El golpe en el Consejo de la Judicatura se completará en carnaval

Alexandra Villacís es la suplente que debería sustituir a Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura en caso de que éste llegara a ausentarse de manera temporal o definitiva. Sobre eso no hay disputa. Sin embargo tiene un problema: no responde a Fausto Jarrín, operador judicial de Carondelet; ni pertenece al grupo de Fabián Fabara y los demás miembros del Consejo, que secundan a Godoy; ni recibe órdenes del Gobierno. Además, es una abogada de brillante trayectoria académica y probidad notoria, lo cual parece inhabilitarla para el cargo: desentonaría. Y como esta semana, tras concluir su atropellada defensa en el juicio político que se le sigue en la Asamblea por sus relaciones con el narcotráfico, Godoy pidió licencia sin sueldo por cinco días, era imprescindible quitársela del medio. Eso es exactamente lo que hicieron.

El golpe que, con disimulo y nocturnidad, perpetraron los integrantes del Consejo de la Judicatura este martes 10 de febrero a la una de la mañana, bajo el claro liderazgo de Fabián Fabara, es sólo una parte de un operativo más amplio que involucra a organismos tan disímiles como el Ministerio del Trabajo, el Servicio de Rentas Internas y el Consejo de Participación Ciudadana (cuyo papel aún está por cumplirse), todos actuando en complicidad y concertadamente.

La Judicatura y el supuesto impedimento de Alexandra Villacís

Lo que hicieron con Villacís fue inventársele un impedimento: una inexistente deuda con el Servicio de Rentas Internas que este organismo reportó al ministerio del Trabajo pero no hizo constar en sus propios registros, en los que Villacís siempre figuró con todas sus obligaciones tributarias al día. El ministerio, sin embargo, emitió un certificado de inhabilidad para desempeñar cargo público. Un error administrativo providencial que obligó a la legítima suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura a emprender un trámite burocrático en ambos organismos que necesariamente iba a durar más de lo que Fabara tardara en organizar una sesión de medianoche.

No hay que olvidar que Fabara debe al combo gubernamental un favor impagable: él tenía un proceso irrevocable de destitución de la Función Judicial por error inexcusable en un caso de violencia sexual, pero Godoy lo dejó dormir un año en los archivos hasta que caducara. Una vez caducado, el bloque oficialista de la Asamblea lo propuso para el Consejo de la Judicatura. El CPCCS no admitió impugnaciones.

Con inusitada diligencia, los cuatro consejeros de la Judicatura se autoconvocaron para nombrar un reemplazo de Godoy en el familiar horario de las 12:15 de la noche, con el fin de resolver el problema de la inhabilidad de Villacís antes de que el ministerio del Trabajo la habilitara. El honor recayó sobre un estudiante de Derecho: Damián Larco. No cualquier estudiante de derecho, por cierto: uno que fue director del SRI en la época en que el grupo Noboa evaporó su deuda por más de 90 millones de dólares. En la página del Consejo de la Judicatura Larco consta como “Abogado de los tribunales de la República (cursando la carrera)”. Tal cual. Con un palmo de narices.

Andrés Fantoni y el rol clave del Consejo de Participación

Pero lo verdaderamente problemático es la jugada paralela en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ocurre que el director nacional de la Judicatura, Jorge Maruri, ni bien se enteró de la inhabilidad que pesaba sobre Villacís (¿se lo comunicaron por oficio?, ¿se lo chismearon?, ¿ya se lo habían anticipado y se lo estaba esperando?) remitió un oficio al presidente de ese organismo, Andrés Fantoni (autoridad nominadora de los integrantes del Consejo de la Judicatura) en el que le solicitaba nombrar a un remplazo para Alexandra Villacís. Ni corto ni perezoso, Fantoni (que milagrosamente amasó su primer millón de dólares con su sueldo del CPCCS, como reveló ayer este Diario) anunció que hoy, miércoles, enviaría a la Corte Nacional de Justicia el pedido de nombrar una nueva terna. La pelotita quedará, entonces, en la cancha de Marco Rodríguez, presidente de ese tribunal.

Lo de Maruri, el director de la Judicatura, es una arbitrariedad impresentable. La ley estipula claramente que el mecanismo de selección para reemplazar a un integrante del Consejo, sea titular o suplente, sólo puede ponerse en funcionamiento cuando su ausencia o su inhabilidad ha sido oficialmente reconocida como definitiva. Y este no es el caso: la inhabilidad que le montaron a Villacís es temporal y perfectamente subsanable. De hecho, la misma tarde del lunes el SRI le extendió el certificado de cumplimiento tributario, en el que se lee claramente que “no registra deudas en firme”.

“Solicitaré (a Maruri) explicaciones inmediatas sobre esta actuación inconsulta”, tuiteó Fabian Fabara la tarde del viernes, fingiendo sorpresa e indignación. Sin embargo, cuando llegó la sesión de medianoche, matizó esta declaración diciendo que lo hará otro día. “En una próxima sesión”. Hasta mientras, todo el proceso de reemplazo en el CPCCS estará en marcha.

En el horizonte, un providencial feriado de Carnaval, fecha propicia para manipulaciones políticas de todo tipo. No parece una casualidad que los cinco días de licencia de Mario Godoy concluyan precisamente el viernes. Con los cuatro del feriado, el Consejo de la Judicatura, el CPCCS y el ministerio del Trabajo tienen nueve para completar la ejecución del plan que tramaron en su conjura. Porque es muy probable que Mario Godoy no vuelva a su despacho sino que presente su renuncia durante el feriado, acogiendo el consejo presidencial de dar un paso al costado luego de defenderse ante la Asamblea. Para el gobierno es absolutamente imprescindible que su reemplazo esté a su mismo nivel: bajo rasante. Está claro que Alexandra Villacís no puede ser titularizada. La única posibilidad de que esta conspiración fracase se encuentra en la Corte Nacional de Justicia y se llama Marco Rodríguez.

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