Justicia bajo presión: vacíos del Estado para proteger a sus jueces anticorrupción

Los valientes están solos. Ese fue el titular de una columna que hirió de sangre no solo al Consejo de la Judicatura, sino también al sistema de justicia del Ecuador. Sin embargo, el país cada vez demuestra, y con creces, que la corrupción ha calado hasta lo más hondo de lo que debería ser incorruptible: la justicia.

El estallido fue el 17 de diciembre. Un abogado denunció mediáticamente que un juez anticorrupción, Carlos Serrano, había sido presionado por el Consejo de la Judicatura para que favorezca a un narcotraficante serbio. No cedió.

A raíz de eso, y a pesar de que fue amenazado por el procesado, su seguridad fue suprimida. Acto seguido: renunció.

LE INVITAMOS A LEER: Caso Triple A: ¿Para cuándo se postergó la audiencia de juicio?

Jueces anticorrupción en Ecuador

Desde diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, entre ellas la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. Pero fue a partir de diciembre de 2022 que se designó a 14 jueces para la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Cuatrocientos veinticinco abogados postularon para estos cargos.

De ese total, 14 profesionales ganaron el concurso público de oposición y méritos; ellos tienen las competencias para conocer casos relacionados con 44 tipos penales: siete sobre corrupción y 37 sobre crimen organizado. Sin embargo, ante los hechos recientemente difundidos, ¿en realidad se los puede proteger para que no sean corrompidos y su trabajo sea independiente?

“Lastimosamente, no tenemos instrumentos que permitan garantizar una total independencia y autonomía de los jueces”, expresa André Benavides, jurista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador. Esta decepción radica en que, manifiesta el abogado, en el caso de Serrano, las autoridades judiciales, no necesariamente jurisdiccionales, fueron las que hicieron un cierto tipo de acercamientos hacia los juzgadores, incluso con terceras personas.

LE PODRÍA INTERESAR: Autoridades callan ante supuesto cierre vial en Samborondón que involucraría a Noboa

¿Cómo proteger a los jueces anticorrupción?

A pesar de eso, la protección es sí o sí, afirma Efrén Guerrero, abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. “No podemos pensar que el juez es un superhéroe en el escenario en el que vivimos”. No obstante, subraya que la independencia se construye, no se reclama.

Para ello, observa el abogado Stalin Raza, la cultura institucional debe mejorar. “Los actores del sistema de justicia deben tener el convencimiento de que deben dejar a los jueces hacer su trabajo sin temor ni favor”.

Pero eso radica, menciona Benavides, en un tema normativo de política pública, porque los fiscales, al igual que los jueces, deberían actuar sin ningún tipo de presión. Y es que esto, la protección a jueces, enfatiza el abogado Francisco López, catedrático de la Universidad de las Américas, es una competencia exclusiva del Estado y, para ello, debe tener una institucionalidad honesta. “Si no se la tiene, ahí viene el problema”.

LE SUGERIMOS LEER: Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

Aun así, Benavides cree que las universidades, las escuelas de Derecho, deben preocuparse por la formación ética y legal de los profesionales, porque el problema también se centra en el respeto a lo que dice la Constitución y las leyes. Porque “hay jueces que, al final del día, no tramitan las causas, no declaran errores inexcusables; los jueces pillos siguen ahí dictando sentencias; fiscales que no investigan; el Consejo de la Judicatura deja morir procesos disciplinarios, pero en otros procesos, en cambio, mete el acelerador”.

Otras sugerencias para protegerlos

Aparte de ello, el jurista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, aconseja que los despachos de estos jueces deberían ser distintos a los de los jueces comunes. También se podría ejecutar lo que se hace en EE. UU., aunque sería hilar muy fino: a los magistrados se les entregan teléfonos para sus comunicaciones profesionales y estos pueden ser intervenidos; pero esto no se lo podría hacer, ya que la ley solo permite intervenir a una persona por investigación judicial.

LEA TAMBIÉN: Quinto Puente: miradas legales advierten vicios en el proceso

Aunque, dice Guerrero, se debe establecer un mecanismo de control de llamadas telefónicas y de visitas. “Un funcionario público está mucho más expuesto al control público y democrático, de con quién come en sus horarios de trabajo, con quién se reúne en sus horarios de trabajo y qué correos mantiene, inclusive en sus correos personales y sus actividades, porque hay que acumular pruebas”.

Por otro lado, el jurista Raza sugiere que se proteja la identidad de los jueces para evitar las influencias, amenazas o amedrentamientos. Y, aunque algunos objeten esta medida, dice, ya que no se podría garantizar el principio de publicidad de los procesos, el abogado sostiene que “debe debatirse esa idea ante las situaciones extremas que se están viviendo”.

La depuración del sistema urgiría

Sin embargo, para López, no serviría de nada que los jueces tengan protección si en el país siguen existiendo instituciones corruptas, porque, al final del día, a estas no les conviene que un juez honesto haga su trabajo. “Tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura del que se cree que tiene presuntos vínculos con grupos delictivos por haber sido abogado, no por ser miembro de estos. Si hay una persona que tiene interés directo en ciertas causas, ya sea a través de familiares y demás, entonces usted no tendrá jueces que estén tranquilos”, por lo que sostiene que este órgano, primeramente, debe ser depurado.

LE PODRÍA INTERESAR: Cae excomandante de la Policía: Tannya Varela es detenida por presunta filtración

A eso, el abogado Esteban Ron le suma aplicar el “compliance público” en la Judicatura: normas de cumplimiento y prevención de riesgos y anticorrupción. Esto incluiría canales de denuncia anónimos y oficiales de cumplimiento, similar a lo que tienen las ODP (Oficinas de Prevención de Delitos).

Pero que, sobre todo, el juez no se aísle, manifiesta el jurista Efrén Guerrero, porque ese es el mayor enemigo del juez. Para Stalin Raza, los administradores de justicia deben tener valentía y la capacidad de no ser susceptibles a ningún tipo de interferencias. Por lo que “los jueces deben tener la capacidad de tomar sus decisiones y, si hay alguien que quiere interferir en ellas, deben tener la valentía y la capacidad de denunciar por los canales que corresponden”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!