Noboa convoca consulta sin dictamen previo y pone al CNE bajo presión

Se saltó la Corte Constitucional (CC), eso es un hecho. Ahora todos tienen la mirada puesta en el Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Qué hará esta institución? ¿Qué rol deberá o tendrá que jugar?

“No debe jugar ningún papel”, subraya el analista electoral Alfredo Espinosa. A su criterio, al actuar sin un dictamen de la Corte y solo por una disposición del presidente de la República, estaría incumpliendo la Constitución.

Es más, el abogado Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de las Américas, sostiene que si el CNE fuese respetuoso del orden constitucional, no tendría que dar paso a este pedido. ¿Por qué? Porque el órgano electoral, en ninguna circunstancia, tiene la posibilidad de convocar a elecciones sin que la Corte Constitucional haya aprobado la pregunta de convocatoria a una Constituyente.

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¿Qué dispuso Daniel Noboa?

Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 148, notificó y dispuso al CNE que convoque a una consulta popular para que el electorado se pronuncie afirmativa o negativamente sobre: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es posteriormente aprobada por las y los ecuatorianos en referéndum?”.

Aunque para esto Noboa se estuviera amparando en el artículo 444 de la Constitución, el artículo 104 de la misma norma establece que “en todos los casos (de consulta popular), se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”, analiza Espinosa. Además, lo ratifican el numeral 6 del artículo 436 y el numeral 2 del artículo 438.

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¿Qué debería hacer el órgano electoral?

Por ello el abogado Daniel González, experto en Derecho Constitucional, analista electoral y docente de la Universidad Casa Grande y de la Universidad Internacional del Ecuador, cree que el CNE debería devolverle al presidente el Decreto Ejecutivo N.º 148, porque ha obviado un paso. “Un paso sumamente importante y que es de cumplimiento”. El mismo que ha sido divulgado a través de la cuenta de X del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.

Y es que aunque el presidente tiene la potestad de convocar a una consulta, “y eso no está en duda”, tiene que seguir el debido proceso. No violar la carta magna por una pugna que existe entre el Ejecutivo y la Corte, “la cual la ha iniciado el Ejecutivo”, recalca González.

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¿Y si no lo hace?

Ahora, si el CNE omite la Constitución, este estaría actuando con abrogación de funciones, aclara González, por lo que espera que la entidad electoral actúe de una manera que garantice el estado democrático. Aunque este organismo ya tiene un antecedente de destituir a quienes rechacen la convocatoria, recuerda Espinosa.

“El CNE, al declararse máxima autoridad para la organización de una elección, podría enviar su casa a todo aquel que interfiere en el proceso”, como lo hizo en 2007 el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, a un grupo de legisladores, expone Espinosa.

Sin embargo, el jurista López aclara que, en un proceso electoral, el CNE es la mayor autoridad solo en materia electoral, por lo que “no tiene ninguna injerencia dentro de otras funciones del Estado, ni dentro de procedimientos claramente establecidos en la Constitución”.

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¿Cómo se aprecia el escenario por el que atraviesa el país?

A criterio de López, lo que “aquí estamos viendo es el afán autoritario de un presidente de la República que no observa ni respeta la carta magna. Pero si no la cumple, ¿para qué quieren otra Constitución?”.

Lo secunda González, quien añade que la Constitución “no es una norma secundaria, que se la puede reformar en cualquier momento y hacer lo que nos dé la gana”, por lo que sostiene que el CNE debe respetar los trámites que indica la ley. Solo así todos los parámetros podrán ser revisados y contar con un control de constitucionalidad.

Por ello, el abogado González cree que lo que cabe ahora es que cualquier ciudadano demande ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.º 148. Y a su vez, pedir una medida cautelar de suspensión de su ejecución.

Pero eso va a tomar tiempo, advierte López. Hasta eso, el CNE podría comenzar a organizar el proceso, dice.

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En análisis

• Ahuyenta: Para el penalista Pablo Encalada, las Asambleas Constituyentes no han servido para que el país dé el salto al desarrollo. Eso resta atractivo: muchos evitan invertir en un país donde a cada rato cambian las reglas de juego.
• No sirve: El abogado y politólogo Arturo Moscoso señala que las Constituciones no son herramientas mágicas que van a cambiar nuestra realidad ni solucionarán los temas estructurales: corrupción, pobreza, desempleo, educación deficiente.
• Cambios: En 195 años, el país ha tenido 20 Constituciones. Estas, en promedio, han durado 9,7 años. La CC señala que “la inestabilidad constitucional no ha resuelto, por sí misma, los déficits de gobernanza, confianza y resultados”. Por otro lado, estima que esto costará $200 millones.

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