Caso millón en Quito: expertos cuestionan mensaje del ministro Reimberg

Más de un millón de dólares apareció el 20 de marzo de 2026, durante un operativo de la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, en el subsuelo del edificio World Trade Center, en el norte de Quito. Mientras esta suma en efectivo genera preocupación en varios sectores, el titular del Ministerio del Interior, John Reimberg, ha descartado alertas.

En una entrevista televisiva, el funcionario afirmó que hasta ahora no existen indicios que vinculen al propietario del dinero con actividades ilícitas. Sin embargo, reconoció un comportamiento inusual y sostuvo que esta práctica resulta frecuente en el sector, ya que “muchos de los nuevos mineros tienden a manejar estas cantidades en distintos lugares”.

Cuestionamientos desde la seguridad y la política

Para el exministro del Interior y excomandante general de la Policía, Patricio Carrillo, estas declaraciones resultan apresuradas y afectan al Estado. Advierte que no es habitual acumular grandes sumas de dinero en efectivo fuera del sistema bancario, menos aún bajo las actuales condiciones de seguridad que enfrenta Ecuador.

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Asimismo, Carrillo sostiene que, aunque se considere lícito el origen de los fondos y se aleguen retiros sostenidos en el tiempo, la intencionalidad genera dudas. Añade que, más allá de los registros o documentos que se presenten en el ámbito judicial, detrás de esa práctica podría existir, al menos, una evasión fiscal.

Alertas tributarias y vacíos de control

El experto en seguridad Jean Paul Pinto señala que en este caso existe un evidente problema tributario que el ministro John Reimberg no considera. A su juicio, el Servicio de Rentas Internas debería intervenir, ya que se trata de fondos que, aparentemente, no pagan impuestos.

“Así los fondos sean legales, existe una actividad irregular detrás”, sostiene Pinto, al advertir que, al no estar bancarizados ni declarados, esos recursos no tributan. Añade que el artículo 23 de la reforma tributaria promulgada por el presidente Daniel Noboa en diciembre de 2023 establece que, para operaciones superiores a $ 500 sujetas a impuestos, se debe utilizar obligatoriamente el sistema financiero.

Además, el Gobierno ecuatoriano emitió el reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, que prohíbe el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a 10.000 dólares. La normativa también establece controles estrictos sobre los movimientos financieros de las personas políticamente expuestas.

Críticas al mensaje y a la ética pública

Por ello, el exministro del Interior sostiene que las declaraciones de Reimberg proyectan la idea de que la inmoralidad y la ética pública pierden relevancia si existen cercanías con el poder que brinden protección. Recalca que la gestión pública no solo debe sostenerse en criterios técnicos, sino que también tiene la obligación de rendir cuentas.

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Carrilo recalca que la gestión pública no solo debe sostenerse en criterios técnicos, sino que también tiene la obligación de rendir cuentas. Advierte, además, que este mensaje proyecta que la inmoralidad y la ética pública pierden relevancia cuando existen vínculos de cercanía con el poder que ofrecen protección.

Señalamientos sobre selectividad e impunidad

Con ese criterio coincide el experto en seguridad Andrés Williams, quien sostiene que este accionar responde a una lógica de invisibilización de posibles casos de lavado de activos cuando involucran a personas cercanas al poder. En contraste, advierte que las autoridades intensifican el escrutinio sobre actores considerados opositores y añade que varios indicios apuntan a vínculos del propietario de la bodega con el entorno de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura.

Por ello, Williams asevera que “en el país se ha instalado un sistema de necropolítica, donde la impunidad forma parte de esta lógica”. Añade que este esquema se sostiene porque las fuerzas del orden no atacan la economía criminal ni priorizan controles en el sistema financiero y los puertos; por lo que “lo que se hace frente al crimen organizado es un espectáculo”.

Impacto institucional y dudas sin resolver

Por otra parte, el experto advierte que esta situación no solo erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad del Estado, sino que también desmoraliza a los miembros de las fuerzas del orden, que enfrentan tanto a un sistema de justicia que a veces libera a delincuentes, como a decisiones del propio Gobierno. Sostiene que el ministro, en la práctica, terminó por enviar un mensaje de impunidad.

En conjunto, Jean Paul Pinto sostiene que el caso evidencia un manejo inadecuado de los protocolos y de la ley, así como una falta de rigor profesional en estos asuntos. Añade que el ministro intenta justificar la operación, pero aún no existe claridad sobre el origen lícito de esos fondos.

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