Consulta Popular 2025: Bases militares extranjeras dividen criterios en Ecuador

En pocos días, los 13’938.724 electores que han sido habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberán ir a las urnas. Entre las preguntas que la ciudadanía deberá responder está la derogación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país y de ceder bases militares nacionales. Sin embargo, ¿en qué va a mejorar la vida de los ecuatorianos si se levanta la negativa?

Para José Andrade, quien tiene 54 años y es chofer, de ganar el ‘Sí’, “ganaríamos un poco de seguridad”. Eso porque, a su criterio, “Estados Unidos, como es un país desarrollado que tiene tecnología”, podría luchar contra la delincuencia en el país.

Con él concuerda el inspector de mantenimiento Jorge Jugacho, de 36 años. “Antes de que entrara el gobierno de Rafael Correa ya teníamos una base de EE. UU. y ellos nos apoyaban en el tema del narcotráfico”.

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Pero eso debe ser temporal, puntualiza Jenny Díaz, de 35 años y especialista en marketing. Para ella, es importante que se establezcan tiempos y que estén solo durante el tiempo de gobernanza de un mandatario. “Tener bases militares permanentemente no creo que sea conveniente para ningún país”.

¿Qué opinan los expertos en seguridad?

Sin embargo, “es un cheque en blanco” lo que la ciudadanía firmaría el 16 de noviembre, considera Luis Altamirano, excomandante general del Ejército Ecuatoriano, porque “no hay claridad”, ya que el presidente Daniel Noboa no define en qué lugar se establecerían las bases militares extranjeras. En un inicio expresó que iban a estar en Baltra (Galápagos), luego Manta (Manabí) y hace poco dijo que el lugar sería Salinas.

Pero lo que sí está claro, menciona Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano, es que “una base militar no solucionará el conflicto armado interno y, luego de eso, desaparece el crimen organizado en el país. No es así”.

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¿Por qué no convendría?

Por otra parte, Altamirano expone que, tras un convenio firmado con EE. UU. en 2018, el promedio de horas de vuelo es de 1.848. “Este promedio es superior al de la Base de Manta”.

En esa época, el promedio de horas de vuelo sobre la jurisdicción ecuatoriana era de 1.200. Por otro lado, sostiene que el 70 % del promedio anual correspondía a misiones en la jurisdicción de Colombia. “Por eso teníamos, de forma permanente, un oficial de la Defensa Aérea de Colombia en la Base de Manta”, que en realidad era “un puesto de avanzada”.

Es por eso que el experto en seguridad Jean Paul Pinto manifiesta que, si una o varias bases militares extranjeras se instalan, lo que van a ayudar es a un mayor control y supervisión en temas de inteligencia para las acciones contra el narcotráfico y la migración ilegal, es decir, para los delitos que le interesan al Gobierno estadounidense. “Estas bases militares están hechas básicamente para combatir delitos transnacionales y tienen su propia agenda”.

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Para “el resto de los delitos no”, advierte Pinto. Estas bases, con personal extranjero, no combaten delitos locales como extorsiones, secuestros, robos y asaltos, sino que “si los norteamericanos vienen acá es porque tienen otros intereses en la región; les interesa monitorear Colombia, Venezuela”.

A eso, Altamirano le suma que en el país hay un bajo nivel institucional y falta de control político y de contrapeso, lo que podría representar un problema si al “presidente se le ocurre firmar un convenio por 99 años”. Comenta que el mecanismo que emplea Colombia es el de no ceder sus bases, ya que, de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional colombiana, en 2009, el ceder siete de sus bases militares -el expresidente Álvaro Uribe había firmado un acuerdo complementario de cooperación- podía generar una violación de su soberanía.

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¿Y si no se instalan estas bases militares extranjeras?

A pesar de ello, si no se instalan bases militares extranjeras, Pazmiño afirma que el crimen organizado tendría mayor posibilidad de ampliar sus acciones en el territorio ecuatoriano. Eso, porque “no tenemos los recursos ni la capacidad ni la tecnología para hacer frente a este desbordamiento de microcarteles”.

Pero “no hay que mentir a la gente diciendo que van a venir tropas norteamericanas o de cualquier otro país a enfrentarse a bala con los carteles locales. Eso tampoco va a pasar”, afirma el experto en seguridad Pinto.

Es por lo que, para el excomandante del Ejército, es menester que el Gobierno cree una política pública de seguridad. Además, en el caso de aprobarse, considera que estas deben actuar en el límite de la ley ecuatoriana; pero “lo que estamos aprobando aquí es simplemente eliminar una prohibición” que reza en la Constitución.

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