Moradores alistan acción de protección por expropiaciones del Quinto Puente

Indignación y preocupación sienten los ciudadanos que serán expropiados de sus bienes para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente. Los afectados advierten que interpondrán acciones legales para proteger sus derechos y evitar lo que consideran un despojo injusto.

Varios moradores conversaron con EXPRESO y expresaron su temor de que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) los obligue a dejar sus viviendas. Paola Fuentes, quien reside en la avenida Cacique Tomalá, en el sur de la ciudad, asegura que ni ella ni muchos de sus vecinos invadieron el sector, sino que compraron legalmente sus terrenos, por lo que ahora les preocupa que el Estado no reconozca las inversiones realizadas en las mejoras de sus casas.

En su caso, el MIT le reconoce el valor catastral fijado por el Municipio, que en 2024 asciende a 22.181,51 dólares. Sin embargo, Fuentes sostiene que ese monto no le permitiría adquirir otra vivienda para vivir con su familia en condiciones similares.

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Reclamos por avalúos y falta de información

Como ella, otras 149 personas fueron notificadas por el MIT sobre el proceso de expropiación. Fuentes relata que uno de sus vecinos está angustiado porque la inversión hecha en su vivienda no será considerada y que, según le informaron, recibiría apenas 5.000 dólares, una cifra que, cuestiona, no alcanza para comprar ni siquiera un terreno. Él es una persona de la tercera edad y no tiene familia.

Luis Fuentes, en cambio, reclama que personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte le “mintió” a su suegro respecto a las dimensiones que serían expropiadas. Según relata, en una primera visita le informaron que se afectarían siete metros, luego le indicaron que serían diez, pero finalmente en los documentos consta que “dispone el derecho de vía, para el proyecto vial, una franja de 25 metros, desde el eje de la vía hacia ambos costados de la avenida Cacique Tomalá”.

Otra moradora señaló que en su terreno habitan tres familias y que por todo el predio el Estado pretende reconocer 9.000 dólares. “¿Dónde compra una casa con ese valor para la familia de mi hermana, la mía y la de mis tías, que son de la tercera edad?”, cuestionó.

Desinformación y falta de socialización del proyecto

La ciudadana indicó a EXPRESO que acudió al Municipio de Guayaquil para consultar qué acciones podían emprender en favor de los moradores. Sin embargo, asegura que allí le respondieron que no podían hacer nada, mientras que en la Subsecretaría Zonal 5 del MIT, ubicada en el edificio del Ministerio Zonal, le informaron que no recibiría orientación hasta que entregue la documentación requerida.

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Otros vecinos arriendan locales en los bajos de sus viviendas y desconocen en qué momento deberán pedir a sus inquilinos que desalojen los espacios. Afirman que tampoco han recibido información clara sobre la fecha en que el Estado ejecutará las expropiaciones, pues “unos dicen que, en abril, otros en junio; nadie socializa con nosotros esta obra”, denunció Fuentes.

Cuestionamientos legales al procedimiento

No obstante, Teddy Cortez solicitó al Registro de la Propiedad de Guayaquil un certificado de historia de dominio de su inmueble. En el documento, según afirma, no consta que su bien haya sido declarado de utilidad pública, pese a que el MIT emitió dicha declaratoria el 21 de diciembre de 2025.

Ante esta situación, los moradores se reunieron para analizar las acciones que podrían emprender frente al proceso de expropiación. En el encuentro participó el ingeniero civil José Luis Calderón, quien les explicó que “mientras la declaratoria de utilidad pública no esté inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el Ministerio no podrá ejecutar la expropiación”.

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A criterio de Calderón, el MIT debería realizar una evaluación técnica individual de cada bien afectado para elaborar la correspondiente ficha técnica de expropiación. Además, sostuvo que la institución no solo está obligada a notificar a los propietarios, sino también a socializar el proyecto conforme lo establece la normativa vigente, por lo que advirtió que “hay una violación al procedimiento”.

CDH advierte vulneración al derecho a la vivienda

Por su parte, Fernando Bastias, coordinador del área de Protección a Víctimas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), sostiene que la acción que ejecuta el MIT “no solo es ilegal, sino que también vulnera el derecho humano a una vivienda digna”. A su criterio, una de las principales irregularidades es la inexistencia de un proceso de consulta previo con las personas afectadas.

Además, señala que los estándares internacionales en materia de vivienda adecuada son de obligatorio cumplimiento y establecen que, ante un proyecto de desarrollo, debe garantizarse una indemnización justa. En ese contexto, la CDH decidió acompañar a los moradores, quienes analizan la presentación de una acción de protección para frenar el proceso.

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