Formar mejor a los jueces, la clave del cambio en el sistema judicial

Error inexcusable, manifiesta negligencia, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, abandono del trabajo, vulneración de derechos, solicitar o recibir préstamos o favores han sido algunas de las causales por las que el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a 45 jueces, desde julio de 2024 hasta mayo de 2025. A estos se suman otros administradores de justicia que han sido sentenciados por cometer el delito de prevaricato.

Para varios ecuatorianos, estos actos no son extraños, son característicos del sistema judicial del país. Así lo expresa la ciudadana Carmen Andrade. Dice que “siempre hay un caso en donde uno lee o escucha que un juez fue condenado a prisión por alguna razón, por lo general por favorecer a alguien que no era inocente, lo ayuda porque la persona tiene influencia o le dio dinero; no sé si esto cambie, lo dudo, pero creo que algunos, como yo, ya no creemos en la justicia ecuatoriana”.

Casos de jueces sentenciados

En 2022, la exjueza de la Unidad Judicial Penal de Quito, Verónica Medina, fue destituida del cargo por una infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ella había declarado la nulidad del proceso judicial en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, y de su hijo, Jacobo Bucaram Pulley. Ellos eran investigados por el caso de presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas rápidas para la detección de covid-19.

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En cambio, en este año, la exjueza María Belén Domínguez fue condenada a prisión por tres años porque fue declarada autora directa del delito de tráfico de influencias al conceder una acción constitucional en favor de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, para que se mantuviera en funciones en medio del proceso de remoción que lo dejó fuera del cargo el 3 de junio de 2021. Sin embargo, la exmagistrada todavía puede presentar la casación como último recurso frente a su condena.

En cambio, otros han sido sentenciados por prevaricato, como es el caso de Ángel Lindao Vera, exjuez de La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas. Él ha recibido tres condenas: una por 28 meses de prisión, ya que liberó ilegalmente a una persona que cumplía condena por sicariato; 40 meses por un cobro de $50.000 para conocer una acción de protección para liberar bienes del narcotraficante Leandro Norero; y también 35 meses, más unas multas, por emitir fallos en beneficio de presos. Así como ellos, hay otros que han sido condenados por la justicia ecuatoriana por actos irregulares.

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¿Cómo erradicar la corrupción?

Pero todos estos problemas surgen en las aulas universitarias, opina Julio César Cueva, abogado, experto en Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Espíritu Santo (UEES). Es por eso por lo que manifiesta que es imperativo mejorar el nivel académico universitario porque la deficiencia se ve reflejada en las resoluciones judiciales. “De las universidades sale la materia prima de los que van a los concursos”.

Adicional a esto, Cueva manifiesta que los concursos de méritos y oposición deben ser más severos para que ellos dependan de su saber y no de un padrino político, ya que “están obligados a obedecer lo que la política les dicte; caso contrario, por su conocimiento no se mantendrían”. Además, expone que es necesario que durante toda la carrera judicial deberían ser evaluados constantemente para que el sistema sepa quiénes ya no están actualizados o no estén en condiciones de continuar.

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Otras sugerencias

Es por esto por lo que Mario Velázquez, abogado, especialista en Derecho Penal y exconjuez del Tribunal Contencioso Administrativo, dice que es mejor comenzar a formar a los futuros jueces. El jurista propone que, así como los médicos hacen la rural, los recién graduados deban pasar obligatoriamente un año de carrera en la función judicial, con el objetivo de que en ese tiempo se filtre a los mejores puntuados y se los prepare como funcionarios judiciales.

En ese tiempo, los juristas serían preparados intelectual y moralmente para que sepan cómo actuar bajo presiones. Este grupo de profesionales deberá empezar su carrera desde abajo, como asistentes o ayudantes; pero en el camino deberán ser evaluados y poco a poco sustituir a los que ahora están en funciones; pero ante el primer error quedarían fuera de la función judicial.

Por otro lado, Kleber Siguencia, constitucionalista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), señala que se debe incrementar los salarios de los jueces; de esta forma, no tendrían motivos para dejarse coimear, ya que algunos lo hacen “por necesidad, porque si fueran bien pagados, como en otros países, no caerían en la tentación de recibir sobornos”. Es por eso por lo que recomienda que sus sueldos sean de $10.000, “un valor razonable”.

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Penas fuertes para jueces corruptos

A juicio de la abogada Silvia Buendía, la impunidad genera que los jueces sepan que pueden hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia, es por lo que sostiene que, aunque no se puede prevenir el cometimiento de actos indebidos por parte de los administradores de justicia, sí es posible castigar estas conductas aplicando las normas que regulan estas inconductas.

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura debe investigar las vidas económicas de sus funcionarios, porque algunos tienen vidas ficticias que no obedecen a sus realidades profesionales, observa Velázquez. “Los jueces deben tener claro que se juegan su carrera por un error inexcusable”.

Es por esto por lo que el jurista Cueva sostiene que los jueces que prevariquen o cometan tráfico de influencia no solamente debiese establecerse la separación de su cargo, sino que también en los casos que son muy graves los delitos cometidos se dicte la imposibilidad de que ellos puedan ejercer la profesión de por vida. Así, considera, eso se convertirá en un desincentivo para quienes tratan de corromperse.

En todo caso, opina Siguencia, el Estado debe garantizar que, al cumplir su sanción, el profesional esté rehabilitado, sin que eso signifique que pueda volver a ocupar el cargo de juez, ya que perdió todo lo que representaba: la soberanía y honestidad.

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