¿Ya despidió Mario Godoy a Stalin Raza?

Si alguna deficiencia había en la solicitud de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura; si las acusaciones dejaron más de un cabo suelto y omitieron cuestiones importantes; si los proponentes olvidaron incluir, por ejemplo, casos claros de incumplimiento de funciones, como la clamorosa negligencia que implica la falta de un concurso para elegir jueces de la Corte Nacional, que amenaza con conducir al tribunal de justicia más alto del país a su práctica evaporación… En suma: si el juicio político contra Mario Godoy está muy mal llevado, como dicen sus críticos, ya nada de eso importa: ahí está el doctor Stalin Raza, abogado de Mario Godoy, para compensar con creces todos esos defectos.

Improbable “defensor técnico” en un proceso que excluye esa figura, Raza no sólo no tiene nada que hacer aquí sino que lo hace mal. Pésimo. El viernes, ante el testigo más importante del juicio político, condujo el que probablemente sea el interrogatorio más torpe que se haya visto nunca en este recinto parlamentario (lo cual es mucho decir): mientras más canchero y condescendiente pretendía mostrarse (“sí sí sí”, “claro claro claro”), más se hundía. Su fracaso estrepitoso marca un antes y un después en este proceso.

El testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano estaba llamado a ser el corazón del juicio político: en él se basa todo el caso. Serrano fue, primero, presionado por la Judicatura para fallar a favor de un narcotraficante; después, abandonado a su suerte por ese organismo cuando el mismo mafioso lo amenazó de muerte; hoy está refugiado fuera del país para salvar su vida sin que nadie haya movido un dedo por garantizar su seguridad. Todo lo cual justifica la defensa con coartadas propias de un juicio penal y con formalismos técnicos y procedimentales. Interrogado por Raza, Serrano hizo algo más que responder con soltura todas sus (por lo general capciosas) preguntas: lo desnudó. Y, con una autoridad moral de la que carecen defensor y defendido, echó abajo el entramado de tramitología y leguleyadas sobre las que éstos han edificado su teoría del caso.

Nada de esto, claro, afecta la composición política de la Comisión de Fiscalización, integrada por una amplia mayoría oficialista, ni del Pleno, donde los votos de los asambleístas de gobierno son indispensables para censurar y destituir a Godoy. El resultado del juicio no depende de cuán convincente haya sido el juez Serrano o qué tan vergonzosamente se arrastró Stalin Raza por el fango de la humillación: depende, como siempre, de los votos. Pero hay algo fundamental que sí cambió después de ese interrogatorio: ahora los asambleístas del oficialismo que opten por salvar a Godoy (y la abstención es una manera de hacerlo) lo harán a sabiendas de que los formalismos técnicos que usarán como pretexto ya fueron aparatosamente desacreditados. Ninguna leguleyada les bastará para ocultar la profunda inmoralidad de su postura.

Serrano dice que fue amenazado y dejado al pie de los caballos 

Ya el testimonio del juez Serrano (a pesar de lo que tuiteó algún resbaloso jurista) había sido contundente: en él quedaron establecidas algunas premisas de las que le será difícil deslindarse al tinterillo a cargo de la defensa. A saber: que si Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha, lo presionó para que declarara inocente a Jezdimir Srdan (narcotraficante sentenciado, juzgado ahora por lavado de activos), lo hizo prevalido de su cargo y de su autoridad. La presión, por tanto, no provino de una persona cualquiera, sino de un organismo jerarquizado presidido por Godoy, que fue quien nombró a Gaibor y se abstuvo de sancionarlo después de denunciado el caso, y cuyo trabajo consiste, precisamente, en “controlar que no haya presiones porque tiene que velar por la independencia judicial”.

En segundo lugar, que esto no es un hecho aislado: en ese organismo jerarquizado que preside Godoy “no hay un ambiente de libertad”, dijo Serrano, y se refería a los jueces, cuya misión exige libertad absoluta. “No puedo decir más porque involucraría a otras víctimas que no sé si están dispuestas a hablar”.

Tercero: que de la seguridad de los jueces que integran la unidad anticorrupción se encarga directamente el Consejo de la Judicatura. Así lo establece la sentencia de la Corte Constitucional en la que se sientan las bases para la conformación de esa unidad judicial. A Serrano, sin embargo, luego de haber sido amenazado de muerte por un narco, luego de que un cochebomba estalló a pocos metros de su oficina, luego de que un informe de inteligencia policial certificó que su nivel de riesgo había aumentado en dos puntos, se lo privó de sus guardaespaldas. Y cuando solicitó su restitución, el pedido se perdió en una selva de papeles, sometida a un laberinto de trámites interinstitucionales. Godoy ni siquiera le otorgó el beneficio del trabajo a distancia: sólo le autorizo “modalidad híbrida”: 62 por ciento, presencial; 38 por ciento, teletrabajo. Ante semejante desamparo, Serrano abandonó el país.

