Organizaciones sociales se reactivan para frenar leyes antipopulares en Ecuador

Con proclamas como “¡Viva la lucha del magisterio!” y “¡Abajo las leyes antipopulares de Noboa!”, la Unión Nacional de Educadores (UNE), que en agosto cumplirá 81 años, protagonizó una manifestación hace una semana en Quito.

Andrés Quishpe, su presidente, admite que han sobrevivido a gobiernos autoritarios. Desde 2011, el Ministerio de Educación dejó de descontar del rol de pagos la cuota sindical de los profesores, y durante el correísmo se prohibió la paralización de clases. La UNE ya no tiene más de cien mil afiliados, sino 20.000, quienes autorizan el débito bancario del 1 % de un sueldo básico, es decir 4,70 dólares mensuales.

Gracias a esos aportes, la UNE cuenta con un equipo jurídico, de comunicación, convenios para estudios de maestrías y doctorados, y está tratando de saldar deudas por impuestos prediales y otros rubros acumulados tras perder su personería jurídica, también durante el correísmo. Con toda esa estructura, lograron incidir en la reforma al artículo 81 de la Losep (incluida en la Ley de Integridad Pública), que aumentaba de 60 a 65 años la edad para jubilarse con incentivo.

Su movilización, junto a la de otros sindicatos como el FUT, impulsó al Legislativo a incorporar ese ajuste en la Ley de Áreas Protegidas.

En la UNE, Andrés Quishpe se concentra en la dirigencia

Andrés Quishpe resalta ese logro (reforma a la ley). Dejó su trabajo como profesor contratado en la Escuela Simón Bolívar, en Quito, para concentrarse en la dirigencia, aunque los fines de semana da clases en modalidad semipresencial en la Universidad Central.  

El dirigente afirma que las organizaciones sociales deben mantenerse firmes para garantizar derechos. Cree que las amenazas a los gremios ocurren en toda la región y cita como ejemplo lo que sucede en Argentina, pues sostiene que el presidente Javier Milei ha intentado eliminar el derecho a la huelga.

Las organizaciones de la sociedad civil están asumiendo un rol frente a pérdida de derechos

Para la socióloga Natalia Sierra, hay una crisis profunda del sistema político institucional. Señala que los partidos y movimientos se han vuelto empresas electorales. Asegura que el Gobierno de Daniel Noboa controla casi todas las instancias del Estado, incluida la Asamblea. “Ya se criticó el manejo autoritario y desproporcionado de Rafael Correa, pero ahora esto se radicaliza”, advierte.

Sierra considera que la población está arrinconada por la violencia, el mal manejo de la justicia, la falta de acceso a la salud (pues los hospitales públicos están desmantelados), el desempleo y los problemas en el sistema educativo.  

Por eso considera que los gremios y grupos de la sociedad civil “son las organizaciones de la política más profunda de la sociedad, que han comenzado a exigir y a reclamar al Estado”.

Lo que dicen desde Inredh

En esa línea, Ingrid García, coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señala que el miércoles 16 de julio del 2025 acompañaron la movilización de la Federación Médica Ecuatoriana.  

“No hay medicamentos en los hospitales públicos. Es una crisis que lleva más de seis meses. Las organizaciones están despertando. Vemos que tratan de llamar la atención del Gobierno para abrir el diálogo y conseguir un cambio de rumbo en las políticas”, dice.

Los médicos piden ser escuchados por el presidente Daniel Noboa

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, asegura que han pedido diálogo desde hace tiempo. Considera que el Gobierno debería escuchar a los directamente afectados antes de aprobar leyes como la de Integridad Pública, contra la cual presentaron una demanda de inconstitucionalidad.  

“Los profesionales de la salud éramos los héroes de capa blanca y ahora nos llaman bandidos, criminales, vagos. Basta. Señor presidente y asambleístas, queremos conversar”, reclamó. Además, anunció que harán todos los plantones necesarios hasta ser escuchados.

¿Criminalización de la protesta social?

Ingrid García añade que Inredh lleva 60 casos relacionados con defensores de derechos criminalizados por proteger territorios, así como casos de perfilamiento racial a ciudadanos afroecuatorianos, a quienes se ha catalogado como sospechosos. También acompañan a pueblos y nacionalidades que rechazan la minería y exigen consulta previa, libre e informada.

El rol de los movimientos sociales en la democracia: Pedro Bermeo

Pedro Bermeo, del colectivo Yasunidos, manifiesta que “mientras más autoritario es un gobierno, hay menos procesos de participación, entendiéndola más allá de lo electoral”. Subraya que las organizaciones sociales, los movimientos feminista, ecologista y de derechos humanos, colectivos LGBTIQ+, entre otros, cumplen un rol fundamental en la democracia.

Añade que en el contexto actual, “con varios poderes del Estado controlados por una sola tendencia, es cada vez más difícil para las organizaciones sociales defender derechos”. Cita como ejemplo el caso de Las Naves, en Bolívar, donde asegura que hay represión y judicialización.

Bermeo recuerda que los Yasunidos ya fueron perseguidos por gobiernos anteriores. “Hubo un informe de la Senain con escuchas telefónicas. Este Gobierno aprobó una ley para hacer lo mismo. Seguimos con nuestras causas. Durante 10 años nos bloquearon la posibilidad de hacer la consulta popular sobre el Yasuní. Y cuando la ganamos, no se cumple, pese a que es de cumplimiento inmediato”.

La posición de los trabajadores

Finalmente, Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), advierte: “Es el momento de unirnos entre varias organizaciones para defender lo que tanto nos ha costado conquistar y enfrentar las leyes antipopulares”.

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