Pronto se sabrá si seguirá el control político en la justicia
Análisis| No se descarta un traspié del gobierno. La ecuación está armada para que operadores de Carondelet se impongan en CJ
La prueba para saber si el gobierno de Daniel Noboa seguirá manejando a su antojo el aparato de justicia (como lo hizo durante la presidencia de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura) se dará en breve. Ocurrirá cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) escoja, de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, al reemplazo del exfuncionario, quien primero renunció y luego fue censurado por la Asamblea Nacional.
Hasta que eso ocurra, la Judicatura continúa bajo el control de Damián Larco, presidente encargado del organismo, otro funcionario con credenciales claras de incondicionalidad hacia el Ejecutivo: exfuncionario del SRI y entusiasta asistente a una convención de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Noboa.
Aunque en política nada es imposible y no puede descartarse un traspié del gobierno en su esfuerzo por mantener el control de la justicia, lo cierto es que la ecuación está armada para que, una vez más, los operadores de Carondelet se impongan y consigan un presidente (o presidenta) del Consejo de la Judicatura alineado con los intereses del Ejecutivo.
La maniobra para tomarse la Judicatura
En esta ecuación hay dos factores claves. El primero es la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, para reemplazar a Alexandra Villacís, suplente de Godoy, a quien legalmente le correspondía asumir la presidencia del organismo.
Villacís fue inhabilitada mediante un operativo exprés y abiertamente ilegal, ejecutado por el gobierno con la asistencia del propio Consejo de la Judicatura y con la más que aparente anuencia del presidente de la Corte Nacional. ¿Su pecado? No ser controlable por el gobierno.
La legitimidad jurídica de su derecho era incuestionable: existía incluso un precedente de la Corte Constitucional que ratificaba su posibilidad de asumir el cargo. Ante esa realidad, el gobierno y sus operadores construyeron argumentos insostenibles, al tiempo que le bloquearon el acceso a la información necesaria para desmontarlos. En definitiva, Villacís fue descalificada de manera tramposa. Actualmente ha presentado una acción de protección constitucional. Si esta prospera, todo el esquema gubernamental entraría en crisis.
El segundo elemento de esta ecuación es la terna enviada por la Corte. Los dos primeros nombres corresponden a jueces que, con todas las críticas que han recibido, no parecen ser fichas incondicionales del Ejecutivo: Mercedes Caicedo y Óscar Gonzalo Chamorro.
La aparente preferida del Gobierno
Pero el verdadero ‘truco’ de la terna aparece en el tercer nombre: María Fernanda Morejón Villavicencio, quien más que antecedentes jurídicos relevantes tiene uno decisivo para el CPCCS: es funcionaria del gobierno de Noboa. Actualmente se desempeña como coordinadora de Gestión, Registro y Seguimiento en la Dirección Nacional de Registros Públicos. Su hoja de vida jurídica es, por decir lo menos, débil: fue abogada de la Empresa Eléctrica Quito.
Con estos elementos, el desenlace parece previsible. Todo indica que el CPCCS repetirá el libreto aplicado en 2024, cuando eligió a Mario Godoy. Entonces, el organismo (convertido en un apéndice del Ejecutivo) escogió al tercer nombre de la terna, pese a que los otros dos postulantes, Telmo Molina y Dunia Martínez, tenían credenciales muy superiores. Aquella designación fue realizada de manera groseramente sospechosa: sin análisis comparativo de méritos y descartando todas las impugnaciones presentadas.
El Consejo de Participación es clave para el Gobierno
El rol del CPCCS en este proceso es otro factor decisivo. Sin empacho alguno, este organismo se ha prestado sistemáticamente a las necesidades del Ejecutivo. Su presidente, Andrés Fantoni, cuyo patrimonio creció de forma notable desde que asumió el cargo, ya demostró en 2024 que no tiene reparos en inclinar la balanza.
Hoy, la probabilidad de que el CPCCS elija a Morejón es alta. A ello se suma un dato revelador: la candidata presentó su carpeta un día antes de que el CPCCS solicitara oficialmente la terna a la Corte Nacional de Justicia.
Mientras se define quién reemplazará a Godoy, el Consejo de la Judicatura realizó el martes 24 un gesto que aparenta un intento por sacudirse la imagen de connivencia con el narcotráfico que dejó la administración anterior: destituyó a dos jueces anticorrupción implicados en el caso Fachada, en el que se concedió irregularmente la libertad a los hijos del narcotraficante alias Gerente. Los jueces destituidos son Gabriela Lara y Christian Quito, ambos ya señalados desde hace tiempo, pero intocados durante la gestión de Godoy.
Falta poco para saber si el gobierno logrará, una vez más, quedarse con el control de la administración de justicia. A juzgar por lo ocurrido con Mario Godoy, ese objetivo parece ser de extrema importancia para el Ejecutivo, incluso por encima del costo que ello implique para la imagen del propio gobierno. Ahora solo queda esperar.
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