Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sostiene que el proceso penal conocido como caso Triple A está marcado por presiones políticas y una investigación fiscal paupérrima que no ha logrado probar el delito base que sustenta la acusación. La entrevista con Ramiro García se realizó la tarde del 9 de febrero de 2026, un día antes de los allanamientos del caso Goleada. Sin embargo, ya cuestionaba este segundo proceso penal por presunto lavado de activos.

- Usted dice que no hay pruebas. ¿No hay pruebas de la participación del alcalde Aquiles Álvarez o del delito de comercialización ilegal de combustible que la Fiscalía impulsa en el caso Triple A?

No hay pruebas de la comisión de delito. No existe una sola prueba de venta ilícita de combustible.

- Pero el expediente dice que una estación de servicio en El Pangui (Zamora) vendió miles de galones a una sola camioneta.

A ver me pregunta si, ¿eso me parece extraño? Sí, extraño, pero no ilegal. Entonces la pregunta es: ¿por qué no investigaron a quién y para qué? ¿Por qué esa comercialización sería ilícita? Lo que ellos quieren es construir un caso y responsabilizar a una sola persona. Pero esa estación de servicio no es de Aquiles Álvarez, él no es su representante. La comercializadora no vende una gota de combustible a un beneficiario final. Le quieren responsabilizar a Aquiles Álvarez por lo que vende una estación de servicio.

- Hablemos de Copedesa. La Fiscalía dice que hubo despachos de Copedesa a la estación de servicio 2 de Noviembre por 33.300 galones y que la estación solo tiene un tanque de 10.000 galones.

Si hay una diferencia, esa es responsabilidad de la estación de servicio, porque la comercializadora (Copedesa) solo se encarga de la entrega. Lo que no dicen es que no fueron 33.300 galones en un solo viaje, sino durante dos semanas. Una estación, en 15 días, normalmente compra 45.000 galones. Si su tanque es de 10.000, significa que se está reponiendo constantemente.

- Este caso tiene informes de Petroecuador. Ahí se usa la palabra “despacho”. ¿A qué cree que se debe que no se detalle si fue en un solo viaje o de forma paulatina?

Quien despacha el combustible es Petroecuador, ante el pedido de la comercializadora, que a su vez responde a la solicitud de la estación de servicio. Si la estación pide 5.000 galones de diésel, la comercializadora pide exactamente 5.000 a Petroecuador, no 5.001. No es posible que Copedesa pida una sola gota  más de combustible del solicitado por la estación.

- Hay otro informe en el expediente que dice que Ternape vendió a un buque internacional 5 millones de galones, pero que solo recibió 3 millones de la comercializadora, por lo que habría 2 millones de diésel cuyo origen no se justifica.

Si ha habido una venta cuyo origen no se justifica, ¿dónde está primero la ilicitud? La Fiscalía se quedó en la primera fase de la investigación. Nunca completa una sola investigación, porque en un caso de comercialización ilícita de combustibles deberían estar procesados vendedores y compradores.

Una caso sin claridad, según el defensor

- ¿Entonces no es un delito de comercialización ilegal?

Lo único que la Fiscalía tiene es que la comercializadora le vendió a una estación de servicio y que esa gasolinera vendió a un solo cliente. ¿Pero qué pasa con el cliente? Nunca lo investigan.

- ¿Qué documentos entregaron de descargo?

En el caso de que la estación de servicio vendió grandes cantidades a un solo cliente, averiguamos y ¿sabe cuál era el tema? Esa estación tenía un convenio con el Ejército o la Policía, y el Ejército instruye que todos los despachos se registren a nombre de una sola persona.

- ¿No le parece eso raro?

Es lo común que usan las empresas para llevar una contabilidad ordenada.

- ¿Indudiesel existe?

Claro. Es una empresa legalmente constituida.

- La Fiscalía dice que no existe en la dirección registrada y presenta una pericia de Gabriel Velasco Alarcón que señala que la ubicación no corresponde a ese centro de distribución.

