento por el caso de la pretendida venta de 93 hectáreas en La Libertad, a precio de huevo podrido; a Jenny Ramírez, mesera de una cafetería de Santa Elena e hija de la empleada doméstica de la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert? ¿Y el caso del Porsche en la isla Trinitaria? ¿Por qué no se han realizado allanamientos por las denuncias sobre Petronoboa, la empresa del hermano del presidente que supuestamente trafica combustible?

González también mencionó el escándalo de Progen, en el que el Gobierno pagó 108 millones de dólares a esa empresa por unos generadores de energía eléctrica que resultaron ser chatarra. ¿Algún allanamiento por ese caso? Tampoco se ha allanado, dijo, a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y presidenta de la Revolución Ciudadana en el año de la campaña electoral que es motivo del caso Caja Chica.

La permanencia del fiscal y del presidente del Consejo de la Judicatura, así como la acumulación de escándalos sobre los cuales el Gobierno no ha dado explicaciones, le permitió a González convertir su rueda de prensa en una excepcional plataforma política, favorable al correísmo. González se victimizó, victimizó a su partido y, con lo que dijo, hirió gravemente al Gobierno y a Noboa.

Muy caro le está saliendo a Noboa sostener a Alarcón y Godoy en sus cargos. Lo de González fue un golpe muy duro.

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