Privados de libertad trabajarían para cubrir sus necesidades en Ecuador, a lo Bukele
La propuesta fue impulsada en la Comisión de Soberanía y Seguridad y obtuvo siete votos a favor en la sesión del 11 de marzo
La Asamblea Nacional alista el segundo debate de una reforma penitenciaria que incorpora un cambio clave: que las personas privadas de libertad realicen trabajo interno para cubrir sus necesidades básicas dentro de las cárceles. La propuesta fue impulsada en la Comisión de Soberanía y Seguridad y obtuvo siete votos a favor en la sesión del 11 de marzo; ahora pasa al Pleno para su deliberación y eventual votación
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La medida (incluida como disposición transitoria) fija un plazo de hasta 36 meses para que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS/SNAI) implemente la política pública de trabajo interno, con actividades laborales y productivas “en estricto cumplimiento” de la Constitución y los derechos de los internos. El planteamiento fue promovido por el asambleísta Andrés Castillo (ADN) y se incorporó en el informe para segundo debate aprobado en Samborondón.
De acuerdo con el texto, no todos los reclusos se incorporarían de forma automática: la selección estará sujeta a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y al régimen de rehabilitación aplicable. El objetivo, sostiene la mayoría legislativa, es fortalecer la rehabilitación, reducir la carga fiscal y ordenar el sistema carcelario, en un paquete más amplio de reformas que también endurece el régimen disciplinario y redefine categorías de alto riesgo
La ruta legislativa en marcha contempla cambios en seis marcos legales (entre ellos el COIP y el Código de Entidades de Seguridad), la profesionalización del cuerpo penitenciario y un régimen especial para internos de alta peligrosidad, mientras el presidente de la Asamblea prevé agendar el debate del paquete en el Pleno
¿“A lo Bukele”? El espejo salvadoreño en el debate
El impulso a que los presos trabajen para costear su estadía evoca el discurso de autosostenibilidad penitenciaria promovido por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde se han mostrado talleres masivos de confección y obras públicas realizadas por internos, con reducción de condena como incentivo y exclusiones para ciertos delito
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En paralelo, reportes de medios internacionales han mostrado que en varias prisiones salvadoreñas se han cobrado paquetes obligatorios a familiares de reclusos para alimentación, higiene y vestimenta, una práctica cuestionada por su opacidad y efectos socioeconómicos sobre los hogares. Este tipo de experiencias externas aparece hoy como referente y también como advertencia en el debate ecuatoriano.
Lo que viene
Con el informe para segundo debate ya aprobado, la reforma será discutida por el Pleno, que podrá ratificar, modificar o archivar la disposición que obliga al trabajo interno y el resto del paquete penitenciario.
Si se aprueba, el SNAI tendrá tres años para diseñar e implementar el modelo laboral, definir cupos y criterios de acceso, y establecer controles para evitar nuevas formas de explotación o coacción dentro de los centro
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