En resumen: el testimonio de Serrano sirvió para reestablecer en el lugar que le corresponde aquel concepto central en la institución del juicio político que la presidencia de la Comisión de Fiscalización ha sido incapaz de comprender desde el primer día: el concepto de responsabilidad política. A la hora de lo que Stalin Raza llama “el contrainterrogatorio” (no se explica el porqué de tan absurdo prefijo: “contra”, como si el abogado hubiera sido interrogado primero) todos sus esfuerzos van encaminados a desvirtuar el valor de ese concepto: la triste obviedad de establecer que no fue Godoy quien presionó directamente a Serrano; el torpe intento de sugerir que los gestos públicos de amenaza que Srdan dirigió al juez en plena audiencia bien pudieron significar, quizá, quién sabe, alguna otra cosa; y lo que es quizá peor: la absoluta naturalidad con la que el abogado pretende establecer que el orden tramitológico de las cosas es una fatalidad que se sitúa por encima de la vida y de la muerte.

Un abogado con poca utilidad

¿Quiere guardaespaldas? Hay que cumplir un trámite. ¿Necesita un tratamiento especial? Hace falta consignarlo en un reglamento. ¿Está apurado? Estas cosas demoran: ninguna formalidad puede ser omitida. Siempre existe la posibilidad de que, en la espera, mientras la solicitud va de una oficina a otra, juntando sellos y firmas, la mafia cumpla su amenaza y al juez Carlos Serrano le peguen un tiro en la cabeza. De eso no responden Stalin Raza. A él le basta con tener los documentos en orden.

A Serrano le quitaron los dos guardaespaldas que tenía el 2 de diciembre de 2025. Al día siguiente escribió a la Judicatura pidiendo su restitución. Para el 15 de enero, cuando finalmente abandonó el país, el trámite dormía en algún escritorio. Raza pregunta: esos dos guardaespaldas que tenía usted antes, ¿cuánto tiempo tardaron en otorgárselos? ¿Dos meses? Ah, perfecto. “¡En ese entonces no teníamos causas, estábamos recién ingresando (a la unidad anticorrupción), no había peligro!”: Serrano no está dispuesto a conceder un centímetro de ventaja al abogado.

El interrogatorio que más ayudó a los interperlantes

“¿En qué oficina dice que se perdió ese trámite?”, insiste Raza, buscando un resquicio para desestimar la responsabilidad de Godoy.

-¿Y qué quería que haga el Consejo de la Judicatura mientras tanto? 

-Autorizar el 100 por ciento de teletrabajo; contratar una guardianía privada (lo ha hecho en otros casos); comprar un carro blindado… ¡Al menos tomar contacto conmigo!

-El trámite está activado -zanja Raza como si el tal trámite fuera más importante que la vida de Serrano.

-¿Trámite? No estoy pidiendo que llenen la tinta de mi impresora -responde el juez, y la sala estalla en aplausos que, por primera vez desde que comenzó el juicio, Ferdinan Álvarez, avergonzado, no se atrevió a reprimir.

Otro momento del interrogatorio:

-Los jueces anticorrupción -dice Raza- requieren un trato especial. Para eso se necesita un reglamento, ¿verdad? -por momentos parecería que su incapacidad para entender el mundo de la vida por fuera de las formalidades legales es sincera, y que desde esa deformación profesional apela al abogado que habita en Serrano para que lo secunde.

-Para eso se necesita voluntad, doctor -responde el juez, que es hombre antes que abogado-. ¿Cuántas escoltas tienen los directores del Consejo de la Judicatura? Y ellos ¿están en peligro? ¿Llevan causas? ¿En cuántos vehículos blindados se mueven?

-No sé nada de vehículos- se sorprende Raza, como si tales fruslerías lo rebajaran de las cimas del Derecho en las que acostumbra moverse.

Jueces desprotegidos y funcionarios mimados

A lo mejor debiera averiguarlo. Es significativo que Mario Godoy, que a todo esto permanecía fingiendo una concentración imposible en quién sabe qué lectura, como si se encontrara más allá del bien y del mal, no decidiera intervenir para aclarar el número de vehículos blindados y guardaespaldas que ha otorgado a sus directores, incluidos los acusados de corrupción y abuso sexual. Seguramente no lo hizo porque sabe que esos directores reciben un mejor trato que los jueces.

Así fue el interrogatorio del viernes. Con un mínimo de sensibilidad y sentido común, cualquiera puede reconocer que el corazón argumental de la defensa se derrumbó. ¿Seguirá el abogado Stalin Raza pretendiendo que le entreguen documentos para demostrar la responsabilidad política del presidente de un Consejo de la Judicatura corrupto, en el que los jueces honestos huyen del país mientras los funcionarios de confianza los presionan para que fallen a favor de un narcotraficante acusado de lavado de activos? 11 millones de dólares estaban en juego en ese juicio. 11 millones que habrían sido devueltos a Srdan si Serrano hacía lo que Gaibor le exigía. 11 millones… ¿entre cuántos? Pero eso es un asunto para la justicia ordinaria. Si hubiera un fiscal de verdad, empezaría por ahí.

• TESTIMONIO- Tras varios intentos fallidos, el juez Carlos Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización por el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy.

• COMISIÓN. Durante el juicio político contra Mario Godoy, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, han tenido cruces.

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