Participación Ciudadana exige garantías para la prensa independiente en Ecuador

La directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, hizo un llamado público para que el Estado garantice y proteja el ejercicio pleno de la libertad de prensa en Ecuador, tras la decisión de la Superintendencia de Compañías de intervenir la compañía Granasa, editora de los diarios Diario Expreso y Diario Extra.

En un comunicado oficial, la organización recordó que en democracia el Estado, a través de todas sus instancias y poderes, tiene la obligación jurídica de precautelar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y de asociación. Señaló que esta responsabilidad no solo responde a disposiciones constitucionales y legales, sino también a normas y convenios internacionales que protegen estos derechos.

“La crítica es necesaria para asegurar contrapesos”

La Corporación expresó su preocupación por la intervención de GRANASA y manifestó su solidaridad con los medios afectados. Además, solicitó que la decisión sea revisada y revertida, con el fin de resguardar los principios del Estado de derecho.

Ruth Hidalgo sostuvo que “es obligación del Estado tutelar el derecho a que nuestra democracia cuente con una prensa libre, pero sobre todo independiente”. Añadió que la crítica resulta necesaria para asegurar contrapesos dentro del sistema democrático.

La organización también pidió a las autoridades competentes que garanticen a los afectados el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, para que prevalezcan los principios de justicia, libertad de expresión y respeto institucional. “Por la democracia siempre”, concluyó Hidalgo.

Contexto: ¿qué pasó con Granasa?

La compañía Granasa S.A., editora de los diarios Diario Expreso y Diario Extra, fue intervenida por la Superintendencia de Compañías, por pedido de Inmobiliar, entidad del Ejecutivo.

La medida implica que la administración de la compañía queda sujeta a supervisión directa del organismo de control, con facultades para evaluar decisiones internas y estados financieros. Según la Superintendencia, este tipo de intervención se adopta cuando existen observaciones sobre el cumplimiento de obligaciones legales o cuando se detectan posibles irregularidades en la gestión societaria.

Sin embargo, Eduardo Carmigniani, representante de la empresa, ha vinculado la intervención a otro intento más del gobierno de doblear la línea editorial. Según el abogado de Granasa, la Superintendencia exigió información que la empresa considera sensible o confidencial, como listas de clientes, anunciantes y contratos, lo que llevó a que la compañía se negara a entregarla por tratarse de secretos empresariales protegidos por ley.

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