En Santa Elena te matan por un pedazo de tierra

En la provincia de Santa Elena, las mafias del tráfico de tierras no se andan con medias tintas…

A Robinson del Pezo, periodista comunitario del medio digital La Voz del Pueblo, lo mataron a balazos en el mercado de La Libertad, el pasado 20 de noviembre.

A su colega Joffre Paredes, conocido en la provincia como “El látigo”, crítico permanente de las autoridades municipales, empezaron a amenazarle poco después.

A Fernando Muñoz, de radio Salinas, lo visitaron en su casa cuando él no estaba; su madre, de 80 años, tomó el mensaje: “dígale que se calle la trompa si no quiere terminar con la boca llena de hormigas”. Ese día se disponía a entrevistar a la activista Mónika Silva pero suspendió el encuentro por obvias razones de seguridad…

A Mónika Silva, veedora ciudadana acreditada por el CPCCS a quien el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tiene bloqueada en su cuenta de X (¿no es inaudito?), la hostigan, la calumnian, la desprestigian con trolls y campañas sucias y hasta la intimidan con juicios penales.

En todos estos casos hay un denominador común: el tráfico de tierras. Del Pezo, Paredes, Muñoz y Silva lo han venido investigando, documentando y denunciando. Para el momento en que ocurrieron estos hechos, el caso que concentraba su atención era la venta escandalosa y fraudulenta de 93 hectáreas de terrenos municipales de La Libertad a un testaferro, con la activa participación del alcalde Francisco Tamariz.

A Robinson del Pezo ya lo habían amenazado de mil maneras; ya lo habían atacado con explosivos en su casa; ya había él grabado un video (apenas un mes antes de su asesinato) en el que responsabilizaba, si algo llegara a ocurrirle, “al alcalde Francisco Tamariz y su grupo de empresarios”. Los sicarios lo encontraron en el puesto del mercado donde faenaba y vendía carne: así de precario puede llegar a ser el oficio del periodismo en la provincia de Santa Elena. No tendría por qué convertirse, además, en un oficio peligroso.

Su asesinato pasó inadvertido entre las decenas de crímenes que reportan a diario los noticieros. En un país en el que el gobierno pretende tranquilizar a la opinión pública con la peregrina noción de que “los delincuentes se están matando entre ellos”, a lo sumo despertaría alguna suspicacia. Sin embargo, lo verdaderamente sospechoso es que el propio ministro del Interior no se preocupara por establecer la diferencia. Mataron a un periodista y al gobierno le dio lo mismo: ni una sola declaración, ni una alerta… ¿Está involucrado? ¿No le importa?

Al menos en el caso de las 93 hectáreas de La Libertad, el nombre de Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración, ex vicepresidenta de facto de Daniel Noboa y directora nacional del partido de gobierno, apareció de relancina en las investigaciones (periodísticas, porque la Fiscalía parece estar ahí para garantizar que no las haya de otro tipo), vinculado con el de la presunta testaferra: la mesera de cafetería Jenny Ramírez, con quien el alcalde Tamariz dijo haberse reunido para venderle las tierras por un tercio de su precio (2,90 dólares el metro en lugar de 9, que es el valor comercial en esa zona). La madre de Ramírez era empleada doméstica de Gellibert. Vivían en una chabola de La Libertad en la que brillaba una cámara de vigilancia que desentonaba con la miseria de la casa y sus alrededores. Ahora no se las encuentra por ningún lado.

Bellitec, otro escandaloso caso de tierras en Santa Elena

El caso de los terrenos de La Libertad se convirtió en un escándalo nacional y puso sobre el tapete del debate el escabroso asunto del tráfico de tierras en la provincia de Santa Elena. Pero esas 93 hectáreas son apenas la punta del iceberg, un botón de muestra, una insignificancia al lado de otros casos de apropiación ilegítima y/o venta fraudulenta de centenares de hectáreas que han ocurrido en otros cantones.

En esto de vender tierras, el alcalde Tamariz no pasa de ser un principiante si se lo compara, por ejemplo, con el dos veces alcalde de Santa Elena y hoy asambleísta por el Partido Socialcristiano Otto Vera.

Toneladas de documentos reunidos por gente como Mónika Silva o el asesinado Robinson del Pezo (escrituras públicas, actas de sesiones de concejos municipales, expedientes judiciales…) cuentan una historia de terror y hacen pensar en una posible acción coordinada de varios estamentos del servicio público (registradores de la propiedad, notarios, jueces, auditores, funcionarios de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura…) que ascienden en la escala jerárquica desde las subdirecciones provinciales hasta las más altas autoridades en la capital de la República. No es una casualidad que estos activistas se estén jugando la vida.

Está, por ejemplo, el caso denominado Bellitec, por el nombre de la compañía camaronera que Otto Vera, en sesiones del consejo de Santa Elena, identifica como “la empresa de los Olsen”. Según los documentos, en 2022 el Municipio de Santa Elena vendió a esa empresa un total de 745 hectáreas de terreno (235 de las cuales ni siquiera le pertenecían) a un precio asombroso: 83 centavos el metro cuadrado.

