Caso Goleada: Fiscalía no comparece y Tribunal declara fallida la audiencia
La Fiscalía no compareció a la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otras cuatro personas
La audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otras cuatro personas no pudo instalarse este lunes 2 de marzo debido a la inasistencia de la Fiscalía General del Estado. El fiscal Dennis Villavicencio no compareció ante el Tribunal Anticorrupción ni presentó escrito alguno para justificar su ausencia, lo que generó cuestionamientos durante el desarrollo de la diligencia.
Tribunal declara en abandono el recurso
Ante este escenario, el Tribunal Anticorrupción resolvió declarar en abandono el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y, en consecuencia, dio por fallida la audiencia. La decisión implica que el pedido presentado por el ente acusador no fue sustentado en la diligencia convocada, dejando sin efecto el trámite previsto para revisar la medida de prisión preventiva en esta instancia.
Defensa cuestiona actuación de la Fiscalía
Carlos Soria, abogado de Pablo Pita en el caso conocido como Caso Goleada, criticó la ausencia de la Fiscalía en la audiencia. Señaló que este hecho evidenciaría un tinte político en el proceso penal. Además, explicó que, en el caso de su defendido, la Fiscalía ya no podrá insistir en la prisión preventiva, pues el recurso fue declarado en abandono.
También cuestionó la falta de comparecencia del ente acusador. “Como profesional del derecho, no se puede aceptar que el ente persecutor, quien tiene a cargo la persecución penal, no se presente a una audiencia convocada por la Corte Provincial de Pichincha”, expresó.
Dijo que se espera que la Fiscalía justifique su inasistencia. Asimismo, se insistió en que “la política no puede seguir siendo judicializada en los tribunales”, en referencia al impacto que este proceso ha generado en el debate público.
¿Qué es el Caso Goleada?
El Caso Goleada es un proceso penal impulsado por la Fiscalía General del Estado orientado a desarticular una presunta red vinculada a delitos de carácter económico, entre ellos lavado de activos y delincuencia organizada. La investigación se centra en posibles irregularidades en la comercialización de combustibles y en transacciones financieras que habrían generado un perjuicio económico al Estado.
Entre los procesados constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano Antonio Álvarez y otras personas relacionadas con actividades empresariales del sector de combustibles. La defensa ha sostenido que se trata de un caso con motivaciones políticas, argumento que ha sido rechazado por el ente acusador.
Los antecedentes de la investigación
El 8 de octubre de 2025, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en inmuebles vinculados a Aquiles Álvarez, dentro de una causa por presunto lavado de activos. En esas diligencias se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación derivada de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), considerado el punto de partida formal del proceso.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, se realizaron operativos simultáneos en Guayaquil y Samborondón que dejaron once personas aprehendidas. Durante los allanamientos se decomisaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentos que, según la Fiscalía, sustentarían la hipótesis de un entramado societario destinado a desviar combustibles subsidiados y ocultar flujos financieros irregulares.
Formulación de cargos y medidas cautelares
El 11 de febrero de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. El juez dispuso prisión preventiva para cinco procesados, incluido Aquiles Álvarez; presentación periódica y prohibición de salida del país para otros cinco; y arresto domiciliario para un procesado adicional.
Con esta decisión, el proceso ingresó a la etapa de instrucción fiscal por 90 días, periodo en el que la Fiscalía profundiza el análisis de pruebas financieras, societarias y tecnológicas para sustentar una eventual acusación formal.
Estado actual del proceso
Tras la audiencia fallida de apelación, la causa continúa en fase de instrucción fiscal y se mantienen vigentes las medidas cautelares dictadas por el juez. De acuerdo con la normativa penal vigente, el delito de delincuencia organizada puede acarrear penas de hasta 30 años de privación de libertad, en caso de una eventual sentencia condenatoria.
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