Concurso para fiscal general: ¿David Soria falsificó un informe de otro concurso?
Una jueza denunció al actual secretario de la comisión ciudadana y pide que no se archive ese caso a unidad penal
David Eduardo Soria fue nombrado secretario de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado, el sábado 31 de enero del 2026. Dos días antes se notificó sobre el archivo de un proceso penal que enfrenta desde el 2024, por una posible actuación anómala en otro proceso de selección que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El 29 de enero, Máximo de Ferrer Ortega Vintimilla, como juez titular de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito, avocó conocimiento del proceso 17294202524468G. En su escrito aclaró que “deslinda responsabilidad alguna, debido a que en esta fecha se me ha puesto en conocimiento la presente causa”. Y pidió que a las partes procesales se les notifique “con el pedido de ARCHIVO, solicitado por Fiscalía” (las mayúsculas son del escrito del juez).
El juez Máximo de Ferrer, tomando en cuenta el artículo 587.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), concedió a las partes un plazo de tres días para que se pronuncien al respecto, “una vez transcurrido el tiempo y conforme al estado de la causa, pasen los autos para análisis y resolución”.
Luego de esa notificación realizada por el juez de la Unidad Judicial de Iñaquito, el sábado 31, la Comisión Ciudadana de Selección designó al abogado. David Eduardo Soria es el secretario de la comisión porque Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo ubicó en la terna correspondiente.
El rol de Soria
David Soria, funcionario del CPCCS, será responsable de la custodia, organización, sistematización, digitalización y entrega formal de la documentación generada durante el concurso.
Esto denuncia la jueza Inés Maritza Romero sobre Soria
Eso preocupa a la jueza Inés Maritza Romero, quien como denunciante en el proceso penal en contra de David Soria, ya contestó al juez Máximo de Ferrer. Señala que no ha sido “legal ni oportunamente notificada” y que solo se enteró del escrito al haber accedido al sistema Satje (en donde están los trámites judiciales).
La jueza Inés Maritza Romero afirma que “el archivo pretendido es prematuro, insuficientemente motivado, lesivo de derechos y contrario al orden constitucional”. Reitera que la denuncia no surge de una inconformidad abstracta ni de un conflicto menor, sino de hechos “concretos, verificables y de altísima gravedad institucional, dentro del proceso de selección del CPCCS para designar al defensor público”.
Soría habría falsificado información en el concurso de Defensor Público
Según la jueza, David Soria, “abusando de su cargo como coordinador jurídico encargado, presuntamente falsificó ideológicamente el contenido de un informe de carácter público, alterando su sentido y contenido real. Eso habría inducido a un error a los consejeros del CPCCS, quienes tomaron decisiones sustentadas en un documento ideológicamente adulterado”.
Romero indicó que ese hecho la perjudicó como postulante. “Se me impidió ser designada pese a haber obtenido el mayor puntaje, luego de que los postulantes que me antecedían fueron descalificados”. Ella aduce que en el informe presuntamente adulterado se señala que ella habría incurrido en actos contrarios a derechos en su rol de jueza penal, lo que fue desmentido por la Defensoría del Pueblo.
La jueza denunciante hizo llegar un escrito a la veeduría del concurso para fiscal general, coordinada por Hugo Arteaga. Sin embargo, hasta la tarde de ayer lunes 2 de febrero, él y el secretario Julio Aguilar confirmaron que el Consejo no les había hecho llegar aún este documento. Se reunirán el miércoles 4.
Antes ya se denunciaron anomalías, dicen veedores
Secretario de comisión veedora, Julio Aguilar comentó que reportaron anomalías en el informe sobre el ejercicio de control social en el proceso de conformación de la comisión ciudadana de selección. Por ejemplo, que el 12 de agosto del 2025 se registró una actuación simultánea de la secretaria titular del equipo técnico, María Gabriela Centeno, y su suplente, David Soria.
“Contraviene la naturaleza jurídica de la suplencia, la cual exige la ausencia del titular para habilitar la intervención del suplente”, se lee.
EXPRESO buscó una reacción de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ante la denuncia. Pero Comunicación dijo que “por cuestiones de agenda” no brindará una entrevista al respecto durante esta semana.
Luis Fernando Molina, legislador de la Revolución Ciudadana, se refirió a la indagación penal previa contra Soria. Que el mensaje es claro: “En lugar de apartar a los investigados, se los asciende y se los blinda en concursos claves. Así se degrada la institucionalidad y se entierra la credibilidad del proceso”.
El detalle: CPCCS se ha demorado en la selección del reemplazo de Diana Salazar
El periodo de Diana Salazar como fiscal finalizó en abril de 2025. El CPCCS debió haber tenido antes a su remplazo.
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