Están totalmente equivocados. Se hizo una nueva pericia y ahí se establece no solo la existencia jurídica, sino también la existencia física de la empresa. El problema es que fueron a otros lugares. Lo que puedo decir es que todas las pericias, todas, coinciden en que no existe delito. Mire la pericia societaria. Mire los montos, las conclusiones: no hay delito.

Los permisos de operación de las comercializadoras de Álvarez 

- La Fiscalía también cuestiona la forma en que se otorgaron autorizaciones por parte de la Agencia de Regulación. Por ejemplo, el caso de Franco Magallanes, que primero fue funcionario y luego accionista de una estación.

El mundo de la comercialización es muy pequeño, como el de la minería. Es normal que un funcionario público de un sector luego trabaje en ese mismo sector. Es normal que una persona cambie de trabajo en el ámbito donde se ha desarrollado toda su vida.

- Incluso fue funcionario de la Alcaldía de Guayaquil...

¿En qué parte es raro que un funcionario, que luego ha sido empleado, sea llevado a trabajar? ¿Es raro que a una persona que usted conoce como seria y eficiente la lleve a trabajar en el sector

 público? Usted me está hablando de temas netamente administrativos.

- Pero están en el expediente de investigación. Por eso la duda: ¿Estos permisos pueden configurar el delito de comercialización ilegal de combustible?

No. Para nada. Han tratado de confundir todo y hacer una fanesca para justificar un delito que no han podido probar. “Que es raro que les hayan dado los permisos”, ¿qué tiene que ver eso con comercialización ilegal de combustibles? Nada. La Fiscalía no tiene nada. Es raro que hayan vendido a un solo cliente, pero en base a que algo es “raro” no se puede buscar una condena.

-¿Cómo están las otras investigaciones contra el alcalde? Hay una por lavado de activos. 

Es una ridiculez. Si no existe un delito fuente, ¿cómo puede existir lavado de activos? No han podido demostrar comercialización ilegal de combustibles, pero aun así hablan de lavado. Para eso ya le allanaron la casa al alcalde, la de sus hermanos, la de su madre y las oficinas. Además, el caso está a cargo de una fiscal con un informe de destitución por error inexcusable. Eso es lo que persiguen ahora contra el alcalde. Así como también han tratado también de establecer esta narrativa de que el alcalde Aquiles Álvarez ha diferir las audiencias. Es falso. Desde que yo estoy de abogado nunca hemos pedido un solo diferimiento

- Cómo incide este caso en el proyecto político? ¿Se podrá inscribir como candidato a la reelección?

Ellos querían hacerlo a toda velocidad, pensando que con el juicio del caso Triple A podrían bloquear la inscripción de candidaturas. Para que eso ocurra tendría que existir una sentencia incluso en casación en un plazo de tres meses, y eso es materialmente imposible. Solo para convocar a la audiencia —vaya uno a saber cuándo lo hagan— se van a tardar al menos un mes, porque estamos hablando de 22 procesados, 300 cuerpos procesales y 110 testigos.

¿Por qué afirma que en el caso Triple A hay interferencia política?

Ha habido una manipulación realmente grave que ahora se evidencia incluso en las propias declaraciones de Mario Godoy, quien ha señalado que él incide dentro del proceso. Ha llegado a decir que, si lo destituyen, es para garantizar la impunidad de los procesados. La pregunta es: ¿qué tiene que ver él con el caso Triple A, si el Consejo de la Judicatura no dicta sentencias?

Eso se explica por la presión que se ejerce sobre los jueces, y eso se evidencia con la denuncia del juez Carlos Serrano y con los audios del director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, presionando a los mismos jueces del caso Triple A, pero para que liberen a un narcotraficante.

- En la comparecencia del juez Carlos Serrano casi pasó desapercibido que dijo que tenía evidencia de que querían obligarlo a integrar el tribunal del caso Triple A. ¿Para usted esa es la evidencia de presiones?

Claro. No le aceptaban la renuncia para que integre el tribunal del caso Triple A, pero para que “se reivindique”, ya que no hizo caso de liberar al narcotraficante serbio. Es decir, querían que condene sin pruebas al alcalde de Guayaquil.

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