Noboa cruza todas las líneas rojas y coloca las piezas para un golpe

Daniel Noboa ha dado un paso que, aparentemente, no tiene retorno: abrió sin tapujos y descaradamente el camino para dar un golpe de Estado, mediante un decreto que envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no a la Corte Constitucional (CC) como ordena la Constitución vigente. En ese decreto dispuso al CNE que convoque a una consulta para elegir una Asamblea Constituyente. La decisión de Noboa rompe con la Constitución, que establece que cualquier consulta popular que tenga como objetivo una reforma constitucional por cualquier vía, tiene que pasar por el control constitucional de la CC.

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Según el capítulo de la carta magna sobre la enmienda, la reforma parcial y la reforma constituyente, se establece que es necesario el control de la CC. El artículo 443 determina que en los casos de enmienda, reforma parcial o reforma constituyente, la CC realizará el dictamen previo para la selección de la vía. En el artículo 104, además, se establece que “en todos los casos (de consulta), se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas”.

Frente al decreto enviado por Noboa, la única respuesta apegada al derecho sería que el CNE se declare incompetente para hacer la convocatoria. Sin embargo, si el CNE decide seguir adelante con la pretensión de Noboa, se habrá roto la institucionalidad y se habrá concretado un golpe de Estado. Es decir que, técnicamente, lo que ayer hizo el presidente Noboa fue iniciar un proceso de golpe de Estado.

Curiosamente, la decisión de Noboa llegó pocas horas después de haber convocado a un referendo sobre la implementación de bases militares extranjeras en Ecuador, que fue previamente validado por la Corte, lo que no ocurrió con el Decreto 148 de Noboa enviado ayer directamente al CNE. De hecho, la mañana del viernes 19 de septiembre la CC se había pronunciado diciendo que una asamblea constituyente se puede dar “siempre con respeto a la democracia y bajo el control de la Corte Constitucional”.

En el artículo 3 del documento del presidente también se solicita al CNE que el Estatuto de la Asamblea Constituyente, adjunto al decreto, sea incluido en la papeleta electoral de la consulta popular. En este se indica que la Constituyente duraría 180 días, que podrían ser prorrogados una sola vez por hasta 60 días.

También se indica dentro de los 90 días después del resultado de la consulta, que preguntará sobre el respaldo a la instalación de la Constituyente, que el CNE “aprobará el calendario electoral correspondiente y convocará a elección de asambleístas constituyentes”, según expone el artículo 3 del estatuto.

Noboa propone, además, que la Constituyente esté conformada por 80 asambleístas, distribuidos de la siguiente manera: 52 asambleístas provinciales, 22 asambleístas nacionales y 6 asambleístas del exterior. Asimismo que se aplique el método D’Hondt para la distribución de escaños, lo que quiere decir que las fuerzas mayoritarias se quedarán con la mayor parte de escaños, dejando a las minorías fuera. Eso se traducirá, en virtud del escenario político actual, en que el correísmo y el gobiernismo se queden con la mayor parte de la Constituyente.

La tarde del viernes 19, un grupo de 18 abogados envió a la CC un pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 148.

Las posibilidades que orbitan el pedido de Noboa

¿Qué posibilidades hay de que se concrete el golpe de Estado cuya puerta ha dejado abierta Noboa? Existe una opción que, se conoce, se está cocinando en Carondelet y que tiene un guion así: en el CNE hay la voluntad de apoyar la jugada de Noboa y en virtud de un artículo del Código de la Democracia que dice que en un período electoral el organismo electoral tiene poderes supremos, se enviaría una demanda al Tribunal Contencioso Electoral, organismo que, finalmente, destituiría a los jueces de la Corte Constitucional. Y así se ejecutaría la consulta sin el dictamen de la Corte. Sin embargo esta es, al menos por el momento, una mera especulación que solo merece crédito si se considera la audacia del Gobierno, al haber enviado un decreto groseramente anticonstitucional al CNE.

¿Los vocales de ese organismo se van a prestar para el operativo? La presidenta del CNE, Diana Atamaint, es incondicional de Noboa, le afirmó a este medio un constitucionalista que conoce a ese organismo. Pero la estrategia del Gobierno también podría ser una menos radical y que no implique un golpe de Estado, sino que sea una fórmula para salir de una consulta popular que, se está dando cuenta, podría perder ante su caída de popularidad. 

Enviar un decreto tan groseramente inconstitucional tendría como objetivo que el CNE rechace el pedido, para así poder profundizar el discurso contrario a la CC y al propio organismo electoral, para victimizarse y tratar de ganar simpatías. ¿Cómo? Afirmando que otros poderes del Estado le están bloqueando cualquier posibilidad de reforma para combatir la inseguridad, un reto en el que Noboa ha fracasado estrepitosamente.

Sin embargo, sea cual sea el desenlace, planificado o no, Noboa ha cruzado una línea que podría socavar definitivamente su capital político: abrir la puerta de un golpe de Estado precisamente en un momento en que se engendra una reacción social ante la eliminación del subsidio al gas. Noboa podría perder el crédito de los sectores que lo apoyan en esa medida y quedará sin una opinión pública vigorosa que le defienda ante la arremetida de las protestas, que podrían llegar a ser tan graves como las de 2019 o 2022.

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