Angustia eléctrica
Los apagones en Ecuador no se superarán sin hacer cambios legales que permitan la inversión en generación, transmisión y distribución, y eliminen privilegios

Además de las acciones del Gobierno, es necesaria la cooperación de todos los ciudadanos e instituciones públicas y privadas para superar la crisis eléctrica.
Se justifica la angustia de los ciudadanos por los súbitos y frecuentes apagones que sufren algunos sectores del país. No se puede borrar el fatídico recuerdo de casi tres meses de apagones que duraban más de 12 horas diarias a fines del 2024 y principios de 2025. Sus efectos fueron terribles para el país y para muchos negocios y hogares ecuatorianos. Y aunque las autoridades han asegurado repetidamente que no habrá nuevos apagones, los usuarios temen que, pese a los anuncios, ocurran nuevos cortes de energía.
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La situación del sector es dramática: no se han concretado suficientes centrales de generación frente al crecimiento de la demanda, que se estima entre 400 y 500 Mw al año. No se habrían realizado acciones concretas para superar deficiencias en las redes de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y, muy importante, no se han adoptado medidas estructurales indispensables -como el mercado mayorista y la eliminación del límite de potencia– para hacer posible la participación de empresas privadas.
Corregir el subsidio y eliminar tratamientos especiales
Según el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, entrevistado en Radio Platino el 8 de este mes, la diferencia entre el costo de generación y distribución de energía eléctrica y lo recaudado por su venta es de entre 600 y 1.000 millones de USD al año. Esa diferencia es el subsidio que asume el Estado, que habrá que corregir para asegurar un desarrollo sostenible del sector.
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Será necesario eliminar el tratamiento especial a las empresas mineras que tienen un muy alto consumo de energía. Así, según el mismo profesional, una minera demanda entre 120 y 140 Mw. mientras la ciudad de Loja, por ejemplo, demanda 20 Mw.
Las barcazas deberían contratarse para superar emergencias, pero se prevé que se mantengan hasta 2028.
Lo anterior exige dejar de lado el reclamo y la censura a las autoridades, que nada aporta a la solución del problema, y asumir una actitud de cooperación de todos los ciudadanos e instituciones públicas y privadas para, en esfuerzo conjunto, superar esta gravísima situación.