Pensiones del IESS en Ecuador: claves para entender el déficit y sus consecuencias

El sistema de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una presión financiera creciente que se arrastra desde hace más de una década. Hoy, los aportes de los afiliados ya no alcanzan para cubrir el pago anual de pensiones, obligando a depender cada vez más del Estado y de las reservas acumuladas.

La situación se agrava porque la transferencia estatal tampoco cubre completamente el faltante. Esto ha empujado al sistema a retirar recursos del fondo de inversiones administrado por el Biess, reduciendo el colchón destinado a las pensiones futuras.

Cada año sin reformas amplía la brecha entre ingresos y gastos, reduciendo el margen para aplicar ajustes graduales y elevando el riesgo de medidas más severas en el futuro.

El gasto crece mucho más rápido que los ingresos

Las proyecciones señalan que en 2026 habrá 840.456 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando existían 403.668 pensionistas, la cifra prácticamente se duplicó.

Este aumento impacta directamente en el gasto anual: para 2026 se estima un desembolso de $7.552 millones, lo que implica un crecimiento de 130% frente a 2016 y de 9% respecto a 2025.

El problema central es que los aportes avanzan lentamente. Para 2026 se proyectan ingresos por $3.437 millones, apenas $111 millones más que el año anterior, mientras el gasto subirá $633 millones. La brecha actual entre ingresos y egresos alcanza $4.281 millones.

El punto de quiebre llegó hace más de diez años

El desequilibrio no es nuevo. El quiebre ocurrió en 2014, cuando por primera vez los aportes dejaron de cubrir las pensiones. Ese año se recaudaron $2.366 millones y se pagaron $2.469 millones en jubilaciones.

Desde entonces, el gasto ha crecido de forma sostenida y más acelerada que los ingresos, generando una dependencia estructural del financiamiento estatal.

El número de afiliados activos tampoco ha crecido como se esperaba. A marzo de 2026 se registraban 3.541.237 afiliados, una cifra similar a la de 2016. Incluso es menor que la de diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 3.795.347.

Mercado laboral estancado y alta informalidad

El estancamiento del empleo formal explica gran parte del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado llegó a 37,1% en febrero de 2026, una variación mínima frente al año previo.

Además, el 51,8% de trabajadores está en la informalidad, sin RUC ni afiliación al seguro social. Esto reduce la base de aportantes y limita el crecimiento de ingresos del sistema.

A pesar de campañas para atraer afiliados jóvenes con aportes más bajos, el número total de asegurados no ha logrado despegar.

El Estado y las reservas sostienen el sistema

La ley establece que el Estado debe cubrir el 40% de las pensiones. Para 2026, el IESS solicitó $3.052 millones, pero el Presupuesto General solo contempla $2.807 millones dentro de un subsidio total de $3.271 millones.

Para cubrir la diferencia, el sistema recurrirá nuevamente a sus reservas: la desinversión prevista alcanza $1.407 millones.

Si las transferencias estatales resultan menores a lo previsto, el retiro de fondos podría ser aún mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema y reduciendo la capacidad del banco de invertir y generar rendimientos.

Reformas pendientes y presión política

La necesidad de una reforma integral es ampliamente reconocida, pero las propuestas no se han concretado. En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión presentó un plan que proponía transiciones graduales sin afectar a jubilados actuales.

Sin embargo, el retraso en la implementación de cambios estructurales agranda el déficit año tras año y reduce la posibilidad de aplicar ajustes progresivos.

Mientras más se posterguen las reformas, mayor será la probabilidad de que las medidas futuras sean más drásticas.