Godoy habla sobre impedimento legal de Villacís: "Tenía una prohibición para ejercer"

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), aseguró que Alexandra Villacís (vocal suplente del CJ  tenía un impedimento legal para ejercer un cargo público, lo que motivó una sesión administrativa para aplicar un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial. La explicación la dio en una rueda de prensa tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

“De lo que conozco, tenía un impedimento para ejercer cargo público”, afirmó Godoy, al referirse a la situación de Villacís. Según explicó, este escenario obligó a activar un procedimiento interno para garantizar la continuidad institucional mientras se resolvía la titularidad del cargo.

El titular de la Judicatura indicó que, por esta razón, se convocó a una sesión para designar una presidencia temporal. “El día de ayer se realizó una sesión para aplicar un artículo que está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial”, sostuvo ante los medios.

Sesión administrativa y aplicación del Código de la Función Judicial

Godoy explicó que la sesión permitió nombrar a una presidenta encargada hasta que asuma el titular correspondiente. Aclaró que se trata de un mecanismo previsto en la normativa vigente y no de una decisión discrecional tomada de forma improvisada.

En ese contexto, rechazó que exista irregularidad o falta de transparencia en el proceso. “No hay nada oscuro en la situación de cómo se da todo lo que ocurrió ayer”, manifestó, en respuesta a las críticas surgidas tras conocerse el cambio temporal en la Presidencia.

El presidente del Consejo de la Judicatura enfatizó que todas las decisiones adoptadas se basaron en informes técnicos y procedimientos administrativos internos, los cuales son obligatorios antes de cualquier convocatoria o resolución.

Notificación a Villacís y derecho a presentar descargos

Godoy señaló que Alexandra Villacís fue notificada formalmente para que ejerza su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo. “También se le notificó a la señora, la doctora Villacís, para que presente los descargos y pueda asumir el cargo”, explicó.

Pidió que el caso no sea abordado desde una lógica de estigmatización, ya que se trata de un trámite que aún se encuentra en desarrollo. Según dijo, el objetivo es resolver la situación conforme a la ley y respetando el debido proceso.

El titular de la Judicatura insistió en que los procedimientos administrativos no son inmediatos y deben cumplir plazos y formalidades establecidas, especialmente cuando se trata de cargos de alta responsabilidad institucional.

Licencia sin sueldo y ausencia en el procedimiento

Godoy también aclaró que no participó directamente en el procedimiento, ya que se encontraba en uso de una licencia sin sueldo previamente planificada. “El que yo tomé una licencia es algo que ya lo tenía pensado, es una licencia sin sueldo, es una figura que está establecida en la ley”, afirmó.

Indicó que se enteró de los hechos ocurridos durante la sesión a través de redes sociales, debido a que el trámite debía ser asumido por la persona suplente. “Yo me enteré ayer por redes sociales porque es un procedimiento administrativo interno”, señaló. Según explicó, al estar en licencia, su conocimiento se limita a la información registrada durante la jornada del día anterior, sin intervención directa en las decisiones adoptadas.

Horario de la sesión y tiempos de convocatoria

Ante los cuestionamientos por el horario nocturno de la sesión, Godoy explicó que las convocatorias deben respetar tiempos mínimos establecidos en la normativa interna. Estos plazos dependen de la elaboración y validación de informes técnicos.

“Las sesiones tienen un tiempo mínimo de convocatoria y eso también implica que se hagan en ciertas horas”, sostuvo. Añadió que ningún proceso puede ejecutarse sin que previamente existan informes técnicos debidamente desarrollados.

Finalmente, reiteró que la legalidad del procedimiento podrá ser evaluada con base en esos informes y en la normativa vigente, subrayando que el objetivo fue garantizar la continuidad institucional del Consejo de la Judicatura.

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