Agresión a periodistas en terminal: Denuncian restricción a la libertad de expresión

La agresión con toletes, que guardias privados cometieron sobre periodistas el pasado martes 9 de diciembre, afuera de la terminal terrestre de Guayaquil, podría ser un delito de restricción a la libertad de expresión.

Así lo cree la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), cuyo director, César Ricaurte, presentó este viernes 12 de diciembre una notitia criminis ante la Fiscalía, en Quito.

Este recurso, que se traduce como "noticia del crimen", busca que las autoridades investiguen el supuesto cometimiento de un delito, en base a un hecho.

Se trata de los golpes, con toletes, que un grupo de guardias propinó a reporteros y camarógrafos que cubrían un incendio en el patio de comidas de la terminal.

Los custodios amenazaron a los periodistas e intentaron impedir que cubran la emergencia. Quedó registrado en video cómo los golpearon, provocándoles heridas.

Esto llevó a que el alcalde Aquiles Álvarez anulara unilateralmente el contrato con la empresa Forsemax, que había sido suscrito en agosto del 2025.

Crear un precedente por coartar la libertad de expresión

"Eso es lo que estamos pidiendo a Fiscalía, que no se castigue esto como una contravención menor sino que realmente sea considerado un delito", mencionó Ricaurte, en declaraciones a periodistas.

Para el titular de Fundamedios, se debe determinar "quién dio la orden" para que los guardias agredieran a los comunicadores. 

La organización busca que "se dé un mensaje claro al país: de que no se va a permitir más impunidad en los crímenes contra periodistas, es lo que buscamos, que no exista más impunidad cuando se agrede, se golpea, se comete cualquier delito en contra de un periodista", insistió Ricaurte.

Fundamedios aspira que se sancione, por primera vez, con el artículo 183 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de prisión, de seis meses a dos años, para "la persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión". 

"Nunca antes se lo ha aplicado y creemos que es hora de que se dé un mensaje claro al país", insistió Ricaurte.

Aquiles Álvarez vuelve a cuestionar al Sercop

Este  incidente abrió otro frente entre el Municipio de Guayaquil y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

La entidad del Gobierno Nacional aseguró, en un comunicado emitido el 9 de diciembre, que la empresa Forsemax no constaba en el catálogo de compañías que podían contratarse para el servicio de seguridad y vigilancia privada.

Eso fue rechazado por Álvarez, quien explicó que la compañía sí estaba en el catálogo, al momento de su contratación.

Incluso, volvió a atacar al titular del Sercop, Julio Neira, de quien dijo que "ya la gente no le cree".

En su cuenta de la red social X, el alcalde mostró este viernes un comunicado de Forsemax, en el que la empresa también dice que su participación en el catálogo electrónico "siempre ha estado respaldada por documentación verificable y procesos transparentes".

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