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La Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario plantea que las personas privadas de libertad trabajen dentro de los centros carcelarios.Cortesía

Ley que propone trabajo de reos en cárceles avanza a segundo debate en la Asamblea

La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el miércoles 11 de marzo, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La iniciativa busca que las personas privadas de libertad realicen labores dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas.

La moción fue presentada por el asambleísta Mario Amado Zambrano, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La sesión se desarrolló en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia del Guayas, y contó con la participación de legisladores y autoridades vinculadas al sistema de seguridad.

Objetivos de la propuesta

El proyecto plantea que los internos puedan realizar actividades productivas y de servicio dentro de las cárceles, lo que permitiría mejorar sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, contribuir a la organización interna de los centros. La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, también de ADN, aseguró que la norma busca devolver el control de las cárceles al Estado.

Entre los puntos más relevantes se incluye la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la clasificación de los centros de privación de libertad, el establecimiento de un régimen especial y la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores.

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Observaciones y aportes institucionales

Durante el tratamiento del proyecto, la comisión ya había realizado observaciones el pasado 19 de febrero en una sesión con el ministro del Interior, John Reimberg, y Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo.

El ministro señaló que se impulsará un proceso de depuración frente a la corrupción, además de fortalecer los controles de visitas y definir niveles de seguridad máxima, media y mínima en los centros penitenciarios. Por su parte, Varela recomendó reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Con la aprobación del informe, el proyecto será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate. En esta etapa, los legisladores podrán analizar el alcance de la propuesta, plantear modificaciones y decidir si la iniciativa se convierte en ley.

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