La renovación parcial del CNE se enreda en el CPCCS para lo que resta del 2025
El proceso que inició en 2022 camina hacia otro año más de estancamiento. Renuncias ponen en aprietos a comisión
El 8 de noviembre de 2025, el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió tres años en marcha sin haber logrado hasta ahora su único objetivo: designar a los reemplazos de dos de los cinco vocales electorales.
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Aunque tres años después el concurso estaba a punto de llegar a su final, una serie de imprevistos -entre ellos, renuncias de comisionados ciudadanos- y obstáculos -como la presentación de acciones de protección- han trastocado el proceso, que incluso ya se encuentra en etapa de oposición, pero sin fecha definida.
Los inconvenientes que ha enfrentado el proceso
La última serie de problemas se desencadenó el 12 de septiembre de 2025, cuando la jueza María Lourdes Guamangate, de Quito, dispuso la suspensión del examen escrito del concurso como medida cautelar dentro de una acción de protección presentada en contra del proceso de renovación parcial.
Aunque días después, el 17 de octubre de 2025, la jueza Guamangate archivó la acción de protección por desistimiento del denunciante, los inconvenientes para el concurso continuaron: varios integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección abandonaron el proceso.
En concreto, el 22 de octubre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) conoció la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de culminar la delegación de María Soledad Saltos Enríquez ante la Comisión Ciudadana, y dispuso a la Función Electoral remitir nuevos delegados. A esto se suma la insistencia del CPCCS a la Función Judicial para que también envíe los nombres de sus dos representantes.
Posteriormente, el 27 de octubre de 2025, Jhon Jairo Silva Gorozabel, quien venía presidiendo la Comisión Ciudadana, presentó su renuncia al cargo. La Comisión no pudo designar a su reemplazo en la última sesión, realizada el 5 de noviembre de 2025, por falta de quórum, según denunció la vicepresidenta del cuerpo colegiado, Erika Bastidas.
¿Qué dice Fantoni?
Aunque el Pleno del CPCCS ha solicitado informes jurídicos -que aún no han llegado- para determinar cuál debe ser el siguiente paso del concurso, entre ellos la nueva fecha del examen escrito, días atrás, en declaraciones para EXPRESO, el presidente de la entidad, Andrés Fantoni, señaló que el proceso se encuentra atravesando “inconvenientes” en un momento clave, especialmente por estar cerca de culminar.
“Es necesario una correcta conformación de la comisión para la fase de oposición, conforme la metodología planteada y absuelta en las consultas anteriores. El CPCCS se encuentra trabajando para reactivar la fase de oposición, específicamente en los temas logísticos que se tuvieron que cancelar a última hora por efectos de la medida cautelar”, comentó.
No obstante, los postulantes no comparten el mismo optimismo. Daniel González, experto electoral, señala que la última novedad del concurso fue la suspensión del examen escrito tras la presentación y posterior desistimiento de la acción de protección en contra del proceso, pero que todo lo demás sigue siendo un misterio.
“El CPCCS tiene detenido este y otros procesos. Lamentablemente, es una entidad que viene arrastrando problemas y cuya actual administración tampoco ha dado resultados ni cumple con sus propios parámetros”, comenta, y dice sospechar que tal vez la entidad esté a la espera del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre.
Ante la posibilidad de que la renovación parcial del CNE sufra otro retraso, González hace hincapié en que las actuaciones del CPCCS ya deberían ser fiscalizadas: “Ojalá la Contraloría General del Estado haga algún examen y determine responsabilidades por esto. Toda autoridad tiene responsabilidad por acción u omisión”.
Mientras el CPCCS intenta resolver estos líos internos del concurso en lo que resta del 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza otro proceso electoral, el referéndum y consulta popular, en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre su legitimidad para continuar en el cargo.
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