Diario Expreso Ecuador

Aprobado segundo informe de Ley de Áreas Protegidas: estos son los cambios clave

ADN agregó una disposición reformatoria para corregir los cambios hechos a la LOSEP en la Ley de Integridad Pública

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, aseguró que el proyecto de ley protege los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, aseguró que el proyecto de ley protege los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Richard Josue Jimenez Mora

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La Comisi칩n de Desarrollo Econ칩mico (controlada por ADN) aprob칩 este 8 de julio de 2025 el informe para segundo debate del proyecto de Ley de 츼reas Protegidas, calificada como de car치cter econ칩mico urgente por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa Az칤n.

El nuevo texto propuesto por la mesa legislativa contempla al menos seis grandes cambios en relaci칩n con el informe para primer debate conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. En especial, con lo referente a la fuerza p칰blica y la remisi칩n de intereses, entre otros temas.

El informe para segundo debate de la mesa legislativa incluso a침ade una disposici칩n reformatoria para "aclarar" las cr칤ticas alrededor de los cambios que la Ley de Integridad P칰blica hizo a la estabilidad laboral de los funcionarios p칰blicos en la Ley Org치nica de Servicio P칰blico (LOSEP).

La polémica alrededor de la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Uno de los principales cambios en el nuevo informe est치 relacionado con la creaci칩n del Servicio Nacional de 츼reas Protegidas (SNAP), organismo que se pretende tenga autonom칤a administrativa y financiera para regir las 치reas protegidas del pa칤s.

A diferencia del primer informe, que solo planteaba la creaci칩n del Servicio Nacional de 츼reas Protegidas (SNAP), el nuevo documento de la comisi칩n a침ade que su establecimiento deber치 estar sujeto a un dictamen presupuestario favorable previo.

No obstante, este cambio en la creaci칩n de Servicio Nacional de 츼reas Protegidas (SNAP) fue eliminado del informe para segundo debate, ya que tanto la asamble칤sta Mishel Mancheno (ADN) como Valentina Centeno indicaron que "podr칤a crear desinformaci칩n o confusi칩n", ya que eso ya est치 regido en otras normas.

Se amplía los recursos que nutren a fideicomiso

Por otro lado, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de 츼reas Protegidas tambi칠n modifica las fuentes de ingreso del fideicomiso propuesto para el mantenimiento del Servicio Nacional de 츼reas Protegidas (SNAP).

Seg칰n el nuevo documento, adem치s de donaciones, pr칠stamos y rendimientos de proyectos, el fideicomiso se podr치 nutrir de otros ingresos que se generen en el marco de las actividades realizadas en la gesti칩n de 치reas protegidas y que est칠n permitidas por el derecho p칰blico, como tasas, tarifas y otros mecanismos legalmente establecidos.

Daniel Noboa es el proponente de la Ley de Áreas Protegidas.

Daniel Noboa es el proponente de la Ley de Áreas Protegidas.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Se regula la intervención de la fuerza pública en las áreas protegidas

Otro cambio en el informe para segundo debate est치 relacionado con la intervenci칩n de la Polic칤a Nacional y las Fuerzas Armadas en las 치reas protegidas bajo el control del propuesto Servicio Nacional de 츼reas Protegidas (SNAP).

Respecto a la intervenci칩n de la fuerza p칰blica, el nuevo documento se침ala que la misma debe responder al Plan Integral de Seguridad y protocolos que garanticen el estricto cumplimiento del numeral 20 del art칤culo 57 de la Constituci칩n. Este numeral hace referencia a la limitaci칩n de las actividades militares en estos territorios.

No obstante, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de 츼reas Protegidas tambi칠n establece una excepci칩n: "(...) sin perjuicio de que, en caso de presencia de delincuencia organizada o grupos armados organizados en las 치reas protegidas, se proceda con la intervenci칩n de las fuerzas con la finalidad de proteger la soberan칤a y poblaci칩n de esas 치reas".

Se restringe más los posibles beneficiarios de la remisión de intereses

Una mayor restricci칩n a los posibles beneficiarios de la remisi칩n de de pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias con la Corporaci칩n Financiera Nacional (CFN) es parte de los cambios realizados.

El nuevo texto sostiene que las personas interesadas deber치n presentar por escrito su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025 y hasta esa fecha deber치n realizar un pago del 10% del capital adeudado. Por el resto del saldo de capital pendiente, se suscribir치 un convenio de pago, por un plazo no mayor a 24 meses para deudas inferiores a dos millones de d칩lares y no mayor a 36 meses para deudas iguales o superiores a dos millones de d칩lares.

Sin embargo, el mayor cambio est치 en las restricciones para los posibles beneficiarios de esta nueva remisi칩n de pago de intereses: "se proh칤be acceder esta remisi칩n a las autoridades de elecci칩n popular en funciones, as칤 como los servidores p칰blicos que ocupen puestos de nivel jer치rquico superior o sus familiares hasta cuatro grado de consanguineidad y segundo de afinidad, a las personas jur칤dicas de las cuales las citadas autoridades sean administradoras, representantes legales, socios o accionistas".

El informe plantea cambios para la Ley de Integridad Pública

De forma sorpresiva, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de 츼reas Protegidas incluy칩 una nueva disposici칩n reformatoria para modificar uno de los cambios planteados por el Ejecutivo en la Ley de Integridad P칰blica, recientemente aprobada por la Asamblea.

La nueva disposici칩n reformatoria cambia espec칤ficamente el art칤culo 81 de la Ley Org치nica de Servicio P칰blica (LOSEP), mismo que ya fue modificado en la Ley de Integridad P칰blica. El nuevo texto propuesto es que, referente a la estabilidad de los servidores p칰blicos, se vuelva a plantear que el est칤mulo y compensaci칩n econ칩mica por jubilaci칩n sea a partir de los 60 a침os para los funcionarios de carrera que cumplan con el resto de requisitos contemplados en la ley.

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