Extraer el interés político para destrabar concursos pendientes en el Cpccs

Cuatro son los concursos que siguen pendientes por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la renovación de las autoridades que se mantienen en funciones prorrogadas. Los motivos son varios.

El que tiene mayor tiempo es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este data de 2021. Lo último que pasó fue que se suspendió el examen escrito, como medida cautelar dispuesta el 12 de septiembre de 2025 por la jueza María Lourdes Guamangate. Luego, en octubre, la acción de protección fue archivada.

Pero ante una posible filtración del banco de preguntas, el CPCCS decidió retrotraer el proceso a la fase previa a la selección de los catedráticos para la elaboración de las preguntas. Para esto, está pendiente de que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso presente un nuevo cronograma.

Otros concursos a la espera

Por otro lado, también está en espera el concurso para fiscal general del Estado. En este, por falta de presupuesto, no se ejecutó el sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección en diciembre. Se espera que se lo haga en enero de 2026.

Para el próximo año también están a la cola los concursos para renovar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y a la del Tribunal Contencioso Electoral. Estos se han estancado en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

Falta de voluntad política 

Ante estas dilataciones, ¿qué acciones deberían ejecutarse para que estos procesos tengan buen término, sin más tardanzas? Primeramente, un real interés político por renovar a las autoridades, estima el analista político y electoral Alfredo Espinosa, porque al poder de turno le conviene que las actuales sigan en sus puestos.

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Por ello, para Gonzalo Albán, exconsejero del CPCCS, estos procesos, más que celeridad, lo que necesitan es generar confianza en la ciudadanía y eso se logra cuando estos concursos son llevados a cabo de manera óptima y respetando el reglamento. “En el momento en que los procesos se lleven de forma correcta, no darán lugar a que exista una intervención, vía acción de protección, de alguna queja de algún participante”.

Para eso, Albán enfatiza que el CPCCS debería ser más transparente, en los canales oficiales, con la información que se procesa en la entidad. De esa forma, la gente estará más atenta, no solo a cuestionar el proceso, sino para estar al tanto de los detalles de cada uno de los pasos en los que se avance.

Participación de otros actores

Adicional a ello, que se convoque a aliados para que den garantías y confianza a todos los procesos. Entre ellos, a profesionales de la academia, para que descarten que haya cálculos políticos y analicen perfiles. También a organizaciones internacionales, como observatorios y veedurías de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos.

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Pero también las organizaciones políticas deberían pronunciarse, estima Alfredo Espinosa. “Ni siquiera los políticos, ni los 15 asambleístas nacionales, ni los partidos de oposición, ni la Revolución Ciudadana reclaman”. De ahí que cree que la ciudadanía debería protestar y rechazar la presencia de las autoridades prorrogadas.

A criterio de Simón Espinosa, exmiembro de la Comisión Anticorrupción, la ciudadanía no podría hacer nada porque no es escuchada. Para él, “todo está en manos de la Asamblea Nacional y del presidente Daniel Noboa, porque son corresponsables de lo que está pasando”.

Investigar al Cpccs

Espinosa sostiene que la Asamblea debe fiscalizar la inacción de los miembros del CPCCS, pero también debe investigar por qué las comisiones ciudadanas se demoran. Y esto debe ser ejercido de manera inmediata, afirma. No debe dilatarse ni prolongarse, como en el caso del juicio político que debe plantearse a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. “No hay respeto a la ley y debe llevarse a un juicio político también a Andrés Fantoni (titular del CPCCS)”.

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Esto debe llegar a que el presidente Noboa decida anular a los miembros del Consejo porque se han tardado con los concursos. “¿Por qué no han podido promover los concursos? Ese grupo no sirve, debe convocar a una nueva elección para reemplazarlos”, sentencia Simón Espinosa.

Por otro lado, Alfredo Espinosa también cree que la Asamblea debe fiscalizarlos e investigar por qué no hicieron bien la planificación presupuestaria, y si hicieron las gestiones pertinentes para que el Ministerio de Finanzas les entregara el dinero, o por qué no fue entregado.

En todo caso, Albán considera que los consejeros deberían trabajar los fines de semana y feriados para que estos cuatro procesos avancen. Asimismo, que comuniquen mejor los requisitos para las postulaciones e insistan para que la gente participe, porque “ese es el trabajo”.

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