Después de conocer el estado de quiebra en que el gobierno anterior dejó las finanzas del país, Daniel Noboa debe conseguir $ 2.800´000.000 (dos mil ochocientos millones de dólares) para pagar sueldos y cumplir con proveedores.

Si el acuerdo con RC5 y PSC funciona como está previsto y el proyecto económico urgente es aprobado por la Asamblea, tendrá resultados inmediatos únicamente en la recaudación del 3% anticipado de los ingresos mensuales.

Se ha vuelto una costumbre que cada gobierno que inicia funciones le meta mano al bolsillo de los ecuatorianos para cubrir el hueco que hereda del gobierno anterior. ¿Es legítimo que los ciudadanos tengamos que pagar el permanente engorde de un estado ineficiente que no satisface las más básicas necesidades en materia de salud, seguridad y educación? No, no lo es.

(Le invitamos a leer: Gobierno de Daniel Noboa: "Recibimos un país en una grave situación económica")

En esta ocasión el paquete no ha sido paquetazo y trae beneficios que, de aprobarse, sus resultados empezarán a verse al mediano plazo, especialmente en la creación de empleos. También el presidente Noboa ha dado señales de querer eliminar organismos improductivos.

Decidió liquidar EMCO y ha hecho bien. Mantener una empresa cuya única función es ser dueña de otras empresas que en algunos casos tampoco deberían estar en manos estatales, es un desperdicio que incluso se presta para actos de corrupción. De hecho, así sucedió en el gobierno anterior.

Ya es hora de dejar de pedirnos sacrificios y empezar a recortar el exceso de grasa estatal y, cuando digo recortar la grasa, no me refiero a aquellos funcionarios que son necesarios para atender las necesidades de todo un país.

(También, puede encontrar: Noboa envía a la Asamblea su reforma tributaria que busca $ 832 millones para 2024)

Los médicos, enfermeros, policías, profesores, Fuerzas Armadas son imprescindibles. Los servidores que nos atienden en obras públicas, seguridad social, SRI, aduanas, etc. son necesarios. Incluso aquellos que nos hacen la vida insoportable en el Registro Civil o IESS son funcionarios que deben hacer su trabajo para que el país funcione.

¿Cuántos empleados públicos hay en Ecuador? Es un misterio. No hay cifras oficiales confiables, pero podríamos calcular que hay alrededor de 500.000 (Quinientos mil) sin contar Fuerzas Armadas que tiene aproximadamente 190.000 miembros, según el sitio Globalfirepower.

Hay cerca de 150.000 (ciento cincuenta mil) profesores fiscales, según el Ministerio de Educación. El IESS tiene alrededor de 40.000 empleados, según la propia entidad. Tenemos 70.000 (setenta mil) policías y 40.000 (cuarenta mil) médicos en el sector público.

(Puede encontrar: Diego Oviedo Polo: Familiares del abogado y profesor solicitan ayuda)

Algunos preguntarán: ¿Entonces, ¿dónde y cómo se recorta? Veo solo tres posibilidades: Reducir el personal administrativo que haya ingresado políticamente, lo que no es muy difícil detectar; habría que despedir a todos aquellos que ingresaron en los últimos diez años y que no tienen nombramiento definitivo.

Sin embargo, esta medida podría resultar injusta porque seguramente hay excelentes funcionarios que ingresaron por sus méritos y cumplen a cabalidad con su servicio.

Otra opción podría ser suprimir los contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Con esos recursos podemos contratar funcionarios en áreas que sí necesitamos. ¿Queremos más atención médica? Contratemos más profesionales de la salud. ¿Queremos más seguridad? Capacitemos a más policías. ¿Queremos educar mejor a los niños? Contratemos más profesores.

(Le invitamos a leer: “No voy a permitir que me vean la cara de idiota”, lanza Álvarez a funcionarios)

Una tercera opción, que, según mi criterio, daría mejores resultados, es la eliminación de un sinnúmero de empresas, institutos, secretarías, corporaciones que no tienen razón de existir y cuyas funciones podrían ser absorbidas por ministerios u otras instituciones. Aquí algunos ejemplos:

Secretaría técnica del plan Toda una Vida. Sus funciones pueden pasar al Ministerio de Inclusión Social.

Secretaría técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Irregulares. Sus funciones deberían pasar a las gobernaciones.

Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos. Los conflictos de límites internos deben ser resueltos por el Ministerio del Interior.

(Le invitamos a leer: Palencia confirma cambios en la Policía, los servicios de inteligencia y cárceles)

Secretaría Nacional de Planificación, el “sumun” del centralismo. Simplemente debe desaparecer. La planificación debe realizarla cada organismo.

Agencia de Control y Regulación Postal. No sé para qué existe si Ecuador ni siquiera tiene servicio postal público.

Unidad de Registro Social. Innecesario, para eso está el INEC.

Consejo Nacional para la igualdad de Género. Sus funciones deben ser asumidas por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Consejo Nacional de Movilidad Humana. Sus competencias pueden ser manejadas por Cancillería.

(Le invitamos a leer: El ‘Nuevo Ecuador’ de Daniel Noboa arranca sin definiciones puntuales)

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Cuando me enteré de su existencia pensé que era mentira, pero en serio existe este organismo y en él trabajan más de diez personas a las que les pagamos sueldos.

Consejo Nacional de Competencias. Organismo inútil en esta época.

A estas se pueden sumarse las impresentables empresas públicas de: Espacios Públicos, Desarrollo Estratégico, Entrenamiento de Alto Rendimiento, Fármacos, Importadora, o los institutos de Pre-inversión, de la Meritocracia, de Provisión de Alimentos, y un largo etcétera de secretarías y corporaciones absolutamente inservibles.

Esta es una buena oportunidad. El país lo agradecería.

¿Te gusta leer análisis en EXPRESO? ¡Suscríbete AQUÍ!