Judicatura: Sanciones a jueces generan duda por legitimidad de Larco

A diferencia de lo esperado, la salida de Mario Godoy del Consejo de la Judicatura (CJ) no ha puesto punto final a la crisis en la Función Judicial.

Si bien se logró apartar a un personaje cuestionado por sus conflictos de intereses, con un pasado relacionado con procesados por narcotráfico y señalado por presionar a jueces para beneficiar a delincuentes, los juristas y colegios de abogados del país observan que se abre otra etapa opaca en el funcionamiento del organismo que administra el sistema de justicia.

Las sombras comenzaron desde que se irrespetó el proceso de sucesión para reemplazar a Godoy. La vocal suplente, Alexandra Villacís, debía ocupar la Presidencia del CJ, pero apareció un impedimento en el Ministerio de Trabajo. 

El operativo para tomarse la Judicatura

Luego, de forma acelerada, el Pleno nombró a Damián Larco como el suplente encargado y, rápidamente, se notificó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que designe al nuevo vocal alterno. Enseguida, la entidad solicitó la terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y su presidente, Marco Rodríguez, la envió.

Villacís presentó una acción de protección, pero no fue tramitada y así, el operativo para que nuevamente una persona cercana al Gobierno dirija la Judicatura se ejecutó.

¿Judicatura cambia de rumbo?

La designación generó polémica. Sin embargo, el CJ de Larco ha adoptado distintas resoluciones en torno a casos que causaban preocupación. Entre ellas, dejó sin efecto la suspensión del magistrado Christian Fierro. Él junto al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien fue amenazado por el narco serbio Jezdimir Srdan, debían emitir la sentencia escrita en contra del procesado por el caso Euro 2024. 

Después, el Pleno destituyó a los jueces Christian Quito Carpio y Gabriela Lara, procesados en el caso Fachada por, supuestamente, beneficiar a los cabecillas de la organización narcodelictiva Comandos de la Frontera.

Dudas por el juez del caso Goleada

Las decisiones permitieron que el Tribunal logre sentenciar a Srdan. Sin embargo, el Pleno declaró inocente al juez Jairo García, también procesado en Fachada. El magistrado es quien lleva el caso Goleada, por el que está detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

“No se puede desconocer que están trabajando en el tema disciplinario con bastante celeridad, pero no en los otros temas administrativos. Se requieren acciones para mejorar la justicia, porque los edificios se caen a pedazos con las lluvias y aún no se nombran jueces ni fiscales”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez.

Rubén Calle, titular del Colegio de Abogados de Azuay, cree que las últimas decisiones del CJ son inherentes a sus funciones, y critica los antecedentes de Larco. “La Judicatura ha sido un fracaso, un instrumento de control de los gobiernos sobre los sistemas de justicia. Además, el actual presidente no goza de credibilidad ni independencia”.

Los intereses políticos podrían pasar factura a la Judicatura

Más allá del avance de los trámites, Annabell Guerrero, exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, pone en duda la legalidad de las decisiones. “Sí, han actuado en el ámbito disciplinario, pero qué pasa con el juez García. Mientras sea necesario para ciertos intereses políticos, entonces no se le topa. Hay que recordar que Larco es cercano al Gobierno”.

Los representantes de los profesionales del Derecho coinciden en que la desconfianza puede agudizarse. “A Larco no le correspondía estar en ese puesto y es probable que mañana se podría poner una acción respecto a la legalidad de su designación. Eso hará que se vicie todo nombramiento”, alerta Calle.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!