Comisión tardó 6 meses en concluir que caso Progen ya estaba en Fiscalía y CGE

A la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social le tomó seis meses elaborar un informe sobre el caso Progen. La noche del 18 de diciembre de 2025 se conoció el borrador y hay una conclusión central: no hay responsabilidades políticas. Pero también dice que, al igual que el contrato con Austral Technical Management (ATM),  Progen ya está en manos de la Contraloría General del Estado (CGE) y la Fiscalía General.

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La fiscalización de ambos contratos fallidos para la generación eléctrica recayó en esa mesa, presidida por la oficialista Diana Jácome. Esto ocurrió después de que la Comisión de Garantías Constitucionales —controlada por el correísmo— ya había iniciado un proceso similar.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue clave para esa decisión. El 21 de junio de 2025, ese organismo resolvió que la Comisión de Transparencia sea la única competente para continuar con la investigación sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).

¿Qué dice el informe?

La Comisión de Transparencia se reunirá la noche del 19 de diciembre de 2025 para conocer y resolver sobre el informe borrador que se hizo público la víspera. 

La mesa está integrada por 10 legisladores y ADN, junto con su aliado exPachakutik Edmundo Cerda, cuenta con los votos necesarios para aprobar el documento.

En ese contexto, el socialcristiano y también integrante de la Comisión de Transparencia, Otto Vera, dijo que espera moderación por parte del oficialismo al tratar el informe, ya que, a su criterio, sí se deben establecer responsabilidades políticas.

La referencia de Vera se relaciona con una de las tres conclusiones del informe. En el documento se señala: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República que se configuren en un incumplimiento de funciones”.

Es decir, el informe borrador no contempla la responsabilidad política de ningún ministro durante el proceso de contratación con la empresa Progen para la generación eléctrica, por la cual se pagó, pero nunca se concretó.

El documento también concluye que la Contraloría ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Asimismo, como otra de sus conclusiones, señala que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General, que es el órgano competente para impulsar la acción penal”.

Un informe de minoría

El correísmo también reaccionó al contenido del informe impulsado por el oficialismo. El asambleísta Blasco Luna señaló: “Ya hay convocatoria para ‘aprobar’ el informe del más grande atraco cometido por el gobierno de Noboa: PROGEN. Para Jácome y ADN no hay responsabilidad de los ministros. Miserables. Tapan la corrupción. Amparados en la Ley Orgánica de Función Legislativa presentaremos informe de minoría y que se sepa la verdad”.

Sobre este escenario, el Partido Social Cristiano (PSC) también analiza qué posición tomará. Dicho informe de minoría, señaló Otto Vera, debería contemplar las responsabilidades políticas.

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