Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

En diciembre 2025, una alerta ciudadana que se viralizó en redes sociales evidenció que una concesionaria construyó una infraestructura para exhibir vehículos sobre la acera de las avenidas Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, en el norte. El caso obligó a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) a informar que, desde el 26 de agosto, ha colocado sellos de clausura, que han sido retirados de forma reiterada. El episodio trae al debate la eficacia de los controles municipales.

Frente a las críticas, por el débil accionar de las autoridades, que se limitan a colocar “papelitos”, como dijo el concejal Wilson Merino, EXPRESO buscó a Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC. Explicó que son el ente municipal encargado del control y sanción de infracciones previstas en el Código Municipal. 

Sin embargo, así como la Fiscalía debe verificar que una persona robó un celular, siguiendo un procedimiento, la AMC -aclaró- debe “seguir el debido procedimiento administrativo sancionador, según dicta el Código Orgánico Administrativo, que rige en todo el Ecuador.

Para imponer una sanción, así como se garantiza la presunción de inocencia de un procesado por delito de robo, pero con pruebas se llega a una sentencia, dice Chiriboga, la AMC sigue procedimiento sancionador. Hasta llegar a una resolución, hay pasos. Además, el infractor inclusive puede acudir al Contencioso Administrativo para evitar la sanción.

¿Se debería derrocar la infraestructura levantada sobre la acera por la concesionaria?

¿Por qué no derrocan en este caso de la concesionaria, si la infraestructura levantada interrumpe la circulación de ciudadanos, en la acera? “Vulneraría el debido proceso, haría una ilegalidad y me traería consecuencias institucionales por arrogación de funciones que no tengo”, responde Chiriboga.

Falta una alcaldía fuerte, con cero tolerancia a infracciones

María Elena Rodríguez, del Cabildo Cívico de Quito, pide superar el tema legalista. Sí, admite, si se van solo por lo administrativo, seguramente el caso se podría quedar mucho tiempo en los tribunales. Para ella es crucial responder ¿por qué se permitió que se construya sobre la vereda en una avenida principal de la ciudad?

“Se le permitió a una concesionaria transgredir el espacio público”, comenta y señala a la Entidad Colaboradora, del Colegio de Arquitectos de Pichincha, que con acreditación del Municipio, revisa y certifica que los proyectos de construcción cumplan con las normas.

María Elena Rodríguez recuerda que en la ciudad existe un Plan de Movilidad Sostenible, que establece derechos del peatón. “Nadie debe bloquear la caminabilidad de las personas”. También reclama la falta de una alcaldía fuerte que se pronuncie públicamente y diga que no permitirá esas infracciones, que telefonee al gerente de la concesionaria, por ejemplo. “Pero caemos en el círculo vicioso legalista, cuando ese local debería mantenerse cerrado, pero solo ponen el sticker (en referencia al sello de clausura)”.

La AMC de Quito dice que solo puede hacer esto:

En torno a eso, desde la AMC se sostiene que el artículo 180 del Código Administrativo prevé medidas provisionales de protección, mientras dura la investigación: secuestro o retiro del objeto; retención, prohibición de enajenar, clausura del establecimiento, suspensión de actividad, retiro de productos, documentos, desalojo de personas, limitaciones o detenciones de acceso. En algunos casos, para desalojar, por ejemplo, requieren autorización del juez.

Ciudadanos creen que la Agencia Metropolitana de Control solo se excusa

Para Ricardo Buitrón, también del Cabildo Cívico de Quito, todo suena a excusa. Le parece sencillo hacer que sobre cualquier norma prevalezca el interés público. 

“La concesionaria necesitaba esos 50 cm de la vereda para exhibir los autos. En una vía vehicular jamás harían eso. La Entidad Colaboradora jamás debió permitir eso. Todas las autoridades se lavan las manos, nos acostumbramos a que actúen sobre hechos consumados”. Y apunta que gracias a la presión ciudadana, que llevó el caso al Ministerio de Cultura, se suspendió la construcción de tres pisos en Guápulo.

El divorcio entre entes de control: Michael Aulestia

El edil Michael Aulestia anota que el problema surge en los concejos metropolitanos, desde el 2008, que decidieron colocar demasiada regulación en el Código Municipal. Y decidieron encargarle esa tarea a la AMC. “No cumplen con sus facultades por la falta de capacidad operativa”.  

La entidad cuenta con 50 personas, para control de comercio autónomo y calles en todo el distrito; 25, para inspección de construcciones; otras 25, para control de quebradas, publicidad y fachada y veredas, precisaron a este Diario.

Además, Aulestia detecta un divorcio entre la AMC y las administraciones zonales. Estas últimas, dice, fomentan el desorden con ferias de comerciantes autónomos en calles del Centro, por ejemplo. Otro problema que identifica es que las entidades colaboradoras del Colegio de Arquitectos y la Entidad Colaboradora no siempre son rigurosos al emitir certificados de conformidad. 

“Han traído dificultades a la municipalidad, como en el caso de la pista de patinaje en Cumbayá, a la que le dieron permiso y el uso del suelo no permitía implantar ese negocio. La Zonal Tumbaco tuvo que clausurar la obra”.

En esa línea, en el caso de la concesionaria, Michael Aulestia considera que no se debió afectar el espacio público. El concejal lamenta la falta de complementariedad entre las entidades municipales.

Contexto

La AMC acudió a la Fiscalía para que se sancione a concesionaria de autos por romper sellos de clausura. E investigan si el “diente” del terreno pertenece al área pública o privada.

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