La UAFE, entre el control financiero y el uso político

A partir de las reformas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tiene la facultad preventiva de congelar cuentas ante actividades sospechosas. Sin embargo, para expertos, al parecer la entidad ha cruzado la delgada línea que establece sus límites.

Durante las paralizaciones, varias personas naturales y jurídicas denunciaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas. Esto coincide con el periodo de movilizaciones y del paro nacional iniciado en septiembre. Esta facultad que tiene la UAFE, a criterio de Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), parecería que está siendo utilizada como una herramienta que responde más a los intereses políticos de turno, con el fin de debilitar a la oposición.

Y en esto estaría cayendo la UAFE, según Francisco López, constitucionalista y docente de la Universidad de las Américas, ya que “la máxima autoridad es nombrada por el presidente de la República, en un régimen en el cual los derechos no están siendo respetados por una mera visión política”. Por lo que la entidad no es un organismo técnico e independiente.

¿Qué recomiendan los expertos?

Por ello Héctor Vanegas, abogado experto en Justicia Penal y Derecho Penal Económico, y catedrático de la Universidad de Guayaquil, sostiene que las medidas de prevención deben realizarse a través de un proceso ordenado por una autoridad competente. Además de precautelar el ejercicio a la defensa.

Pero esto no solo se da por las reformas a la ley antes mencionada, expone López, sino también por lo que dicta la reciente Ley de Transparencia Social. Y ese es el problema, menciona Rivera: “Ahí están también los riesgos de cómo pueden pasar leyes sin una discusión democrática ni con los contrapesos necesarios para evaluar los riesgos de su uso político”.

A juicio de Martín Domínguez, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, esta facultad debería ser excepcional no una acción general. “Si nosotros tenemos, en este caso, un congelamiento de las cuentas bancarias, debemos entender que esta persona debe estar en algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía”, ya que esta debería pedir la medida cautelar.

Pedido de información 

EXPRESO solicitó información a la UAFE sobre cuántas cuentas han sido congeladas de manera preventiva y sus motivaciones. Pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

También se solicitó información al Consejo de la Judicatura; pero la entidad, mediante un comunicado dijo que no podía entregar la información. “el Consejo de la Judicatura no es un órgano que tenga la facultad de realizar algún tipo de verificación respecto de la información que se requiere, al ser estas de índose jurisdiccional. De tal manera, este órgano estatal no puede extralimitarse de las atribuciones que le dan la Constitución y la ley” (…).

Productos emitidos por la UAFE 

Sin embargo, los procesos judiciales no van de la mano con las investigaciones de inteligencia financiera. En2024, la UAFE remitió un 4 % más de Reportes de Operaciones Inusuales (ROII) a la Fiscalía General del Estado (FGE) con respecto a 2023; pero en ese año, esta entidad expidió 25 ROII. Según el informe de rendición de cuentas de la entidad, eso fue un 25 % más que el periodo de 2022. A pesar de eso, en 2024 solo ocho procesos fueron judicializados.

Y eso se da, afirma Vanegas, porque solo hay cinco unidades de la Fiscalía especializadas en esta materia y están en Quito, cuando la mayor cantidad de actividades sospechosas se dan en la Costa, en Esmeraldas, Manabí y Guayas. “Esta es una realidad que no está siendo combatida mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado”.

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