Moradores y dueños reclaman respuestas por construcción paralizada en Guápulo
Moradores y propietarios siguen a la espera de una resolución que determine el futuro de la construcción
Cubierta por mantos verdes rasgados y con un cartel que anuncia “Obra Suspendida. Ministerio de Cultura. Abril 2025”, así luce hoy la construcción de tres pisos en Guápulo que desató un conflicto urbanístico y patrimonial que ya supera el año.
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La estructura, levantada a pocos metros del convento, fue primero clausurada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y luego suspendida por el entonces Ministerio de Cultura, que argumentó que el proyecto afectaba “la morfología urbana, el paisaje histórico y los valores patrimoniales” del barrio, parte del Área de Conservación Patrimonial de Quito.
Dueños preocupados por créditos y pérdidas económicas
Lo que iba a convertirse en un edificio familiar permanece ahora abandonado, con lonas rotas y accesos vulnerables. Mientras tanto, los propietarios y los vecinos esperan que el Municipio emita una resolución definitiva sobre el futuro del predio.
EXPRESO conversó con Laila Samuelsson, dueña del predio, quien asegura que la clausura fue “injusta”. Según explica, el trámite para obtener los permisos municipales y la aprobación de planos tomó dos años, y la construcción se ejecutó conforme a lo autorizado.
Samuelsson cuenta que el edificio estaba pensado como un proyecto familiar: departamentos de 165 m² para sus dos hijas que viven en Europa y para ella y su esposo, quienes llevan más de 30 años residiendo en Guápulo. “Hicimos todo conforme a la línea de fábrica. Si el Municipio dio autorización para tres pisos, no entiendo por qué después nos clausuran”, afirma.
El proceso, sostiene, ha sido devastador en lo económico y emocional. Tomaron un préstamo de alrededor de $ 150.000 para levantar las losas y reforzar la estructura. “Hemos trabajado toda la vida. No pedimos nada más que nos dejen terminar nuestra vivienda”, señala.
Incluso, dice, estaban dispuestos a aceptar una propuesta municipal de reducir la altura: “Nos dijeron que si bajábamos un piso podía haber una salida”. Pero la suspensión del Ministerio cambió nuevamente el escenario.
Una construcción abandonada genera molestias y dudas
Para los moradores, la situación es distinta. Manuela González, habitante del sector, lamenta que la obra permanezca abandonada: “Queríamos evitar exactamente esto: un edificio muerto que rompe con el entorno patrimonial”.
Manuela González
La preocupación no es solo visual. La construcción, sin cerramiento adecuado, ha sido usada como baño público durante festividades y temen que se convierta en refugio de personas en situación de calle o espacio para actividades ilegales.
El Cabildo Cívico también advierte riesgos para la movilidad. La edificación fue levantada a línea de fábrica, lo que -según vecinos- dificulta el paso de vehículos grandes como ambulancias o camiones de bomberos en una vía estrecha y de doble circulación. “Antes ya era complicado, ahora un camión grande simplemente no puede pasar”, relatan.
Además, recuerdan que la estructura se encuentra a apenas siete metros del convento, algo que, según indican, no cumpliría normas patrimoniales.
Tras varias clausuras operativas realizadas por la AMC, fue el Ministerio de Cultura el que dispuso la suspensión definitiva de la obra en abril de 2024. Los propietarios presentaron una acción de protección para revertir la medida, pero esta fue negada por la justicia.
En agosto de ese mismo año, la Comisión de Áreas Históricas -que en un inicio había aprobado el proyecto- retiró su aval y solicitó al Municipio iniciar el proceso de reversión de la licencia. Desde entonces, el expediente no muestra avances claros. “No sabemos en qué parte del proceso está. No hay transparencia”, reclaman los vecinos.
Propietarios señalan afectaciones por la prolongada suspensión
Rocío Bastidas, coordinadora del Cabildo Cívico, afirma que la Administración Zonal Manuela Sáenz no ha ejecutado las disposiciones de la Comisión. Explica que existen tres acciones urgentes: emitir un informe técnico que evidencie el incumplimiento, entablar un proceso de negociación con los propietarios para proceder a la demolición y transparentar todo el trámite administrativo.
Laila Samuelsson
El objetivo de los moradores, sostiene Bastidas, no es únicamente evitar que la obra continúe, sino que el espacio pueda destinarse a un uso comunitario -incluso un pequeño parque- que mejore la movilidad del sector y proteja el paisaje cultural de Guápulo.
Ante esa propuesta, la propietaria del predio, cuestiona que “Guápulo ya tiene un parque, incluso un mirador que ha sido tomado por libadores”, y se pregunta para qué se necesita otro espacio público si el existente también podría terminar deteriorado. Agrega que su familia tenía previsto habilitar una pequeña cafetería en la planta baja para dinamizar el turismo, pero esa idea también quedó descartada tras la suspensión.
Este Diario solicitó información a la Administración Zonal Manuela Sáenz sobre el estado del proceso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
