Mónica Luzárraga: “Se beneficia al círculo del Gobierno, no a las familias”

A los dos días de haber asumido la Presidencia, en 2023, Daniel Noboa le revocó la competencia al Municipio de Guayaquil para la construcción del Quinto Puente. Las vías de acceso a esta obra están construyéndose desde 2025, sin que se haya realizado previamente las expropiaciones; moradores del sur de Guayaquil están preocupados porque no tienen dónde vivir.

Mónica Luzárraga es la defensora de los moradores de la avenida Cacique Tomalá, ubicada en el sur de Guayaquil, que serán expropiados por la construcción del tramo 1A del Quinto Puente. La jurista expone las presuntas irregularidades de la obra.

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- ¿Considera usted que el proceso de expropiación ha respetado los principios del debido proceso?

- Una de las cosas que se han omitido, por parte del Ministerio de (Infraestructura y) Transporte, en el caso de Guayaquil, es la inscripción (de la declaratoria de utilidad pública) en el Registro de la Propiedad. El Gobierno comete un grave error cuando les dicen a los moradores que va a iniciar este proyecto y que sus casas van a ser afectadas por el proyecto del Quinto Puente.

- ¿A pesar de que el Ministerio ha llamado a los moradores para negociar el precio?

- No podría llamar a una persona a una negociación directa en tanto y en cuanto no haya inscrito el anuncio del proyecto con la consecuente declaratoria de utilidad pública en el Registro de la Propiedad; es una regla del Código Civil. Es muy probablemente que haya una causa de nulidad porque ha violado el procedimiento legal de la expropiación. Si bien se vende como una obra de desarrollo, no termina siendo una obra que respete la justicia social; existen otras vías menos costosas donde puede desarrollarse el viaducto.

- Usted ha denunciado que hay un cambio en el trazado original del Quinto Puente. ¿A qué cree que se deban esas modificaciones?

- En 2018, Lenín Moreno (entonces presidente) emite un decreto donde plantea el desarrollo del Quinto Puente y dice que por criterios técnicos se ha actualizado la ruta. (Además) Si se revisa el avalúo catastral de los predios, que ahora van a ser afectados, te das cuenta de que en 2019 se incrementa el valor del impuesto predial de los dos macrolotes (pertenecen a Blasti S.A. y a Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., empresas de la familia del presidente Daniel Noboa) que ahora son la vía por donde va a pasar el viaducto. En 2009, cuando nació el proyecto estaba relacionado con el Hospital del Guasmo Sur, el ancho de las vías que colindan con el hospital es de 42 metros y si se sigue la línea se llega a terrenos del Estado, no al de los Noboa.

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- ¿El que se mantenga este trazado va a beneficiar a otras empresas, a otras familias?

- Por supuesto. Cuando cruzas el Estero Cobina, te das cuenta de que van a expropiar a las camaroneras del Holding Sola & Sola, que pertenece a la familia Solá, entre ellos Francisco Solá Rodríguez, beneficiario de todos los contratos directos de las pautas publicitarias por parte del Gobierno Nacional. Esto a nosotros nos duele, no se piensa en las realidades de las familias; de esto se está beneficiando al círculo cercano al Gobierno.

- ¿Ellos tampoco serían expropiados si se mantuviese el trazado original?

- Correcto. El trazado inicial era una suerte de bloqueo de paso hacia estos macrolotes (de los Noboa); el interés es también desarrollar un puerto privado en el Estero Cobina, junto a Contecon -puerto concesionado de Autoridad Portuaria de Guayaquil-, como DP World Posorja para que los portacontenedores, sobre todo los Panamax, ya no desembarquen en el Puerto Marítimo de Guayaquil, que es administrado por Contecon, sino directamente en un puerto desarrollado por la familia Noboa.

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- ¿Qué autoridades deberían ya actuar al respecto?

- Para mí urge un pronunciamiento expreso por parte del Municipio de Guayaquil, sobre todo en los procesos de regularización y de reconocimiento de la posesión que tienen muchas familias de ese sector, articularse para proteger, aunque sea, el interés legítimo de esas familias a que se les reconozca como poseedores y por ello, quizás al sacarlos, les den una indemnización justa. También, llamo y exhorto a la Asamblea Nacional a que fiscalice los intereses que están detrás del proyecto del Quinto Puente. ¿Cuál es la premura?, ¿cuál es la urgencia?, ¿cuál es la prioridad? Este país no puede pensar que la prioridad uno es construir un puente cuando hay hospitales desabastecidos, infraestructura hospitalaria que se cae en pedazos, policías que no tienen patrulleros porque no tienen ni gasolina; esa es la prioridad uno de este país.

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