Quinto Puente: familias denuncian trato desigual frente a empresas vinculadas a Noboa

Los moradores del sur de Guayaquil exigen un pago justo por sus predios y la suspensión de las expropiaciones de más de un centenar de viviendas en la avenida Cacique Tomalá. Estas familias son afectadas directamente por la construcción del tramo 1A del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente.

Para los habitantes, la obra vial debería ejecutarse en la parte posterior del Hospital General Guasmo Sur, con el fin de evitar el impacto directo sobre las viviendas existentes. Consideran que esta alternativa permitiría el desarrollo del proyecto sin afectar de manera significativa a la comunidad.

Gobierno anuncia expropiaciones sin socializar proyecto

No obstante, según declaraciones de Roberto Luque, titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las expropiaciones en el sur de Guayaquil se llevarían a cabo durante el segundo semestre del año. Aunque esta obra fue retirada de la competencia del Municipio de Guayaquil, en noviembre de 2023, el gobierno de Daniel Noboa no socializó el proyecto con los moradores que resultarían directamente afectados.

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Muchos habitantes creían que la obra no llegaría a concretarse, entre ellos Carolina Armijos, quien compartía la percepción de que el proyecto no avanzaría. Esta idea se sustentaba en el hecho de que la iniciativa se remonta al año 2008, lo que generó dudas sobre su viabilidad y ejecución a lo largo del tiempo.

Sin embargo, no fue sino hasta diciembre cuando cientos de guayaquileños que residen en la avenida Cacique Tomalá se enteraron de que sus bienes serán expropiados como parte del proyecto vial. La notificación tardía generó preocupación e incertidumbre entre las familias afectadas, que aseguran no haber recibido información oportuna.

Valoración de propiedades genera indignación

Además, el valor que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ha fijado a sus propiedades no les parece justo ni acorde con la realidad del mercado. Según denuncian, el Estado no reconoce las inversiones realizadas en las mejoras de sus viviendas, lo que consideran una afectación adicional a su patrimonio.

Por ejemplo, David Gavilánez tiene su negocio en los bajos de su vivienda, donde ha construido su sustento diario junto a su familia. Él teme que el Ministerio lo despoje de su casa como parte del proceso de expropiación; él no cuenta con otro lugar al cual trasladarse.

Desigualdad frente a empresas de la familia del presidente Noboa

A Paola Fuentes, moradora del sector, no le parece justo que el metro cuadrado de sus viviendas sea valorado en $ 71, mientras que el de los terrenos baldíos de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. estén cotizados en $ 381,91. A su criterio, esta diferencia evidencia un trato desigual que perjudica a las familias del sector frente a grandes compañías.

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Estos dos lotes constan registrados en el Municipio de Guayaquil a nombre de Financiera Sudamericana Limited, una compañía domiciliada en el exterior. No obstante, según información del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias), entre los beneficiarios finales, accionistas o socios, de estas empresas figuran Isabel Noboa Pontón y sus hijos, así como las hijas de Leonor Noboa Pontón, familiares del presidente Daniel Noboa.

Asimismo, aparecen LanFranco Holding S.A. y Fruit Shippers Limited como parte de la estructura societaria relacionada. Estas compañías están domiciliadas en paraísos fiscales y mantienen vínculos con el Grupo Noboa, ya que participan como accionistas en varias de sus empresas en Ecuador.

Respuesta del Ministerio y contrataciones para estudios

Sobre la diferencia en los valores del metro cuadrado entre los predios de la familia del presidente Daniel Noboa y los de los moradores del sector, Roberto Luque señaló que “lo que hay que hacer es reclamarle al Municipio (de Guayaquil)” para que justifique cómo se determinaron esos catastros. Sin embargo, la cartera de Estado, entonces denominada Ministerio de Transporte y Obras Públicas, contrató bajo régimen especial a la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP. para que, dentro de los estudios de la obra, realice análisis definitivos sobre las expropiaciones y las indemnizaciones correspondientes.

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El contrato, fue firmado el 19 de junio de 2024 por un valor de $ 873.043,45, establece que la contratista debe estimar los posibles costos de las áreas a expropiarse, las edificaciones afectadas y demás bienes y derechos involucrados, además de calcular las indemnizaciones por rápida ocupación. Para la valoración, se tomarán en cuenta los precios de las diferentes categorías de cultivos y construcciones, los presupuestos para la reposición de servicios y servidumbres, y otras variables previstas en los términos de referencia (TDR). La contratista dispuso de 90 días para estas estimaciones y otras diez consultorías, plazo que concluyó el 17 de septiembre de 2024.

Intentos de entrevista sin respuesta

Desde el 3 de junio de 2025, EXPRESO ha solicitado entrevistas con el titular de la cartera de Estado para abordar estos temas; sin embargo, Luque no ha concedido ninguna reunión. Las solicitudes se han realizado mediante diferentes intermediarios, entre ellos: Wladimir Tocain, entonces director de Comunicación.

Los pedidos más recientes se realizaron el 30 de enero a través de Christian Ortega, asesor del ministro, y el 9 de febrero mediante Gabriel Vergara, actual director de Comunicación, junto con Andrea Veloz, del personal de Comunicación. A pesar de estas gestiones, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni se ha concretado la entrevista solicitada.

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