Aprobado segundo informe de Ley de Áreas Protegidas: estos son los cambios clave

La Comisión de Desarrollo Económico (controlada por ADN) aprobó este 8 de julio de 2025 el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, calificada como de carácter económico urgente por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín.

El nuevo texto propuesto por la mesa legislativa contempla al menos seis grandes cambios en relación con el informe para primer debate conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. En especial, con lo referente a la fuerza pública y la remisión de intereses, entre otros temas.

El informe para segundo debate de la mesa legislativa incluso añade una disposición reformatoria para "aclarar" las críticas alrededor de los cambios que la Ley de Integridad Pública hizo a la estabilidad laboral de los funcionarios públicos en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

La polémica alrededor de la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Uno de los principales cambios en el nuevo informe está relacionado con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), organismo que se pretende tenga autonomía administrativa y financiera para regir las áreas protegidas del país.

A diferencia del primer informe, que solo planteaba la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el nuevo documento de la comisión añade que su establecimiento deberá estar sujeto a un dictamen presupuestario favorable previo.

No obstante, este cambio en la creación de Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue eliminado del informe para segundo debate, ya que tanto la asambleísta Mishel Mancheno (ADN) como Valentina Centeno indicaron que "podría crear desinformación o confusión", ya que eso ya está regido en otras normas.

Se amplía los recursos que nutren a fideicomiso

Por otro lado, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas también modifica las fuentes de ingreso del fideicomiso propuesto para el mantenimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Según el nuevo documento, además de donaciones, préstamos y rendimientos de proyectos, el fideicomiso se podrá nutrir de otros ingresos que se generen en el marco de las actividades realizadas en la gestión de áreas protegidas y que estén permitidas por el derecho público, como tasas, tarifas y otros mecanismos legalmente establecidos.

Se regula la intervención de la fuerza pública en las áreas protegidas

Otro cambio en el informe para segundo debate está relacionado con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las áreas protegidas bajo el control del propuesto Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Respecto a la intervención de la fuerza pública, el nuevo documento señala que la misma debe responder al Plan Integral de Seguridad y protocolos que garanticen el estricto cumplimiento del numeral 20 del artículo 57 de la Constitución. Este numeral hace referencia a la limitación de las actividades militares en estos territorios.

No obstante, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas también establece una excepción: "(...) sin perjuicio de que, en caso de presencia de delincuencia organizada o grupos armados organizados en las áreas protegidas, se proceda con la intervención de las fuerzas con la finalidad de proteger la soberanía y población de esas áreas".

Se restringe más los posibles beneficiarios de la remisión de intereses

Una mayor restricción a los posibles beneficiarios de la remisión de de pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias con la Corporación Financiera Nacional (CFN) es parte de los cambios realizados.

El nuevo texto sostiene que las personas interesadas deberán presentar por escrito su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025 y hasta esa fecha deberán realizar un pago del 10% del capital adeudado. Por el resto del saldo de capital pendiente, se suscribirá un convenio de pago, por un plazo no mayor a 24 meses para deudas inferiores a dos millones de dólares y no mayor a 36 meses para deudas iguales o superiores a dos millones de dólares.

Sin embargo, el mayor cambio está en las restricciones para los posibles beneficiarios de esta nueva remisión de pago de intereses: "se prohíbe acceder esta remisión a las autoridades de elección popular en funciones, así como los servidores públicos que ocupen puestos de nivel jerárquico superior o sus familiares hasta cuatro grado de consanguineidad y segundo de afinidad, a las personas jurídicas de las cuales las citadas autoridades sean administradoras, representantes legales, socios o accionistas".

El informe plantea cambios para la Ley de Integridad Pública

De forma sorpresiva, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas incluyó una nueva disposición reformatoria para modificar uno de los cambios planteados por el Ejecutivo en la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada por la Asamblea.

La nueva disposición reformatoria cambia específicamente el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Pública (LOSEP), mismo que ya fue modificado en la Ley de Integridad Pública. El nuevo texto propuesto es que, referente a la estabilidad de los servidores públicos, se vuelva a plantear que el estímulo y compensación económica por jubilación sea a partir de los 60 años para los funcionarios de carrera que cumplan con el resto de requisitos contemplados en la ley.

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