Otto Vera cuestiona informe de Progen: "Sí hay responsabilidad política"

El informe borrador sobre el caso Progen tomó por sorpresa incluso a los integrantes de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. El documento, que será tratado la noche del 19 de diciembre de 2025, libera de responsabilidades políticas a ministros como Inés Manzano y Roberto Luque. En ese escenario, EXPRESO conversó con el asambleísta socialcristiano e integrante de la mesa legislativa, Otto Vera, sobre el alcance del informe.

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Finalmente hay un informe borrador sobre el caso Progen para ser discutido en la Comisión de Transparencia. ¿Cómo toma lo que se tratará esta noche en la comisión?

Pienso que el informe está bastante equivocado, porque la función de la Legislatura y de las comisiones que emprenden un proceso de fiscalización es, precisamente, determinar responsabilidades políticas; no civiles, administrativas ni penales. La primera parte del informe está correcta, en el sentido de que concordamos con la investigación que ha hecho la Contraloría. Pero la parte política, que es la nuestra, prácticamente es nula. Es como que le estamos dando un aplauso a las autoridades que mantienen la rectoría de las funciones estatales en el tema energético.

¿Hubo un trabajo conjunto al interior de la comisión para la elaboración del informe? Hasta ayer nadie sabía por dónde iría ese documento.

No. El informe fue entregado recién ayer en la noche. Por tanto, se supone que ahora lo vamos a debatir. No es que ese informe deba aprobarse tal como está. Esta noche tenemos la sesión para mejorarlo, o más bien para cambiar la parte final, que para mí sería una vergüenza que, como comisión, digamos que no hemos hecho nuestro trabajo. Nuestra función es determinar si existen o no responsabilidades políticas. Desde nuestro punto de vista, estas existen cuando hay incumplimiento de funciones. Si una autoridad máxima de una cartera de Estado tiene la rectoría de un servicio público, como el energético, hay responsabilidad.

Pero ADN tiene los votos para aprobarlo tal como está.

Esperemos que haya cordura, porque ¿qué mensaje estaríamos dando al país? Pienso que debemos dar un mensaje positivo: que no solo hay responsables civiles o administrativos, sino que también existen responsabilidades políticas.

La Comisión de Transparencia se tomó seis meses para concluir que los casos Progen y ATM ya estaban en manos de la Fiscalía y la Contraloría. ¿Qué decir al respecto?

Esos casos están en la Fiscalía y lo que observamos desde afuera —ya que por ahora se trata de información reservada en investigación previa— es que el proceso va muy lento. Entonces, por un lado, la investigación avanza con lentitud y, por otro, la fiscalización emprendida por la Asamblea ha sido prácticamente nula en ese sentido.

Hay al menos tres ministros o exministros que pasaron por la cartera de Energía durante el proceso. ¿Ninguno tuvo nada que ver?

Ninguno tiene nada que ver según el informe. Es decir, es como si nunca hubieran sabido nada. Uno de los ministros incluso firmó. Sí hay vínculos. Más allá de que hayan firmado o no, esto no se trata de determinar una responsabilidad penal —en la que posiblemente no estén porque no han firmado un solo papel—, sino de responsabilidad política. Si una cartera de Estado está a su cargo, su función principal es monitorear que las cosas marchen bien.

Desde su perspectiva, ¿qué representa el caso Progen para el actual Gobierno?

Pienso que el caso Progen, para el Gobierno, representa sencillamente un fracaso en esta parte de la administración, porque se ha demostrado que en épocas de crisis no se pudo resolver el problema. Justamente en una crisis es cuando más se debe demostrar capacidad organizativa, administrativa y de gobierno. Hay maquinaria que incluso es obsoleta y no se ajusta a la tecnología que tenemos en el Ecuador. Es, en definitiva, un punto de inflexión para el Gobierno.

El correísmo presentará un informe de minoría. ¿Lo apoyará?

Estamos analizando esa posibilidad. Nosotros buscaríamos alternativas para un informe de minoría en el que se endilgue exclusivamente la responsabilidad política. Es algo sencillo: hay evidencias de que las autoridades de nivel superior de los ministerios estuvieron monitoreando el proceso. No es algo escondido; fue público.

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