Marchas contra la reforma al Cootad en Quito: usuarios de Casas Somos se movilizaron
Durante la marcha, los participantes expresaron su rechazo a la reforma del Cootad
Las movilizaciones en rechazo a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) continúan en Quito. El 18 de marzo de 2026, el colectivo de Casa Somos protagonizó una nueva jornada de protesta, alertando sobre el posible impacto de la normativa en la continuidad de sus espacios comunitarios.
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La concentración inició en el Arco de la Circasiana, en la intersección de la avenida Patria y Amazonas, desde donde cientos de personas marcharon hasta la sede de la Corte Constitucional. Talleristas, usuarios, grupos de danza, bastoneras, así como niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de distintos sectores de la ciudad se sumaron a la movilización.
Los manifestantes cuestionan la constitucionalidad de la reforma, conocida como Ley GAD, aprobada en febrero de 2026.
La normativa establece límites al gasto corriente de municipios y otras entidades territoriales, priorizando la inversión en infraestructura. Sin embargo, colectivos sociales advierten que esta medida podría derivar en recortes a programas comunitarios y sociales.
Durante la marcha, los participantes no solo expresaron su rechazo a la reforma, sino que también visibilizaron el papel que cumplen estos espacios en su vida cotidiana.
A lo largo del recorrido, una consigna se repitió con fuerza: “Somos la alegría, somos la rebeldía, somos las Casas Somos que combatimos la tiranía”.
La jornada concluyó en los exteriores de la Corte Constitucional, donde los asistentes reafirmaron su compromiso de mantener una lucha pacífica en defensa de sus espacios.
Otras demandas contra la ley
La Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que reforma el Cootad y regula el gasto de municipios y prefecturas, enfrenta al menos siete demandas de inconstitucionalidad.
Estas han sido presentadas por la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Movimiento Unidad Popular, el concejal de Quito Andrés Campaña, la asambleísta Patricia Núñez, el abogado Adolfo Espinel, además del Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha.
“Los servicios sociales, que son también inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública. El Quito milenario, histórico vive hoy con más fuerza”, dijo el alcalde, Pabel Muñoz, cuando presentó la demanda, el pasado 4 de marzo.
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