El proceso arranca en enero de ese año con una ordenanza municipal que dicta un nuevo procedimiento para la venta de lotes municipales en abierta contradicción con el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Con el pretexto de “reactivar la economía local”, ese nuevo reglamento permite al alcalde proceder a la venta directa de lotes sin subasta pública y sin otra documentación de respaldo que un informe de la dirección de catastros y otro del departamento financiero. Ni siquiera el Concejo tiene que enterarse.

El siguiente paso fue la anulación de los títulos catastrales de la familia Perrone, que había comprado parte de esos terrenos (235 hectáreas) al mismo Municipio de Santa Elena en 1962 y que cuenta con una historia documentada de 60 años de propiedad. Una acción de protección interpuesta por Bruno Perrone y una sentencia de segunda instancia de un juez de Guayaquil confirmaron su derecho sobre esos terrenos pero un hábeas data interpuesto por el alcalde se los volvió a despojar, como si ese recurso legal pudiera utilizarse para anular el título de propiedad de terceros.

La escritura de compraventa firmada por el Municipio de Santa Elena y Bellitec, inscrita en el registro de la propiedad, contiene una perla que certifica y documenta el despojo. Se trata de una cláusula especial denominada “condición resolutoria” en la que el Municipio, “una vez suscrita, inscrita y catastrada la presente escritura, se compromete a iniciar las acciones legales pertinentes para que se declare sin valor e ineficaz las inscripciones, escrituras, catastros que consten a nombre de Inmobiliaria Mar Azul”, que es la empresa de los Perrone. Queda así certificado, mediante escritura pública, que el Municipio de Otto Vera vendió aquello que no le pertenecía.

Lo cual sería imposible sin la decidida colaboración del registrador de la propiedad de Santa Elena, Víctor Falquez Maldonado, designado por Otto Vera sin concurso, que lleva siete años ejerciendo esa función en calidad de encargado a pesar de sus 129 procesos judiciales, entre los que se incluyen casos de cohecho e investigaciones fiscales por peculado y asociación ilícita, según consta en la página de la Función Judicial (por no hablar de sus intereses particulares en el mercado inmobiliario de la provincia, que deberían bastar para inhabilitarlo por conflicto de intereses).

745 hectáreas junto al mar a 83 centavos el metro cuadrado. ¿Quién fijo ese precio? Un perito contratado por la propia Bellitec propuso 99 centavos. El Municipio les descontó 16 debido a que los terrenos no tienen alcantarillado y, según palabras del alcalde Otto Vera, “son un hueco”. Según él, de esas 745 hectáreas hay que “separar la carne del hueso”. Su opinión es que los terrenos frente al mar, junto a la Ruta del Sol, son el hueso; los que están 5 kilómetros tierra adentro son la carne. Raro, ¿no? La verdad es que hay tablas valorativas aprobadas años atrás por el propio Concejo en las que se fijaba el valor de esos terrenos entre 150 y 195 dólares por metro cuadrado, es decir, 200 veces más.

Cada detalle del caso es delirante: el hecho de que Inmobiliar haya donado esos terrenos al Municipio (la parte de ellos que no pertenece a los Perrone) exclusivamente con fines de desarrollo inmobiliario; la participación de la Contraloría, que auditó el procedimiento y no encontró nada raro; la desnaturalización del recurso de habeas data que no mereció la mínima observación por parte del Consejo de la Judicatura…

El crimen organizado y sus la venta irregular de tierras en Santa Elena

Aún así, hay casos peores. Si las 93 hectáreas de La Libertad parecen un juego de niños al lado de las 745 hectáreas de Santa Elena, éstas no son nada al lado de las 332 que entregó el mismo Otto Vera al grupo Sunshine en Playa Mamba. Terrenos junto al mar al insólito precio de 0,041 centavos de dólar el metro cuadrado. O las 474,56 hectáreas cuya propiedad reclama la comuna San Vicente y que el Municipio de Santa Elena vendió a 0,015 centavos el metro cuadrado. Ambas ventas fueron ejecutadas por Vera en los últimos días de su gestión, cuando ya había perdido las elecciones.

El caso de Sunshine tiene, según Mónika Silva, un peligroso agravante: la relación de los accionistas de esa empresa con el crimen organizado. Uno de ellos estuvo vinculado con la operación Manzanillo, en la que la Policía interceptó dos toneladas de cocaína; otro tiene seis procesos penales por falsificación de documentos y delitos aduaneros; un tercero, procesos por narcotráfico… La página de la Función Judicial los registra a casi todos. En su calidad de veedora ciudadana, Silva envió esta información al ministerio del Interior. No puede decir John Reimberg que no fue puesto sobre aviso.

En conclusión: hay un problema de fondo en Santa Elena del que el país fue alertado a raíz del escándalo de las 93 hectáreas de La Libertad pero que no se agota ahí ni mucho menos. Cosas demasiado raras han estado ocurriendo ahí durante demasiado tiempo, con el amparo que genera el bajo perfil que suelen ocupar los sucesos de provincias en la información nacional. Una vez destapada la olla de grillos, que incluye asambleístas y altos funcionarios de la Contraloría y la Función Judicial, algo habrá que hacer para detener la operación de lo que sin duda es una mafia que ha venido actuando en completa impunidad. Ya hay un periodista asesinado. ¿Cuántos más tienen que arriesgar su vida sin que al país le importe un rábano?

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