Ernesto Albán Ricaurte | Meritocracia o simulación
El debate no debería ser únicamente quién será fiscal. Debería ser también quién evalúa
La Constitución exige que el fiscal general del Estado sea designado mediante concurso público de méritos y oposición. No es un formalismo: el sistema determina que el poder punitivo del Estado no quede en manos de la discrecionalidad política. Por esta razón, el proceso de designación debería regirse por técnica y solvencia profesional.
El debate no debería ser únicamente quién será fiscal. Debería ser también quién evalúa. El diseño constitucional entrega esa tarea al CPCCS y a una Comisión Ciudadana de Selección. La norma no exige que los comisionados tengan el mismo perfil que el fiscal. Jurídicamente, eso es válido. Sin embargo, el problema no es formal, sino funcional.
El concurso implica evaluar trayectoria penal compleja, calificar experiencia judicial, examinar conocimientos jurídicos y resolver impugnaciones con motivación jurídica suficiente. No es una decisión política, es una evaluación técnica. Y aquí el punto crucial: el funcionario que se elegirá es el que concentra el mayor poder en el Estado ecuatoriano. El fiscal decide qué investigar, a quién acusar, qué casos impulsar. Puede afectar la estabilidad de gobiernos, la carrera de autoridades electas y la libertad de particulares. Su capacidad de incidencia institucional es enorme. Por eso preocupa que, en este concurso, varios integrantes de la Comisión de Selección no exhiban, al menos públicamente, una trayectoria técnica acorde con la complejidad del cargo que evalúan. ¿Un concurso de méritos puede sostenerse cuando quienes califican no tienen experiencia comparable con aquello que deben evaluar?
La preocupación no es teórica. En el concurso para vocales del Consejo de la Judicatura se cuestionó que la Comisión no tramitó las impugnaciones ciudadanas a los candidatos, y terminaron designadas personas con serios cuestionamientos públicos. No se trata de exigir que el evaluador sea superior al evaluado, pero sí debería tener capacidad técnica suficiente para evaluar a profesionales especialistas en derecho penal. Se trata de comprender lo que se califica y de actuar con rigor. Porque cuando quienes evalúan no tienen esa capacidad, la meritocracia se convierte en simulación.
